| 2/4/2005 12:00:00 AM

Futuros para el campo

El gobierno condicionará su ayuda a los agricultores a que se cubran contra fluctuaciones en el tipo de cambio y los precios de sus productos. Aunque la intención es buena, la primera de esas operaciones desató una fuerte polémica.

Una decisión del Conpes a finales del año pasado transformará la manera en la que el gobierno ayudará a los productores agropecuarios colombianos. Los floricultores y los bananeros recibirán este año $150.000 millones en subsidios, a cambio de que compren instrumentos financieros para cubrirse contra el riesgo de fluctuaciones en la tasa de cambio. A pesar de lo interesante que parece como mecanismo para desarrollar el mercado de futuros financieros en el país, el Incentivo a la Cobertura Cambiaria (ICC), como se llama el programa, parece diseñado como un costoso tanque de guerra para matar zancudos y hay quienes temen que la ayuda terminará en los balances de los bancos y no en las fincas de los agricultores.

El ICC les da $200 por cada dólar exportado para que con ese dinero compren forwards, opciones, swaps y operaciones a plazo en la bolsa, unos instrumentos que son como un seguro para limitar las pérdidas en una revaluación (ver recuadro).

La medida ya desató polémicas. Los agricultores se quejan de que la ayuda se limitó a dos sectores; los receptores del ICC, por el costo elevado que quieren cobrar los bancos por las operaciones de cubrimiento; algunos contribuyentes pues piensan que es demasiado dinero para un sector que ha sido rescatado varias veces en el pasado, el bananero, y otro que no parece necesitarlo, el de flores. ¿Quién tiene razón? Aunque fuera fácil establecerlo, el tema de fondo está en que buena parte de las ayudas del gobierno a los productores agrarios se entregará en el futuro a quienes se cubran contra el riesgo de variación en el precio de los productos o en la tasa de cambio. Esto sacará al campo del atraso en los temas de administración de riesgo.

Vista así, la operación con bananeros y floricultores es el primer paso de una pequeña revolución en la administración del campo.



El incentivo

Los gremios agropecuarios exportadores habían presionado al gobierno para que adoptara medidas que redujeran sus pérdidas por la revaluación del peso que alcanzó el 14% en 2004.

Para hacerlo, el gobierno diseñó un indicador de la vulnerabilidad de cada sector a la revaluación (exportaciones - importaciones / producción) y decidió ayudar a los que tuvieran el mayor coeficiente y que a la vez fueran grandes generadores de empleo y exportadores no tradicionales.

Con ese método, que Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, califica como "técnico y objetivo", se escogió a bananeros y floricultores. Los primeros venden US$300 millones, 95% al exterior, y los segundos US$700 millones, 100% al exterior. El próximo en la lista era el sector camaronero, pero no entró en el programa por su menor participación en las exportaciones no tradicionales.

Aunque podía haber tenido otro tipo de condición, el programa terminó convertido en un incentivo al cubrimiento mezclado con un auxilio convencional para mejorar la caja de los empresarios afectados. El excedente entre el costo del cubrimiento y los $200 por dólar del auxilio parecía llegar como una bendición en las zonas bananeras de Urabá y Magdalena.



¿Redentor?

El año pasado fue difícil para los bananeros. Acordaron un aumento salarial de 8% con 18.000 trabajadores que tienen convención colectiva -el sector tiene el 36% de los 50.000 trabajadores con convenciones colectivas del país-. Ajustaron las 14 cargas extralegales, como fondo de vivienda, auxilio de arrendamiento y primas para estudios, que valen $300.000 por hectárea al año. "Frente a los compradores europeos se ve bien, pero hace menos competitiva la actividad colombiana", sostiene un agricultor de la zona.

En ese estado, a mediados del año, afrontaron una huelga de 17 días que costó US$20 millones. Aparte del verano prolongado que castigó la producción, la evolución del tipo de cambio sorprendió a la mayoría. Las proyecciones que conocía Augura, gremio de productores, mostraban una situación de devaluación moderada para el año.

Las cuentas del sector indican que los productores, que reciben en promedio US$4 por caja exportada, dejaron de percibir $100.000 millones por la apreciación del peso. Y aunque hacen el 60% de sus ventas en Europa, no reciben euros -moneda que se apreció frente al dólar en 2004-, porque la mayoría de sus contratos se firma en dólares.

Los agroquímicos importados no bajaron de precio, a pesar de la revaluación, por estar atados a las cotizaciones del petróleo. Pero, adicionalmente, explica Roberto Hoyos, presidente de Augura, la presencia de Sigatoka los obligó a aumentar el número de ciclos de fumigación aérea, intensiva en insumos caros y en gasolina.

Para empeorar las cosas, cuando hay dificultades financieras, los bananeros no tienen muchos sitios dónde ir. Bancos como Bancolombia, Popular, Bogotá, Bancafé y el Agrario les prestan a los bananeros, pero Hoyos sostiene que no es fácil pedirle prestado al sector financiero. De hecho, buena parte de los cultivadores del Magdalena está vetada, dice. Por eso, el sobrante de los $200 por dólar exportado parecía redentor.

