Empresas que salen a flote

| 11/24/2000 12:00:00 AM

Empresas que salen a flote

La ley 550 o de reactivación empresarial les ha permitido a 19 empresas reestructurar sus deudas.

La semana pasada fue la mejor del año para Danaranjo. No solamente logró solucionar el problema de su deuda financiera, sino que firmó con todos sus acreedores el acuerdo para la reestructuración de un pasivo que ascendía a $12.367 millones hasta entonces.

A comienzos de año, Danaranjo tenía activos por $19.500 millones y de su pasivo, $4.000 millones correspondían a deudas financieras y $3.300 a las adquiridas con proveedores. Acogerse a la ley 550 o de reactivación empresarial le sirvió para evitar durante 8 meses las acciones legales en su contra y dedicarse a renegociar con mucho esfuerzo, porque la norma dejaba por fuera ciertos aspectos del negocio. Por ejemplo, su principal activo, una bodega en la zona industrial de Bogotá, era el objeto de un contrato de leasing que le costaba $120 millones mensuales y cuyo pasivo era cercano a los $3.000 millones. Esta deuda no era susceptible de arreglo porque la revisión de contratos de leasing hacia el futuro no está contemplada en la ley 550.



Después de muchas conversaciones, el promotor del caso, Rafael Mario Villa, decidió ceder la opción de compra de la bodega a un grupo de bancos privados para que le otorgaran recursos frescos con la bodega misma como garantía. La conclusión que deriva Villa de su propio caso es que la ley en efecto da tiempo y aporta los mecanismos para sacar las empresas adelante, pero que la situación de la economía en general y la falta de reglamentación de una parte de la norma hacen necesario inyectarle creatividad a la negociación para que sea efectiva, como ha sido hasta hoy en 19 casos.



Los resultados



El objetivo de la ley 550, expedida en diciembre de 1999, era reactivar el sector productivo mejorando la competitividad de las empresas y fortaleciendo su gestión administrativa, financiera y contable. Para entonces, las compañías nacionales enfrentaban una difícil situación: solo durante 1999 la industria había perdido $532.000 millones (las inscritas en el Registro Nacional de Valores) y 80 compañías habían entrado en concordato por pasivos que superaban el $1 billón.



La alternativa de la nueva ley, en contraposición al concordato, flexibilizaba los mecanismos de negociación, de forma que los acreedores podían participar en la búsqueda de la solución, en lugar de reducir su papel al de cobradores de deudas que ejercían en el concordato tradicional. Este atractivo, sumado al tiempo que la ley daba a las empresas al imposibilitar los procesos legales en su contra durante el tiempo de negociación, logró que 259 empresas se acogieran en el año en curso, con intención de solucionar el $1 billón que traían en pasivos. Las textileras fueron las compañías más grandes en seguir los lineamientos de la norma.



Hasta la fecha se han logrado 19 acuerdos. El pasivo reestructurado es de unos $300.000 millones; el de Fabricato y Tejicóndor, firmado hace dos semanas, es el 80% de esa suma.



En 7 casos no fue posible lograr consenso y las compañías entraron en liquidación.



Para algunos, como el superintendente de Sociedades, Jorge Pinzón, el éxito de la ley es claro, pues no solamente debe medirse por el número de acuerdos logrados, sino por la aceptación del mecanismo de participación de los acreedores en las conversaciones, según el cual ellos adquieren derechos de voto que les permiten trabajar en conjunto. "Es muy significativo que ya tengamos 118 sociedades que han determinado sus derechos de voto porque esa es la parte fundamental del proceso; es el primer paso hacia el acuerdo final", dice Pinzón. Además, asegura que, en comparación con el concordato, la ley ha reducido en 96% el número de objeciones de los créditos interpuestas por los acreedores.



Sin embargo, los promotores piensan que si bien ha sido un logro suscribir 19 acuerdos este año, el resultado solo podrá medirse en la medida en que se garantice la viabilidad integral de las compañías. "No basta con conseguir la viabilidad operativa mediante la reestructuración de deudas, pues una compañía puede efectivamente lograr que sus acreedores negocien. Lo que la salva es ser realmente capaz de pagar los pasivos con el producto de su ejercicio. Por eso, hay que hacer compromisos de largo plazo y entender la ley como una herramienta en un proceso", opina Guillermo Alberto Isaza, promotor de Coltejer y Textiles Rionegro.



