| 6/20/2008 12:00:00 AM

La discusión sigue

La amplia discusión y su paso por el Congreso han transformado el foco esencial de la reforma financiera. La discusión continuará el próximo semestre.

El proyecto de reforma financiera radicado para su discusión en el Congreso el pasado 12 de junio dista mucho del proyecto que tenía el Gobierno hace un año. Su eje principal terminó siendo un régimen de protección al consumidor y defensor del cliente, mientras que temas fundamentales que buscan la eliminación de los grandes cuellos de botella para el sector financiero y que estaban en el proyecto original quedaron por fuera, como los derechos de los acreedores y el régimen de garantías, el régimen de tasas de interés, la eliminación de la tasa de usura y el avance hacia un esquema de multibanca, entre otros.

Esto ha generado preocupación entre expertos que consideran peligroso que un Congreso totalmente desprestigiado por los temas de la parapolítica podría estar viendo la oportunidad de mejorar su imagen y hacer populismo en el único proyecto económico importante que habrá en esta legislatura.

De hecho, una vez radicado el proyecto en las comisiones terceras de la Cámara de Representantes y del Senado, los parlamentarios presentaron más de 35 proposiciones, tales como la que pretende definir un monto mínimo de colocación de cartera hipotecaria del 5% en VIS a una tasa regulada del UVR + 9%.

Para Asobancaria, este tipo de controles a las tasas y direccionamiento del crédito, en apariencia beneficiosas para los usuarios, serían nocivas para la economía del país, el sector y los mismos clientes. Sin embargo, confían en la seriedad de los congresistas, los ponentes y el mismo Gobierno. Al cierre de esta edición, el equipo económico del Gobierno discutía con los ponentes la viabilidad fiscal y legal de los cambios propuestos. La idea es que el proyecto pase en las comisiones durante la actual legislatura para que se discuta en plenarias el próximo semestre.

Es claro que se está perdiendo una oportunidad única para hacer una reforma estructural, como era el objetivo inicial, y discutir los grandes cambios que requiere el sector financiero a futuro en un entorno de solidez y no como respuesta a una crisis.

No obstante, el proyecto aborda algunos aspectos para el mejor funcionamiento del sector y sus jugadores. Cuenta con nueve títulos, entre los que se destacan, según los ponentes, el tema de protección al consumidor financiero; la adopción del esquema de multifondos para los fondos de pensiones obligatorios y de cesantías; la autorización de nuevas actividades a bancos y casas de cambio, la liberalización comercial, el fortalecimiento del esquema de supervisión y el régimen de la Superfinanciera, entre otros temas.

La reforma

El nuevo foco de la reforma radica en un régimen que precisa los derechos de los usuarios y las responsabilidades de las entidades prestadoras en cuanto a la información que deben entregar y la calidad de los servicios y las sanciones a que se enfrentan. Se prohíbe, por ejemplo, la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos que impliquen la renuncia de los derechos de los usuarios y/o limite la responsabilidad de las entidades. También, se obliga a los bancos a informar las tarifas que se cobran antes de la realización de cada operación y la consulta gratuita del estado de sus productos y servicios por lo menos una vez al mes, entre muchos cambios.

Se fortalece la figura de la "Defensoría del Consumidor Financiero", al buscar que tenga una gestión más efectiva, conciliadora e independiente. Por esto, su designación la realizará la Superfinanciera, mediante convocatoria pública, cada cuatro años con estrictos mecanismos de evaluación y selección por méritos.

Para los banqueros es paradójico que la discusión de este capítulo se haya centrado en el papel de los Defensores del Cliente y el proceso para su designación, cuando ellos tramitan tan solo el 3% de las quejas y han demostrado su independencia (solo una tercera parte de sus pronunciamientos fue a favor de la entidad). "La banca ha hecho enormes y constantes esfuerzos en mejorar la atención de sus clientes, al punto que recibió apenas 3,7 quejas por cada diez mil transacciones", afirma la Asobancaria, gremio de los banqueros.

Otros gremios consideran indispensable "el régimen de protección de los usuarios financieros, pues llevamos una década expuestos a que cada juez interprete los derechos de los consumidores a su modo, lo cual ha llevado a fallos colectivos y de acciones populares muy peligrosos. Contar con un marco cierto de derechos y responsabilidades dará seguridad jurídica", afirma Emilio Archila, presidente de Asobolsa.