"Es un poco de gasolina para el sector, que está recibiendo nuevas cargas", dice Hoyos. Urabá está en pleno programa de reinserción y necesita crear 1.000 empleos nuevos para acomodarlos. Los bananeros ya lo habían hecho con éxito en 1991 cuando montaron empresas plataneras para los desmovilizados del EPL.

Sin embargo, el dinero puede no llegar nunca a la caja de estos empresarios. Por una opción peso-dólar a 180 días -que es el mecanismo más flexible para limitar las pérdidas por revaluación-, los bancos cobran $150 por cada dólar cubierto. Un asesor financiero calculó para Dinero el 'precio justo' de una opción y encontró que para asegurarse contra una caída del dólar por debajo de $2.372 se deberían pagar $85 por dólar y en $2.400, de $75. Incluso, sumándole los costos de capital que quisieran cobrar los banqueros, las dos cifras están muy lejanas. Así, la ayuda gubernamental podría quedarse en las tesorerías de las entidades financieras.

Con todo, el problema del sector no está en la revaluación, sino en la productividad. Mientras en 1999 se produjeron 2.124 cajas por hectárea en el primer semestre, en 2004 la cifra bajó a 1.630 cajas por hectárea, en particular por ausencia de riego. Más aún, hoy está claro que 5.000 de las 40.000 hectáreas sembradas en el país no son viables. "Nunca había visto una cosa tan crítica", dice Roberto Hoyos refiriéndose a la situación productiva.

Eso molesta a quienes piensan que incluso si se logra conformar una mejor administración de riesgo, habrá que rescatar al sector, como ya se hizo en la administración Samper, en una operación que puso en serios aprietos financieros al IFI. También deja descontentos a quienes creen que las coberturas se podrían promover con menos dinero.



Camino espinoso

Los floricultores también tuvieron su dosis de problemas en 2004. Augusto Solano, presidente de Asocolflores, gremio de los floricultores, enumera algunos: Europa impuso un arancel de 12,5% a las flores colombianas; por problemas climáticos, aumentaron las enfermedades de las plantas; el alza del petróleo subió los costos de transporte y, en general, el costo de los insumos creció 12%.

Pero como venden toda su producción al exterior, son más sensibles a las fluctuaciones en el tipo de cambio. Solano sostiene que los márgenes de la actividad no son suficientes para soportar simultáneamente una revaluación de 14% en 2004 y un aumento de costos de 12%.

Con 16 empleos por hectárea -el 65% de ellos corresponde a mujeres cabeza de familia- y el 4% de las exportaciones nacionales, la floricultura es un buen candidato para recibir la ayuda del gobierno, la primera que ha recibido en 40 años.

Pero muchos observadores opinan que las flores no lo necesitan. Señalan, por ejemplo, que las 140 empresas más grandes reportan ventas por $1,7 billones y les suena raro que empresas sofisticadas como esas no hayan buscado cobertura cambiaria. "No cubrirse es una manera de especular. En 2004, los floricultores le apostaron a la devaluación y perdieron por primera vez en casi 40 años", asegura un analista financiero. A Solano le molesta el señalamiento y le atribuye la situación, en cambio, a la falta de cultura de cubrimiento y explica que igual que ellos, con muy pocas excepciones, los agricultores no se cubren. "Ahora somos los irresponsables, cuando casi nadie se cubre", dice.

Otros inconformes son los que se estaban acostumbrando a que las ayudas del gobierno fueran a zonas y grupos mayoritariamente pobres, y creen que el ICC no debería ir a la Sabana de Bogotá. Otros más se preguntan qué hicieron con la ganancia de las devaluaciones anteriores. A estos últimos, Solano les responde que se han invertido en planes sociales y de productividad. En 2004, el sector puso $45.000 millones en programas sociales.

Lo que parece desprenderse de la discusión es que el método de asignación del incentivo favoreció a los floricultores con criterios objetivos, pero ahora están enredados tratando de explicarles a sus colegas y a la opinión por qué ellos y no los sembradores de caucho del Vichada. Tal vez el tremendo éxito empresarial de esta actividad, que empezó con US$10.000 en los 60, dificulta la explicación.



Mercado de futuros

Con todo y polémica, la lección de 2004 empezó a calar. Los precios de las monedas y los bienes agropecuarios son impredecibles y por eso, quienes están expuestos a ese riesgo se deben cubrir.

Además, César Pardo, presidente de Finagro, asegura que la mayor parte de los subsidios se entregará en el futuro a cambio de coberturas. Prevé que el programa de cubrimiento no incluirá el arroz y el café, pero sí al algodón. Recuerda que el Banco Agrario tiene un programa para cubrir los precios del maíz, en el cual el gobierno subsidia $50 de los $60 que vale la operación. El plan que vence el 30 de junio no ha sido utilizado.

Esto posiblemente hará que se desarrolle el mercado de futuros físicos y financieros en Colombia. Que se aceleren los planes para estandarizar los contratos forwards para hacer un mercado de futuros líquido y eficiente, que crezca el incipiente mercado de opciones. Todas buenas noticias. Queda por verse dónde quedarán los $150.000 millones, porque de eso dependerá que el programa florezca o se marchite definitivamente.
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