| 4/23/1999 12:00:00 AM

Inflado el ajuste

Todo indica que la polémica sobre los ajustes por inflación no va a llevar a que se hagan cambios importantes en el sistema.

La expectativa sobre los cambios que sufrirán los ajustes integrales por inflación está por acabar. Este 28 de abril vence el término que le fue otorgado al Gobierno en la reforma tributaria para modificar aspectos técnicos de esta herramienta contable y fiscal. Aunque parece un tema para especialistas, sus efectos son determinantes para la suerte de las 120.000 empresas del país que deben declarar el impuesto de renta.



¿Cuál es el afán de modificar los ajustes por inflación? Dentro de las negociaciones que precedieron a la reforma tributaria a finales del año pasado, el gobierno se comprometió a examinar los ajustes por inflación y para hacerlo recibió estas facultades. El mecanismo, introducido en Colombia en 1992, incorpora en la contabilidad los efectos de la pérdida de valor del dinero en el tiempo. En un país como Colombia, cuya inflación es alta y permanente, no considerar este efecto implicaba una omisión de bulto en la información que ofrecen los balances.



Pero los ajustes también traen problemas de equidad. Dos empresas con los mismos niveles de ingresos y de costos, pero con diferentes proporciones de activos monetarios (dinero) frente a no monetarios (bienes), pagan diferentes montos de impuestos. Esto puede convertirse en una distorsión que perjudica la inversión productiva.



¿Cómo afecta?



Los efectos de los ajustes integrales por inflación sobre las utilidades y la tributación varían dependiendo de la relación entre los activos no monetarios (bienes inmuebles, plantas y equipos) y el patrimonio.



Los ajustes sobre activos no monetarios buscan revelar su ganancia en valor a través del tiempo, es decir, generan un valor positivo. Al mismo tiempo, los ajustes sobre activos no monetarios reflejan la pérdida de valor del dinero.



Cuando la proporción de activos no monetarios es baja con respecto al patrimonio líquido, como es el caso del sector financiero, el saldo de los ajustes es negativo, lo que implica menores utilidades y, por ende, un bajo nivel de tributación. Pero cuando hay un alto nivel de activos no monetarios con respecto al patrimonio líquido, los ajustes arrojan un valor positivo en las utilidades, lo cual se convierte en mayores impuestos. Esta es la situación de empresas industriales, agroindustriales y del sector real en general, cuyo mayor volumen de activos está compuesto por activos fijos.



Quienes critican el impacto de los ajustes integrales por inflación les atribuyen tres costos bastante altos sobre las empresas. Primero, la "desfiguración" de los balances, pues el empresario tiende a aplicar criterios que favorecen el menor pago de impuestos. Segundo, la distorsión de las decisiones de inversión, pues ésta se desvía de los activos no monetarios hacia activos monetarios para bajar la base de tributación en los balances. Y, tercero, la creación de efectos tributarios no esperados por los contribuyentes.



El tema dominante en los debates sobre la conveniencia técnica de los ajustes ha sido el efecto fiscal. Algunos analistas afirman que el establecimiento de dos contabilidades (una para pagar el impuesto de renta y otra para uso de los accionistas) es más común de lo que se cree, aunque nadie acepte abiertamente esa práctica.



Pero, además, hay un punto que adquiere relevancia en la coyuntura actual de la economía. Los ajustes fueron diseñados para empresas que se desempeñan en una economía que tiene inflación, pero al mismo tiempo crece. Ahora, en cambio, estamos en una economía que sigue teniendo inflación, pero no crece. Los ajustes se calculan con base en el índice de crecimiento de precios de la Dirección de Impuestos (el llamado PAG), el cual no refleja en forma apropiada la desvalorización de activos que está ocurriendo como consecuencia de la recesión. Por este motivo, mientras que los terrenos y las máquinas de propiedad de las empresas se desvalorizan, el PAG obliga a ajustar estos activos por inflación y a registrar una ganancia por ese concepto. En una economía deprimida, en la cual no hay ganancias, las empresas tienen que registrar utilidades por unas valorizaciones irreales.



Lo que viene



El Gobierno tiene tres alternativas respecto al sistema de ajustes integrales por inflación. Podría modificar algunos aspectos técnicos planteados por los gremios y empresarios durante las 4 audiencias públicas que convocó la Dian, durante febrero y marzo de este año. Varios abogados especialistas en el tema han advertido que la medida sería demandada por inconstitucional. Según el abogado tributarista Eduardo Laverde, la Constitución no permite que se decreten impuestos y modificar el sistema de ajustes sería tanto como eso, porque afectaría la base tributaria de las empresas. La única salida sería la aprobación de una ley de la República por parte del Congreso.



La segunda opción es dejar el sistema de ajustes por inflación tal como está ahora. Esta alternativa no solucionaría las deficiencias del sistema, pero al menos dejaría unas reglas de juego definidas para los inversionistas nacionales y extranjeros. De paso, evitaría un desgaste ante la Corte Constitucional.



Algunos argumentan que, en este caso, los contribuyentes podrían echar mano del artículo 341 del Estatuto Tributario, que permite no efectuar ajustes sobre los bienes cuyo valor de mercado sea inferior en por lo menos 30% al costo registrado en libros. El problema de esta solución es que validar el valor de mercado ante la Dian implica un trámite extraordinariamente engorroso. La otra solución sería permitir que las empresas del sector real provisionen la pérdida tributaria generada por la valorización del activo y que puedan descontar esta provisión de los impuestos que deben pagar. Numerosos analistas defienden esta posibilidad. Por supuesto, no es conveniente para la Dian pues reduciría los recaudos.



El tercer escenario sería derogar la ley que introdujo el actual sistema de ajustes por inflación y regresar a las normas que estuvieron vigentes hasta 1991. Esto obligaría a transformar de nuevo todo el sistema contable que rige al país, con enormes costos de aprendizaje. Además, también sería demandable, pues implicaría la modificación de cerca de 100 artículos del Estatuto Tributario.



Todo apunta a que el Gobierno guardará los argumentos que presentó cada bando y se evitará el exceso de atención que una demanda por inconstitucionalidad le acarrearía, si modifica algún elemento de los ajustes por inflación.



La verdad es que la búsqueda de la perfección contable sólo generaría más enredos técnicos. Una medida oportuna y factible sería permitir que se descuenten de la factura tributaria las provisiones por pérdidas cuando el valor de mercado de los activos sea inferior a lo que indican los ajustes por inflación. Pero en el largo plazo, si lo que se busca es suprimir las distorsiones que el incremento de los precios causa en el sector empresarial, lo más plausible sería eliminar la inflación tan pronto como se pueda. Los ajustes integrales por inflación pueden no ser la solución perfecta, pero al menos permiten que se entiendan entre sí los contadores, administradores, financistas, abogados y economistas que tienen que ver con las finanzas empresariales. Antes de construir una nueva torre de Babel, lo mejor es limitar las innovaciones y dejar las cosas esencialmente como están.
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