¿Es confiable invertir en la ETB?

| 5/27/2003 12:00:00 AM

¿Es confiable invertir en la ETB?

La democratización de acciones de la ETB demuestra la necesidad de transmitir confianza al público por medio de mecanismos que trasciendan.

La experiencia de democratización de la ETB deja lecciones importantes para el futuro del mercado de capitales del país. Para que una empresa pública sea objeto de inversión, debe hacer un trabajo concienzudo con el propósito de generarle confianza al público. La democratización, que se espera concluya con éxito y logre colocar el 15% de la propiedad en manos del público (al cierre de esta edición se habían demandado $170.000 millones y aún se esperaba el grueso de la demanda de la última semana), le ha apostado su éxito al desarrollo de mecanismos que garanticen su buen manejo y el respeto a los derechos de los nuevos accionistas. Para esto, el Código de Buen Gobierno y la Declaración del Accionista Mayoritario han sido fundamentales pues los documentos establecen los principios con los cuales se regirá la empresa y limitan las facultades de su accionista mayoritario (el Distrito) en pro de los derechos de los accionistas minoritarios.

Los documentos incluyen avances importantes en temas como la información al mercado, la participación de los accionistas minoritarios en la junta directiva, la independencia de la junta y las competencias de algunos de los directivos de la empresa.

Definitivamente, la empresa se preparó para hacer la tarea y no era para menos. Una empresa pública como la ETB, que venía de una situación difícil en la década del 90 y cuya administración tradicionalmente cambiaba de manos en un abrir y cerrar de ojos, tenía que esforzarse en mostrarle al mercado que había garantías para su manejo en el largo plazo. "Para la ETB, el proceso de democratización es esencial dentro de nuestra visión de largo plazo. Implica darle mayor seguridad al mercado sobre el manejo de la empresa y nos obliga a trabajar en el Código del Buen Gobierno y la Declaración del Accionista Mayoritario", afirma Paulo Orozco, presidente de la ETB.

La empresa se embarcó en un proceso que duró más de seis meses, en el que participaron miembros de la Superintendencia de Valores, la Bolsa de Valores de Colombia, la ETB, la Alcaldía y los fondos, entre otros. "A diferencia de la democratización de ISA en la cual la principal preocupación de los inversionistas era que la empresa pudiera garantizar su rentabilidad pese a la voladura de torres, en el caso de la ETB, los inversionistas se preocupan por la confianza que logre transmitir la administración de la empresa", afirma Sergio Restrepo, vicepresidente de banca de inversión de Corfinsura, empresa que participó en la estructuración de la emisión.

Esta no es la primera vez que los colombianos oyen hablar de mecanismos que les generen confianza. ISA ya había abierto buena parte del camino con su proceso de democratización, al crear el Código de Buen Gobierno y adicionarle la Declaración del Accionista Mayoritario en la que limitaba los derechos de la Nación (que posee el 58% de la empresa). La Superintendencia de Valores, por su parte, expidió la resolución 275 en la que exige a los emisores la elaboración de Códigos de Buen Gobierno para ser considerados objeto de inversión por parte de los administradores de fondos de pensiones. Pero ETB dio un paso adicional.

El Código que tradicionalmente establece elementos como los principios de la empresa en términos de derechos y trato equitativo de los accionistas, la transparencia e integridad de la información, las políticas de la empresa con respecto a los grupos de interés y la responsabilidad social, entre otros, para el caso de la ETB presenta avances adicionales a los de iniciativas anteriores, pues determina con mayor claridad la información que revelará al público. "En términos de estándares y acceso a la información, hay elementos interesantes. Define el tipo y periodicidad de divulgación de información y establece mecanismos para acceder a la información como la oficina de atención y la página de internet", afirma Carlos Fradique, socio de Brigard & Urrutia Abogados.

La Declaración del Accionista Mayoritario, sin embargo, contiene más figuras novedosas. En ella, el Distrito, en cabeza del Alcalde Mayor de la ciudad, se limita públicamente en sus facultades con el propósito de garantizar que escuchará la voz de los accionistas minoritarios. Por tener el control absoluto de la empresa, el Distrito tendría el derecho a nombrar a los 7 miembros de la junta directiva de la empresa. En la Declaración, el Distrito limita este derecho y establece que 2 de esos miembros serán representantes de los accionistas minoritarios por lo que solo nombrará 5 miembros de junta directiva.

Así mismo, se determinan aspectos importantes para garantizar la independencia de la junta directiva. 3 de los 5 miembros de junta directiva nombrados por el Distrito tendrán que ser independientes, es decir, no podrán ser funcionarios de la administración ni tener relación alguna con ella. De esta manera, se garantiza un criterio objetivo e independiente para la toma de decisiones importantes en la empresa.

La declaración establece, además, que decisiones estratégicas que involucren disposición de activos, endeudamiento, inversiones y aumentos de capital, entre otras, requieren mayorías especiales. Lo anterior para garantizar que siempre habrá un representante de los accionistas minoritarios en decisiones importantes que se tomen. Este documento también determina el perfil de quienes ostenten el cargo de Presidente y Vicepresidente Jurídico de la empresa.

La declaración también determina una fórmula clara de salida para los inversionistas minoritarios que sientan que sus derechos han sido violados. El accionista mayoritario se compromete a que en caso de no cumplir alguna de las limitaciones que él mismo se ha impuesto, deberá recomprar las acciones al valor que establezca una banca de inversión independiente.

La iniciativa ha sido recibida con buenos ojos por el mercado. "Se creó un conjunto de reglas claramente diseñado con el propósito de salvaguardar el legítimo interés de los inversionistas de participar en un mercado transparente y ordenado. Ha sido un proceso de discusión enriquecedor pues hay una clara voluntad para diseñar un acuerdo que garantice los derechos de los accionistas", afirma Rodrigo Galarza, vicepresidente de Asofondos.

Con las reglas claras, el mercado seguramente se sentirá más tranquilo. Del éxito que tengan estas garantías depende en buena medida el futuro de otros procesos de democratización. Una vez ganada la confianza, lo más fácil es perderla por lo que la empresa tendrá que garantizar que cumplirá los objetivos que ha propuesto y que los mismos permanezcan en el largo plazo. Sin embargo, no basta con que la empresa tenga la iniciativa. Ahora el mayor reto lo enfrentan los inversionistas, que deberán asumir un papel activo y hacer valer sus derechos. Finalmente, estas iniciativas solo benefician a los inversionistas en la medida en que las conozcan, entiendan y hagan efectivas.
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