| 10/1/1994 12:00:00 AM

Gran salto hacia atrás

Con los engorrosos y anacrónicos convenios de absorción de las cosechas agrícolas se le está asestando el primer golpe a la apertura.

El sector agropecuario ha sufrido de complejo de persecución. En el modelo proteccionista, anterior a la administración Gaviria, la estrategia de desarrollo industrialista se traducía en altos costos de los insumos del sector agropecuario y precios bajos para sus bienes finales, generando bajas rentabilidades. La tasa de cambio se mantuvo apreciada por períodos largos y de allí que las transferencias de recursos del sector rural al urbano fueran importantes.

Toda la opinión, empezando por la académica, creyó que con el cambio de modelo, pasando de la protección a ultranza a la apertura, beneficiaría al sector agropecuario, y resultó que tampoco. La apertura general que se efectuó durante la administración anterior, incluyó a todos los sectores, hasta el agropecuario. Claro está que éste se benefició de un tratamiento especial al contar con las franjas de precios que tenían un poder protector adicional.

Además de disminuir las protecciones efectivas de todos los sectores, la apertura debía tumbar fuertemente el sesgo antiexportador como sucedió y, dadas todas las variables macro, la tasa de cambio tendría que depreciarse para establecer un nuevo equilibrio que favorecería a todas las actividades transables (muchas de ellas de origen agropecuario).

Sin embargo, la realidad fue distinta a las previsiones. Los influjos de capital hacia América Latina, incluida Colombia, desde el inicio de los noventa, cambió el equilibrio macro y la depreciación esperada del tipo de cambio no se dio sino que por el contrario, éste se apreció más. A esto contribuyó el cambio de las políticas domésticas, al hacerse el país más atractivo a la inversión extranjera y desmontar el rígido control de cambios.

Todos aquellos subsectores de sustitución de importaciones en el sector agropecuario (sorgo, soya, semillas oleaginosas, trigo, cebada) preferían volver al mundo del pasado, pues en él las políticas sectoriales habían logrado neutralizar el sesgo antirrural con esquemas de "oferta selectiva" que habían generado beneficios importantes y rápidos a costa, principalmente, de los consumidores nacionales, el fisco y el resto de la producción rural. Los primeros, pagando caro por ciertos alimentos, el segundo, transfiriéndole recursos al Idema para adquirir a pérdida las cosechas y, la tercera, librada a su propia suerte.

Cuando, particularmente en 1992, se produjo una intensa sequía y los precios internacionales de todos los "commodities" se derrumbaron por efecto de la recesión, la ira de los gremios más poderosos de la producción rural se hizo sentir. Pedían volver al mundo de antes: convenios de absorción, aranceles altos, licencia previa, etc. Decían defender la apertura, pero la de todos los demás, no la de ellos. Sentían que habían llegado no a la tierra prometida, sino por el contrario, a un desierto peor del que habían partido.

Sin embargo, en 1993 y con más fuerza en 1994, hubo un quiebre positivo en la evolución del sector, los precios internacionales empezaron a subir y las condiciones climáticas se normalizaron. Es así como el producto agropecuario sin café creció 5.7% en 1993 y Planeación Nacional espera un crecimiento de 4.3% en 1994. Pese a ello, la más connotada dirigencia del sector seguía hablando de crisis e incluso algunos de sus líderes condicionaron el apoyo de sus asociados a algún candidato a la Presidencia, si atendía sus demandas.

En la campaña presidencial, el candidato ganador, doctor Samper, en la búsqueda de votos, montado en el diagnóstico de que la crisis del sector agropecuario había sido por la apertura, ofreció los correctivos del caso. En otra parte de su discurso, se declaró enemigo de los amigos de la revaluación y, en otra, reiteró que en su gobierno la apertura no se echaría para atrás.

A simple vista, cualquier ciudadano podía compartir los planteamientos anteriores y en consecuencia, votar por el candidato Samper. El problema radica en que "rescatar al agro" haciéndole los ajustes a su apertura contribuye a la revaluación y por supuesto, es el primer paso para echar para atrás la apertura.

El aumento de los aranceles y la imposición de vistos buenos condicionados a convenios de absorción de las cosechas de arroz, trigo, cebada, sorgo, maíz, soya y aceite de palma con precios incrementados, contribuye directamente a aumentar la revaluación del peso, al encarecer los productos que se benefician con las medidas. Con razón, Fedesarrollo en días pasados planteó que lo que debe hacer el gobierno en este momento para combatir la revaluación es racionalizar la estructura del arancel, llevándolo a dos niveles como máximo: 5% y 10%, pues hoy en día abarca más de cuatro niveles, desde 5% hasta 20%.

