Llegó la "limpieza" bancaria

| 12/7/2000 12:00:00 AM

Llegó la "limpieza" bancaria

La administración de cartera y la venta de inmuebles de la banca oficial pueden ser una de las mejores oportunidades de negocio en el 2001.

En silencio y bajo la sombra de las grandes capitalizaciones ha permanecido un negocio que se desarrolló en el 2000 y que posiblemente será uno de los más importantes del sector financiero en el 2001: la movilización de los activos de la banca oficial.

Este procedimiento es tradicionalmente la última fase de las crisis bancarias en el mundo y corresponde a la tarea que deben cumplir los estados para deshacerse de los paquetes de cartera vencida y las daciones en pago que han adquirido al apoyar con capital a la banca debilitada, sea esta privada o pública. El objetivo final es normalizar los bienes y venderlos para recuperar el máximo posible de dinero y reducir así el costo fiscal de la crisis.



A menor escala, algo similar han venido haciendo las entidades privadas desde el año pasado, cuando varias de ellas pusieron aparte sus activos improductivos --en la banca comercial privada, esos activos superan el medio billón-- y se concentraron en recuperarlos. Hasta el momento, los resultados de ese proceso han sido buenos, teniendo en cuenta que el 2000 no les ofreció el entorno económico más favorable. El Banco Superior, por ejemplo, cuyos dos patrimonios autónomos se componen casi en su totalidad de cartera, reporta haber recuperado $28.000 millones este año, es decir, el 95% de la meta fijada. Por su parte, Megabanco informa que ha recuperado $102.000 millones, casi la totalidad de su meta, y que espera vender otros $14.000 millones en lo que queda del año. Igual satisfacción con las recuperaciones dicen tener Colpatria y Caja Social, entre otras. Pero la mayoría de lo recuperado es cartera. Los bienes inmuebles siguen siendo de difícil disposición, en especial los grandes lotes y las fincas.



Por su parte, los activos provenientes de la banca pública, que se estima corresponden a $3,4 billones en cartera y $300.000 millones representados en 6.400 inmuebles devueltos como dación, habían permanecido hasta ahora inmóviles. La situación no podía prolongarse más tiempo, porque mantenerlos en las entidades acrecentaba sus pérdidas.



Además, el gobierno había hecho pública su esperanza de movilizar esos activos para recuperar parte del dinero invertido en la banca. De hecho, hoy sostiene que espera recibir cerca de $900.000 millones por ellos, con lo que el costo fiscal de la crisis se reduciría a $5 billones.



Para movilizar el alto volumen de activos, otros países con crisis similares desarrollaron agencias especializadas en su normalización y venta. En Colombia, se optó por crear una de ellas mediante la compra en septiembre pasado de Central de Inversiones S.A. (CISA) a Central de Seguros (de propiedad del marchitado BCH). Su ejercicio se consolidó hace tres semanas con la adquisición de $534.000 millones en activos provenientes del saneamiento de Bancafé (se le pagó el 50%; la cantidad restante se le entregará al lograr recuperaciones) y, luego, con $260.000 millones en activos del BCH. En el futuro esta agencia concentrará todos los improductivos de la banca pública, es decir, los $3,4 billones de cartera y los $300.000 millones de inmuebles, que equivalen al 4,7% de los activos del sistema financiero total. Esta cifra es a simple vista considerable, pero resulta baja comparada con los porcentajes de activos que otros países han movilizado a sus propias recuperadoras: Estados Unidos, el 8%; México, el 17%, y Filipinas, el 22%.



La labor de la nueva agencia consiste en normalizar los activos adquiridos (además de los que en el futuro le compre a BanEstado y a Granahorrar) y venderlos a operadores para que los administren o comercialicen. La recuperadora ganará en la medida en que los adquiera por una cifra equivalente al 20% o 30% de su valor real y los venda ya normalizados a su cotización de mercado. Lo obtenido será contabilizado por el gobierno como una recuperación y le permitirá a CISA seguir operando. Sin embargo, en el largo plazo los activos tienden a perder valor y el precio de venta termina siendo inferior al inicialmente esperado. Por eso, la expectativa estatal es la obtención de $900.000 millones, de los $3,7 billones del valor en libros de los activos. Hasta ahora ha gastado $500.000 en comprarlos (una cifra similar invertirá en los que falta reunir) y normalizarlos puede costarle unos $50.000 millones. El beneficio en el largo plazo no proviene de esta reventa como tal, sino de la obtención de un dinero que de otra forma se hubiera perdido del todo.



