Llega Basilea II

| 3/8/2002 12:00:00 AM

Llega Basilea II

Las nuevas normas sobre manejo de riesgos en el sector financiero implican cambios de fondo. La filosofía es positiva, pero la aplicación tiene a los banqueros con los nervios de punta.

Patricia Correa está dejando su huella en el sector financiero colombiano. Por medio de una serie de normas sobre manejo de riesgos que comenzaron a ser expedidas desde el año anterior, la Superintendencia Bancaria (entidad dirigida por esta funcionaria) le está dando un vuelco al manejo del riesgo en los intermediarios financieros del país. Puesto que administrar riesgos es, precisamente, el corazón del negocio, este conjunto de normas equivale a cambiar las prácticas más básicas y tradicionales en los bancos, desde la forma como trabajan las juntas directivas hasta la concepción de la relación con los clientes y el diseño de los sistemas de información que soportan la operación.



El cambio ha recibido poca atención en el país, más allá del círculo de los afectados. Al contrario de lo que ocurrió en las fases más agudas de la crisis financiera, estas medidas no han sido objeto de grandes debates. Quizás esto se debe a que han aparecido gradualmente y a que sus efectos no se sienten en forma inmediata. Sin embargo, la controversia se acerca. Es prácticamente imposible que un banquero exprese sus críticas a la gestión de la Superintendencia Bancaria en forma abierta, pero muchos de ellos temen que la política que se está aplicando pronto empezará a causar problemas innecesarios. "Lo que está haciendo la Superintendencia es acelerar la aplicación en Colombia del nuevo acuerdo de Basilea, que se supone debe empezar a funcionar en 2005", dijo uno de ellos a Dinero. "Pero ese acuerdo apenas está en construcción y es atacado en los propios países desarrollados. De pronto, por acelerar un proceso, vamos a subirnos en un bus que va a tener que parar para reparación a los pocos metros".



Llega Basilea II



"El susto es entendible", afirma la Superintendente. "Los últimos años fueron muy difíciles por cuenta de la crisis y de una inestabilidad regulatoria. Los banqueros temen que el gobierno se aparezca con cambios innecesarios en las reglas de juego. Pero hay cambios de cambios. Si estos ayudan a restablecer en forma sostenible la confianza en la solidez de las instituciones financieras y en los organismos de supervisión, no solo son positivos: son necesarios".



¿En qué consiste el cambio y por qué se hace ahora, cuando el sector apenas comienza a dejar atrás los efectos de la crisis financiera? Una motivación central es aplicar una transformación de fondo a un sistema de supervisión bancaria que, en ocasiones, ha sido un factor de profundización de crisis financieras antes que un remedio. En términos técnicos, la supervisión ha sido procíclica. Cuando hay bonanza, es demasiado laxa y con su descuido contribuye a que avancen los excesos. Cuando vienen las vacas flacas, el supervisor se convierte en un estricto policía que impone restricciones asfixiantes justo cuando las entidades necesitan más oxígeno para recuperarse. Las provisiones por deudas malas son un buen ejemplo, pues normalmente las entidades son obligadas a constituirlas muy tarde, cuando ya están perdiendo sumas enormes de dinero. La necesidad de hacer provisiones en medio de una crisis lleva a muchas entidades a la insolvencia.



La respuesta que se quiere aplicar ahora pasa por una transformación en los papeles que asumen tanto el supervisor como el intermediario financiero. Este último recibe una gran autonomía para evaluar su propia situación de riesgo y tomar las medidas pertinentes, siempre y cuando adopte un enfoque y unas prácticas administrativas proactivas, que le permitan anticipar problemas. Por su lado, la Superintendencia pasa de limitarse a revisar resultados finales en balances cerrados, a señalar criterios y a acompañar entidades en sus procesos, verificando que los principios se apliquen en la práctica. Ya no se limita a hacer una lista de chequeo de requisitos, sino que tiene que involucrarse en un diálogo permanente con la entidad sobre sus prácticas organizacionales.



El marco conceptual para esta transformación es suministrado por el nuevo acuerdo de Basilea, que establece otros parámetros para la construcción de los capitales que las entidades financieras del mundo necesitan para asumir riesgos y define un nuevo proceso de supervisión.



En cuanto al manejo de riesgos de mercado (que, entre otras cosas, afecta los valores de los portafolios por medio de movimientos en precios claves como las tasas de cambio e interés a lo largo de la vida de los créditos), Basilea II impulsa la adopción de metodologías de valor en riesgo (ver Dinero No. 150), que permiten cuantificar las pérdidas máximas en que las entidades pueden incurrir en situaciones extremas. La idea es que los bancos le den una ponderación al riesgo que implican los distintos tipos de papeles en el portafolio y creen los capitales necesarios para soportar esos riesgos, sin poner en peligro los depósitos del público. Estas metodologías han tenido un uso creciente por parte de las entidades financieras desde la década anterior. En Colombia se ha introducido ya un esquema de supervisión que impulsa la adopción de este tipo de sistemas de manejo de riesgo de mercado, mediante el Decreto 1720 del año pasado y de la Circular 42 de la Superintendencia Bancaria.