Las medidas tomadas constituyen el primer retroceso en la apertura porque con razón otros subsectores del sector agropecuario o del industrial tienen todo el derecho de demandar un tratamiento similar al de los privilegiados. Los algodoneros han sufrido del desplome de los precios internacionales y como su producción es absorbida en parte por la industria textilera nacional, la solución bajo esta concepción es establecer un convenio de absorción del algodón con un precio que restablezca la confianza. En ese evento, los textileros deberían demandar un aumento de la protección frente a las telas extranjeras. Ante esto, la industria de confecciones tendrá todo el derecho de demandar, a su vez, un aumento de la protección frente a las prendas de vestir importadas.

Como decía el doctor Samper, en otras épocas cuando no era presidente: "O todos en la cama, o todos en el suelo", y así se acaba la apertura y, con la restricción de importaciones (con una menor demanda de divisas), la revaluación final sería de marca mayor. Paradójicamente el principal amigo de la revaluación habría sido el mismo gobierno.

Ahora bien, el Conpes del 17 de agosto pasado, recién iniciado el gobierno, recomendó, por una parte, el aumento inmediato en 10 puntos del arancel básico para el arroz y, por otra, la suscripción de acuerdos entre los productores y los procesadores agroindustriales que garantizarán la absorción de las cosechas nacionales de trigo, cebada, sorgo, maíz, soya y aceite de palma, En los productos en los cuales se suscribiesen los acuerdos con una mejoría en los precios al productor agropecuario, el gobierno nacional otorgaría una rebaja arancelaria que compensaría el incremento de precios convenido. Para administrar el acuerdo, se recomendó el establecimiento de vistos buenos. De no llegarse al acuerdo, se deberían subir los niveles de los aranceles advalorem.

En el cuadro adjunto se presentan las principales características de los convenios suscritos en días pasados entre los gremios del sector agrícola y del agroindustrial con el beneplácito del gobierno nacional. Dentro de las cláusulas de los mismos se menciona que deberán renegociarse semestralmente para mantenerlos vigentes durante los próximos cuatro años. Se firmaron acuerdos para cebada, trigo, sorgo y aceite de palma, mientras que en soya no fue posible lograr el acuerdo.

En los casos de trigo y cebada, en la administración anterior, se habían establecido convenios de transición parecidos, para amortiguar los efectos de la apertura sobre sectores eminentemente campesinos. A la par, en ese entonces, se diseñaron programas de modernización con el objetivo de buscar alternativas de producción, pues era claro que en esos renglones el país no era competitivo. Los nuevos convenios niegan lo anterior y reiteran la voluntad del gobierno de mantener producciones no competitivas y por lo tanto evitar la búsqueda de la reconversión necesaria.

En los casos del sorgo y el aceite de palma, bajo la administración anterior se había producido un ajuste en costos importante gracias a la apertura, pudiéndose afirmar que los ineficientes ya habían salido del mercado. Con los convenios se da un salto atrás, dando la señal de que en estos renglones los ineficientes pueden volver pues tendrán garantía de compra a un precio remunerativo.

En síntesis, lo que se puede prever hacia el futuro es una creciente producción de los productos privilegiados por los convenios, la cual será adquirida por la agroindustria a precios que irán incrementándose con el índice de precios al productor (IPP), es decir, nada que ver con la evolución de los precios internacionales y la tasa de devaluación.

A mediano plazo, esta producción doméstica creciente tendrá que ser adquirida totalmente por la agroindustria, copando plenamente sus necesidades. En ese escenario ella no tendría que importar y por lo tanto no habría lugar a costo fiscal por el descuento arancelario. Todo el costo de la ineficiencia lo pagaría, entonces, el consumidor doméstico y los subsectores de la industria, quienes verían disminuida fuertemente su protección efectiva.

Si se lleva más lejos este argumento, es posible que el país llegue a generar excedentes de estos productos, que bajo el nuevo modelo viejo implicará que el Idema intervenga a pérdida. La historia del arroz en 1988 no es muy lejana.

Por último, para que todo este esquema funcione, se requerirá, además, que se impongan barreras a la entrada del producto similar procedente de los países con quienes tenemos tratados de libre comercio: Venezuela, Ecuador y Bolivia. De lo contrario, el objetivo planteado podría abortar. Si el gobierno del presidente Samper ha planteado la defensa de los tratados de integración, entonces, ¿cómo se puede hacer compatible el funcionamiento de estos acuerdos de absorción con la integración?

Como alguien había presagiado: ¡Bienvenidos al pasado!
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