Proceso difícil



La experiencia de otros países en este negocio ha sido variada, aunque la mayoría ha encarado cuatro problemas básicos. En principio, las agencias han enfrentado dificultades a la hora de negociar con los deudores porque estos interpretan el traspaso de su deuda a una recuperadora como una condonación y simplemente dejan de preocuparse por estar en mora. De otra parte, las agencias han recibido de las entidades créditos que no fueron otorgados bajo el más ortodoxo procedimiento financiero, sino que se generaron motivados en procesos fraudulentos o por criterios políticos. En consecuencia, su normalización se ha hecho imposible, bien porque los titulares de los préstamos no existen o porque han desaparecido. En Colombia, este problema es un riesgo, ya que una parte de los créditos otorgados por el BCH en los últimos 5 años fue cuestionada por los organismos de control que estudiaron el caso. Igual sucedió con algunos entregados por BanEstado, entidad que se espera venda sus improductivos a la recuperadora en el primer semestre de 2001.



Un tercer problema es el sistema legal. En algunos países africanos, como Ghana, la ausencia de un marco jurídico que comprendiera las operaciones necesarias para la disposición de estos activos ha demorado considerablemente el proceso. En Colombia, el problema no es en sí la ausencia de normatividad, sino la demora que imponen los procesos jurídicos en el sector público. Una contratación, por ejemplo, tarda meses, lo que resulta problemático en un negocio en el que el objetivo es vender lo más pronto posible para evitar una mayor pérdida de valor de los activos. Pero quizás el riesgo más serio es la politización del proceso de recuperación. En México, por ejemplo, los resultados no fueron inicialmente buenos (cuatro años después de empezado el proceso solo se había vendido el 0,5% de los activos) porque Fobaproa, por entonces la agencia estatal encargada de comercializarlos, era objeto de fuertes presiones políticas que le impedían renegociar las deudas.



Por todo lo anterior, un informe reciente del Banco Mundial sobre el desempeño de varias recuperadoras en el mundo concluye que el éxito depende de una mezcla entre independencia política, administración altamente profesional, claridad jurídica y transparencia en las operaciones. Además, dice que es fundamental que al momento de vender haya un entorno económico favorable.



Oportunidad para terceros



Parte del buen resultado que tenga este proceso depende, asimismo, de inversionistas nacionales o internacionales que le apuesten al negocio y compren paquetes de cartera normalizada o bienes inmuebles saneados. En primer lugar, la inversión es una buena oportunidad tanto para entidades financieras locales e internacionales que quieran aumentar su cartera, como para emprendedores nacionales que conformen nuevas empresas o que se asocien para manejar paquetes, pues se estima que la cartera se irá vendiendo en montos de $100 millones desde mediados de 2001. En segundo lugar, los empresarios pueden servir de operadores de las entidades internacionales que no cuentan con la fuerza de trabajo para manejar grandes carteras en el país.



Tanto para unos como para otros, más que un trabajo de cobranzas, se tratará de inventar mecanismos de recaudo y hacer la gestión para preservar la calidad de los activos.



En tercer lugar, el negocio de CISA puede ser una alternativa interesante para empresas que quieran participar en la normalización de grandes carteras o de bienes, en otras palabras, pueden convertirse en subcontratistas para el proceso de saneamiento de los activos. En cuanto a los inmuebles, la agencia también buscará particulares que colaboren en su venta.



Pero convencer a los inversionistas locales es tarea dura. "Los extranjeros que operan este tipo de negocios en el mundo nos entienden bien y les interesa. A los locales es necesario presentarles y explicarles muy bien en qué consiste porque se tiene la idea de que los activos que llegan acá están en malas condiciones y que se van a vender así, lo cual no es cierto", dice Jaime de Gamboa, gerente de CISA. Por eso, el próximo año su tarea prioritaria será visitar los clientes potenciales y proponerles el negocio. La idea es conseguir inversionistas lo más pronto posible, porque la subsistencia misma de CISA depende de lo que recupere. La expectativa de recuperación para el 2005 es del 70%.



De todas formas, el próximo año será crucial. La movilización de los activos de la banca pública y de lo que queda en la banca privada constituye un factor decisivo para consolidar la recuperación del sistema financiero. Estos recursos nuevos contribuirán a la recapitalización del sistema y al retorno de la confianza local e internacional.



Así se reabrirán las puertas para que fluya nuevamente el crédito al sector privado y se impulse el crecimiento de la economía.



El problema hoy

Los activos improductivos de la banca pública valen $3,7 billones.



CISA, la recién creada agencia recuperadora estatal, compró la mitad de ellos en $500.000 millones.



La tarea



La agencia debe invertir en la normalización de los activos, es decir, de la cartera vencida y los bienes recibidos en pago, para después venderlos al sector privado.



La oportunidad



En el 2001, CISA buscará particulares interesados en normalizar activos, así como inversionistas que quieran comprar la cartera y los bienes ya saneados.
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