En otras palabras, el verdadero éxito de un acuerdo depende tanto de la reestructuración de las deudas como de la modernización empresarial, ya que la dificultad para renovarse tecnológicamente y adaptarse al mercado internacional fue una de las causas principales que llevaron a las compañías a la situación actual. Al entender este punto, el promotor de los casos de Fabricato y Tejicóndor, Alvaro Restrepo, incluyó en el acuerdo una futura unión operativa que les permitirá reducir costos administrativos y por ende ser más competitivos. Y en el caso de Danaranjo, una condición de los acreedores fue que la familia Naranjo se retirara de la administración de la empresa.



Pero no en todos los casos se han adoptado medidas pensando en el largo plazo. "Creo que el tema de la gente y la administración como tal no ha tenido el peso suficiente en los acuerdos. Como el promotor no puede meterse en asuntos de administración y solo se dedica al caso por unos meses, a veces se quedan por fuera aspectos que comprometen la viabilidad del negocio", opina Villa.



Por pensar precisamente en esa viabilidad, el gobierno incluyó en la norma la conducta empresarial y el sinceramiento de la contabilidad, temas que aún no han sido reglamentados y que por ende no han jugado un papel primordial en los acuerdos, excepto cuando los promotores los han resaltado. "Es imprescindible ser totalmente sincero con los acreedores sobre la situación real del negocio y hacerles ver que la situación se extiende hacia el futuro, lo cual implica muchos años", piensa Restrepo, promotor de Fabricato.



Problemas puntuales



Si bien los aspectos de largo plazo concentran la atención de quienes ya obtuvieron acuerdos, para los que están en proceso aún quedan problemas de corto plazo por solucionar: la deuda fiscal y la escasez de recursos para capitalizar.



El primero es un obstáculo porque $215.000 millones, es decir, el 20% del pasivo empresarial, corresponden a una deuda adquirida con las entidades públicas, lideradas por la DIAN, organismo que no podía negociar sino bajo las condiciones determinadas por el Estatuto Tributario, más exigentes de lo que los empresarios necesitaban. "Hubo que flexibilizar algunos aspectos, como el plazo para conceder acuerdos de pago, el período de gracia y la tasa de mora, de forma que se adaptaran a las condiciones de negociación", dice Guillermo Fino, director de Impuestos Nacionales. La determinación se tomó este mes y sobre ella los promotores tienen comentarios favorables: "nos ayudó muchísimo para acelerar la firma", dice Villa sobre el caso de Danaranjo.



Por su parte, el asunto de la financiación también está pendiente de solución. Aunque el gobierno se comprometió en la ley 550 a facilitar el crédito por medio de la banca de segundo piso, los intermediarios financieros lo están pensando dos veces antes de entregar recursos frescos a las empresas en reestructuración. "A las compañías que entran en la ley 550 se les dificulta el crédito cuando debería ser al revés; deberían apoyarlas porque si están en reestructuración es porque son viables", piensa Isaza, promotor de Coltejer.



El asunto es que para los banqueros otorgar crédito a estas empresas implica riesgo. De una parte, los directivos de la banca oficial han preferido abstenerse por considerar que un crédito de estos puede traerles implicaciones penales en el futuro. De otra parte, los privados le temen al negocio porque durante los 8 meses de negociación la ley exige que se congele la calificación de los créditos, lo que quiere decir que si no se llega a acuerdo alguno, esta baja y el banco pierde. Por eso, los intermediarios prefieren limitarse a reestructurar lo ya otorgado y esperar hasta que el acuerdo sea un hecho para soltar nuevos recursos.



Los empresarios, por su parte, argumentan que tienen la intención de capitalizar, pero que el cierre del crédito no les permite hacerlo. En respuesta, el gobierno le propuso a Coinvertir, por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, que buscara inversionistas extranjeros para esas empresas. Hasta el momento, 5 de ellas han demostrado su interés en ser promocionadas en el exterior: Unimec, Condimentos Winsor, Trainco, Estec y Cekit.