Es en el riesgo de crédito, en el que incurren las entidades al prestar sus recursos a los diferentes clientes, donde Basilea II introduce las mayores innovaciones. El primer acuerdo de Basilea, de 1988, estableció que los bancos deben mantener un capital equivalente al 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero el criterio que se usa para esta ponderación es demasiado burdo, pues se limita a establecer unas categorías en las cuales caben activos muy diferentes. Por ejemplo, el préstamo de recursos a cualquier país mediante la compra de sus bonos soberanos recibe la misma ponderación de riesgo, independientemente de si se trata de Turquía o del Reino Unido.



Por otra parte, los bancos quedan encargados de desarrollar sus propios sistemas de evaluación de riesgo crediticio, los cuales solo necesitan ser aprobados por el supervisor para tener plena vigencia. La principal responsabilidad sobre la forma como se evalúa el riesgo crediticio recae sobre la propia entidad vigilada.



La Superintendencia Bancaria avanzó hacia la aplicación de este tipo de sistemas por medio de la Circular 50 de diciembre de 2001.



Las implicaciones



La filosofía no genera discusión, pero los problemas aparecen en los detalles. Hay una fuerte polémica en el mundo sobre los efectos indeseados en Basilea II. En el nuevo esquema, los bancos tendrán la posibilidad de adoptar un sistema estandarizado para determinar las ponderaciones de riesgo de sus créditos, o desarrollar su propio sistema interno. Sin embargo, hay problemas con los parámetros que se utilizan para calibrar esas ponderaciones. Un ejercicio estadístico reciente, en el cual participaron 138 bancos del mundo, arrojó como resultado que el modelo estandarizado implicaría la necesidad de hacer menores incrementos de capital que los sistemas internos. Este es un resultado contraproducente, pues se supone que el sistema quiere premiar a los bancos que realicen los mayores esfuerzos por identificar sus propios riesgos. El sistema, además, castiga particularmente a los bancos que prestan a empresas que no tienen calificación de riesgo emitida por una calificadora especializada y a los que se concentran más en créditos de consumo y tarjetas de crédito. En algunos bancos, los incrementos de capital necesarios para cumplir la norma superan el 18%.



Cuando los banqueros colombianos ven esas necesidades de mayor capital que salen de los ejercicios internacionales, se les ponen los nervios de punta. Cuando piensan en las inversiones que hay que hacer en software para llegar a tener unos sistemas de información que permitan calcular la probabilidad de pérdida que tiene un crédito determinado, el nerviosismo aumenta. Cuando consideran el esfuerzo necesario para alimentar esos sistemas de información, que implica recoger una por una las carpetas de los clientes para poner en línea la historia de cada uno de los créditos, con sus garantías, trayectorias de pago y datos individuales que permitan reconstruir la trayectoria de vida (elemento básico para determinar la clase de créditos que necesita un cliente y su capacidad de pagarlos), el nerviosismo pasa a ser incredulidad.



Sin embargo, el cambio marcha en firme. Las entidades están obligadas a reportar sus estimaciones de valor en riesgo en sus portafolios de activos (usarlas en su cálculo de capital requerido), a partir de enero de este año. En cuanto al riesgo de crédito, deberán mostrar a la Superintendencia sus esquemas para el manejo de los créditos (que incluyen desde las políticas de la entidad para la aprobación de créditos hasta las metodologías que utilizarán para levantar las bases de datos) antes del 30 de junio. En otras palabras, aún no tienen que desarrollar las bases de datos en sí mismas, pero deben definir el mapa que recorrerán para llegar a la meta.



Habrá decenas de problemas prácticos. Las fusiones y adquisiciones del último lustro implican que será muy difícil reconstruir las historias de crédito en muchas entidades. La reciente ley que limita el uso de las historias de crédito de los clientes podría frenar el progreso de los nuevos sistemas.



La complejidad del software y de las metodologías estadísticas puede llevar a que los bancos se enreden cuando los resultados numéricos vayan en contradicción con los largos años de experiencia acumulada entregando créditos. La necesidad de contar con personal capacitado en las nuevas metodologías, tanto en las entidades como en el supervisor, pondrá a prueba los límites del sistema.



Sin embargo, la ruta está señalada y el trayecto se ha iniciado. La Superintendencia aún no ha adoptado los parámetros de Basilea II para calibrar los modelos y está pendiente de los cambios que puedan ocurrir en el debate, de modo que es apresurado suponer que serán necesarios incrementos de capital como los que plantean los ejercicios estadísticos internacionales. "Lo fundamental es entender que el modelo del paternalismo es cosa del pasado", afirma Patricia Correa. "Hasta ahora, las entidades se han limitado a regirse exclusivamente por los estándares dictados por las normas. Pocos intermediarios han generado sus propios sistemas internos de evaluación de riesgo yendo más allá de la norma, así la consideren imperfecta. Ese es el gran cambio: de ahora en adelante, cada quien debe asumir que el manejo del riesgo es su responsabilidad más profunda y debe mantener la iniciativa para manejarla. El resultado solo puede ser un mejor sistema financiero para beneficio del público".
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