Uno de los cambios más importantes que trae el proyecto es la adopción de un esquema de multifondos, un régimen en el que cada administradora de fondos de pensiones podría tener hasta cinco fondos de acuerdo a la edad y perfil de riesgo de sus afiliados. Además se cambia el esquema de comisión, que hoy se basa en el recaudo, y se crea una comisión por recaudo y otra por desempeño para incentivar la competencia y una mejor gestión (ver edición No. 300).

En general, existe un alto consenso sobre la conveniencia de adoptar un esquema de esta naturaleza para el manejo de los portafolios, dado que en otros países como Chile ha permitido un manejo más eficiente de los recursos pensionales y tenido un impacto favorable sobre el desarrollo del mercado de capitales.

No obstante, para algunos expertos la pieza fundamental del actual sistema, como es el cálculo de la rentabilidad mínima, no se cambia, lo que produciría que no se corrijan muchas de las deficiencias del sistema que terminan afectando la rentabilidad de los afiliados en el largo plazo. Por su parte, el gremio asegurador se ha mostrado preocupado por las implicaciones que esto traería sobre el seguro de invalidez y sobrevivencia que se mantuvo sin modificación de tarifas. "El gobierno ha pensado en regular este seguro, cosa que el gremio considera inconveniente y que genera un gran riesgo para el sistema pensional", afirma un representante de Fasecolda. Por tanto, el impacto final del nuevo esquema dependerá de la reglamentación que haga el Gobierno en los distintos frentes. La discusión apenas comienza.

Más cambios

La reforma modifica la estructura de algunas entidades. Se autoriza, por ejemplo, a los bancos a desarrollar el leasing financiero, lo cual debería incentivar el crédito de largo plazo a las Pymes y generar mayor eficiencia, pues cada entidad bancaria determinará si incorporará el servicio a su portafolio de servicios y lo presta directamente o mantiene una entidad especializada. Los bancos también podrán otorgar crédito para la adquisición de empresas, norma que surgió en los 80s pero que hoy resultaba inoperante ya que lo único que lograba era que las entidades se endeudaran en el exterior.

Del mismo modo, se cambia la denominación de las casas de cambio a sociedades de intermediación cambiaria y de giros nacionales para evitar su confusión con los profesionales de cambio o cambistas y autorizarlas a realizar giros y transferencias (también podrán ser corresponsales no bancarios). Finalmente, se desistió de la propuesta de crear un vehículo único especializado para el manejo de carteras colectivas, lo cual habría afectado a las sociedades fiduciarias y a las comisionistas de bolsa. Tampoco se autorizó a los bancos a realizar contrato de comisión y fiducia.

Otro tema que trae la reforma es la autorización de la prestación de algunos servicios financieros de manera transfronteriza y la entrada de entidades extranjeras a través de sucursales. Esto es, una liberalización comercial. El proyecto incorpora básicamente todos los compromisos que se asumieron en el TLC con Estados Unidos haciéndolos extensivos a los demás países sin necesidad de acuerdos adicionales. Al respecto, Fasecolda sigue insistiendo en la necesidad de que se adopten medidas que generen igualdad tributaria, tanto para nacionales como para extranjeros, de tal manera que no se someta a una competencia desleal a las compañías que operan en Colombia.

La reforma trae un capítulo sobre el régimen de la Superintendencia Financiera con el cual se busca ampliar sus facultades de supervisión y se avanza en temas de asistencia legal a los funcionarios de la entidad que, en desarrollo de sus funciones, enfrenten futuras disputas. Del mismo modo, se consolida el papel de Fogafin, Fogacoop y la Supersolidaria. No obstante, no fue incluido en el proyecto nada referente a la preservación de la autonomía de la Superfinanciera frente a las presiones del Gobierno. Por otra parte, el proyecto también tendrá un nuevo capítulo sobre microfinanzas y la transformación de entidades de segundo piso, como Bancoldex, la FEN, Findeter y el Icetex.

En fin, estos cambios tan disímiles se unen a otras iniciativas legislativas para el sector, como la ley de insolvencia, ley de habeas data, corresponsales no bancarios, realizadas recientemente. Sin embargo, es claro que quedaron pendientes importantes discusiones sobre la estructura y la normatividad que requiere el país para aumentar sus niveles de bancarización y promover una mayor competencia y eficiencia del sector que traiga mayores servicios y menores costos para los usuarios. Falta ver qué otras modificaciones sufre el proyecto en su paso por el Congreso.
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