Lecciones de la 550

| 4/27/2001 12:00:00 AM

Lecciones de la 550

En su primer año de aplicación, la ley 550 demostró que es un mecanismo muy superior al concordato. Pero es tan solo una solución temporal: hay que volverla permanente.

En los 2 últimos años, los colombianos hemos aprendido bastante sobre reestructuración financiera de empresas en crisis. Dos grandes lecciones salen de esa experiencia respecto a los mecanismos institucionales que se requieren para desarrollar estos procesos con éxito. Primero, los resultados más efectivos se logran al eliminar los privilegios que pueda tener un grupo de acreedores (llámense bancos, proveedores, autoridades tributarias, trabajadores o socios) al comenzar el proceso. Segundo, la rapidez y la flexibilidad son fundamentales. Es esencial llegar velozmente a la decisión de llevar la empresa a una reestructuración de acreencias, o iniciar un proceso de liquidación.

Estas conclusiones se desprenden de la aplicación de la ley 550. Conocida también como ley de intervención económica, fue aprobada por el Congreso en 1999, en la etapa más dura de la crisis empresarial. Era evidente en ese momento que el régimen de concordatos, el marco legal que regulaba la negociación entre las partes cuando una empresa no podía seguir cumpliendo sus pagos, generaba privilegios excesivos para los accionistas frente a los acreedores. La ley 550 creó un sistema en el cual la decisión final sobre un acuerdo depende de la votación de todos los grupos de acreedores, con un poder de voto proporcional a su participación en las acreencias totales de la empresa.



El mecanismo demostró su eficiencia. Mientras que en 1999 se iniciaron 199 concordatos, pero solo en 12 casos se llegó a acuerdos durante el mismo año de su iniciación, en el año 2000 fueron admitidas 295 empresas a acuerdos bajo la ley 550, de los cuales 61 llegaron a término.



El proceso que vive Colombia no es exótico en el panorama internacional. Por el contrario, las crisis financieras de fines de los años 90 dejaron como herencia en muchos países un gran número de empresas sobreendeudadas, subcapitalizadas e incapaces de cumplir sus obligaciones financieras. La investigación internacional ha encontrado que la existencia de mecanismos transparentes y rápidos de reestructuración y liquidación de empresas es elemento esencial en la recuperación de una economía tras una recesión. Se requiere un mecanismo de dos canales: uno que lleve a las empresas hacia un proceso de reestructuración y otro alternativo que las lleve hacia la liquidación. El mecanismo debe permitir que se establezca rápidamente cuál de los dos canales rescata el mayor valor de activos de la empresa.



La ley 550 fue creada para una coyuntura de crisis generalizada y sus disposiciones tenían en muchos casos una naturaleza temporal. Ahora corresponde decidir cuáles de sus componentes deben mantenerse como un régimen transitorio, cuáles deben ser modificados y cuáles deben formar parte de una legislación permanente.



No salió plata nueva



Si el mayor punto a favor de la ley 550 es la mayor efectividad en la culminación de los procesos, la gran decepción es la ausencia de capital nuevo para las empresas. Cuando se diseñó la ley, la expectativa era que ella les quitaría a las empresas el estigma que implicaba la entrada en un concordato. Se esperaba también que la mayor transparencia facilitaría la obtención de capital nuevo. Esto no se ha cumplido. En la práctica, a las empresas que entraron en el proceso se les cerró el acceso a recursos nuevos de crédito o capital. En los acuerdos logrados durante el año 2000, únicamente hubo aportes de recursos nuevos por $14.880 millones, lo que equivale apenas al 4,9% de los pasivos totales de las empresas respectivas. El 79% de este volumen de recursos correspondió al caso de Fabricato. Un 17% adicional correspondió a capital aportado por el IFI para dos empresas.



Baja transparencia



Un manejo eficaz de las situaciones de insolvencia exige transparencia, que comienza por la información contable. Las empresas que solicitaron acceso a los mecanismos de la ley 550 se encontraban muy por debajo de unos estándares aceptables en este campo. Solo el 1% de las empresas que llegaron ante la Superintendencia presentaron estados financieros e información contable sin mayores objeciones por parte de la entidad. La dificultad para llevar la información contable a un nivel aceptable motivó que el plazo promedio del trámite de admisión fuera de 50 días, mientras que el plazo era de 3 días.



El mecanismo de admisión



Los requisitos de admisión al proceso de insolvencia son inadecuados en la actualidad, pues están más centrados en la forma que en el fondo. La regla actual permite la admisión de una empresa si demuestra el incumplimiento en el pago, por más de 90 días, de 2 o más obligaciones mercantiles que representen más del 5% del pasivo total. Los requisitos no hablan de la calidad de la información contable de la empresa ni de los indicadores que determinen que una empresa ha traspasado el umbral de la insolvencia.



Una solución que se ha propuesto es desplazar la tarea de definir la viabilidad de una empresa a los acreedores, en lugar de las entidades nominadoras (como la Supersociedades) que tienen esa responsabilidad en la actualidad. El acreedor tiene mayor capacidad para definir si una empresa es viable o no. La solicitud podría ser presentada en forma conjunta entre el empresario y acreedores.



Minorías vs. garantías



La experiencia de este año demostró que no es nada sencillo establecer una regla para la votación. El esquema del concordato, que favorecía a los accionistas frente a los acreedores, fue reemplazado en la ley 550 por una regla que les otorga votos de acuerdo con el monto de las obligaciones. Esto no corrige todos los problemas, pues el derecho de veto que tenían el empresario y algunos acreedores en el concordato puede ser reemplazado por el veto de una mayoría, construida por el empresario con unos cuantos votos de otras categorías, que imponga acuerdos por fuera de esquemas viables de pago. El tema está abierto y es necesario estudiar cuidadosamente si conviene adoptar un esquema que otorgue mayor ponderación a los votos de algunos grupos o de un tratamiento preferencial a las obligaciones que cuentan con garantía real. Se debe dar, además, prioridad a los créditos y garantías que se otorguen durante la negociación, para apoyar la obtención de capital de trabajo a lo largo del proceso.



La Supersociedades concentrada



La experiencia internacional también enseña que el manejo del régimen de insolvencia es una tarea altamente especializada, que exige una gran concentración de recursos. Algunas de las entidades nominadoras incluidas en la ley 550 han demostrado que no tienen los recursos, la capacidad operativa y la experiencia necesarias para asumir la tarea. Sería conveniente fortalecer la Supersociedades para que se encargara de este tema y descargar muchas de las responsabilidades menores que esta entidad tiene atendiendo todo tipo de conflictos que se presentan dentro de las empresas del país.



La iniciativa colombiana en el desarrollo de un nuevo régimen de insolvencia por medio de la ley 550 se destaca en el ámbito internacional. Pero la tarea no ha terminado ahí. Ahora hay que terminar la tarea estableciendo un mecanismo duradero que atienda a lo aprendido. Es prioritario hacer una modificación del régimen de insolvencia que establezca un mecanismo de recuperación con reglas permanentes, y uno de liquidación obligatoria.



La ley 550 deja abierto el riesgo de que las empresas no viables usen la figura de los llamados concordatos liquidatorios para postergar la solución definitiva y el mecanismo de liquidación todavía deja importantes recursos a los accionistas para dilatar el proceso. Un mecanismo moderno y eficiente de manejo de la insolvencia es esencial para el desarrollo de las nuevas empresas que el país deberá generar en los próximos años.
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