Aún así, muchos no le apuestan al ingreso de capital extranjero y siguen presionando el desarrollo de incentivos tributarios para la capitalización con sus propios recursos. Este aspecto, sin embargo, no se contempló al elaborar la reforma tributaria y por tanto no será una solución en el corto plazo.



Si no se crean estímulos de este tipo, los empresarios se abstendrán de inyectar recursos porque su actual desempeño no les permite hacerlo, a pesar de que el sector productivo se ha recuperado en el 2000 y de que se ha avanzado en la interpretación de la ley 550. Es cierto que han ganado tiempo y utilizado nuevos instrumentos de negociación, pero todavía falta complementar el manejo de las negociaciones con los temas de la modernización y la conducta empresarial. Como la sola ley no podrá hacer lo que el mercado no hace, el problema de la capitalización seguirá dependiendo de los resultados de la economía en general y del sector financiero en particular.



La ley hoy

Un año después de expedida, 19 empresas han logrado acuerdos de reestructuración.



En 7 casos no se logró el consenso y las firmas entraron en liquidación.



En el momento otras 240 están en etapa de negociación. Los pasivos en discusión son cercanos a $1 billón.



La ley les ha dado tiempo a las empresas para analizar su situación y les ha permitido a los acreedores participar activamente en el proceso.



Lo que está pendiente

Crear estímulos fiscales para que los empresarios se decidan a capitalizar.



Reglamentar la norma en lo relacionado con la conducta y modernización empresariales.





El caso Fabricato-Tejicóndor

Hasta el momento, el acuerdo más grande de los 19 logrados es el de Fabricato y Tejicóndor, que comprendió la reestructuración de $246.823 millones. De este monto, $118.186 millones correspondieron al pasivo con entidades públicas, $93.235 millones al financiero y $35.402 millones al asumido con otros acreedores externos. El acuerdo fue aprobado por el 75% del total de acreedores votantes en el caso de Fabricato y por el 78% en el de Tejicóndor. Según el promotor del caso, Alvaro Restrepo, "estos porcentajes son muy importantes si se tiene en cuenta el tamaño de las empresas".



El éxito del proceso coincidió con varios factores. En primer lugar, los resultados generales de las compañías mejoraron durante el 2000 porque la eliminación de la banda cambiaria permitió la devaluación del peso y fortaleció las exportaciones del sector textil, cuyas ventas también se vieron favorecidas por la campaña de la DIAN contra el contrabando. Y en segundo lugar, porque el momento del acuerdo de reestructuración coincidió con el de negociar con los trabajadores el pliego de peticiones, lo que les dio mayor flexibilidad a las conversaciones. Por ejemplo, en Fabricato se desmontó hacia el futuro la cláusula de jubilación, según la cual los empleados que cumplían 32 años en la empresa tenían derecho a pensión, sin importar la edad.



Pero el aspecto más relevante del acuerdo fue el visto bueno de los acreedores sobre la futura unión operativa de Fabricato y Tejicóndor. Por pertenecer ambas al Grupo Emresarial Antioqueño, el proceso podrá completarse en el mediano plazo y les permitirá disminuir sus gastos administrativos, así como sumar sinergias que revitalizarán el ejercicio de las dos textileras. La fusión completa no se contempló porque las convenciones laborales de cada empresa son distintas y la unión resultaría en una operación mucho más costosa.



El papel de los empleados



En los acuerdos logrados, el papel de los trabajadores ha sido fundamental. Los de Fabricato y Tejicóndor comprendieron la importancia de reestructurar la deuda laboral para no perder la empresa completamente. El promotor Alvaro Restrepo se encargó de explicarles la imposibilidad de incrementar salarios en el siguiente período e incluso realizó una encuesta entre los 5.700 empleados para que los sindicatos tuvieran más tranquilidad en la toma de decisiones. "Entendieron muy bien la situación y colaboraron al máximo", dice Restrepo. En el caso de Danaranjo, los 550 trabajadores cedieron hasta pactar que no recibirán incrementos ni prestaciones superiores al IPC durante 5 y 7 años, respectivamente.



En la actualidad, hay 23.000 trabajadores involucrados en las negociaciones de reestructuración de pasivos laborales, sumadas las 240 empresas que aún no llegan a acuerdo.
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