| 6/16/1998 12:00:00 AM

El riesgo no descalifica

Las entidades financieras han comenzado a buscar que les califiquen sus papeles. Todas quieren ser AAA, pero es importante que haya diversidad en el mercado.

Por cuenta de las nuevas regulaciones sobre manejo de riesgo, el sector financiero está a punto de sufrir una nueva transformación. La regulación es aparentemente sencilla: a partir del 2 de febrero de 1999, todas las entidades tendrán que publicar la calificación de riesgo que les exigió la Superintendencia Bancaria. Pero su impacto va a ser grande, porque va a cambiar la forma como se maneja y se valora la información sobre las entidades en el mercado financiero colombiano.



Una calificación, en pocas palabras, es la opinión dada por un experto sobre la capacidad de repago de los papeles a disposición del público y sobre la capacidad de respuesta de una entidad a un cambio desfavorable en las condiciones económicas. De manera implícita, la calificación se refiere a la calidad de los bonos, CDT, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y demás productos que las entidades manejan.



Desde el punto de vista de los clientes, esta información permitirá calibrar el riesgo de los papeles que ofrece el mercado. Con esta información será posible decidir con mayor precisión cuál es el precio que se debe pagar por un papel.



La calificación de riesgo va a democratizar el acceso a la información. Hoy sólo la manejan quienes pertenecen a círculos selectos.



A calificar



Para extender una calificación se tienen en cuenta criterios cuantitativos y cualitativos. Según Gustavo Aristizábal, presidente de Duff & Phelps, en los cuantitativos los temas más importantes se relacionan con la calidad de la cartera, el valor de las utilidades y el índice de solvencia, que es la relación entre los activos y el patrimonio.



En los cualitativos, por su parte, juegan factores como el respaldo económico, la presencia o ausencia de un grupo que sostenga la operación de las entidades, los planes de expansión y sus fuentes de financiación, el tipo de clientela, y el comportamiento de la firma frente a las utilidades que percibe, es decir, cómo y para qué se utilizan.



Con base en esos puntos, Duff & Phelps y BankWatch Ratings, las dos calificadoras de riesgo que operan en el país, extienden calificaciones en rangos que van desde AAA, que es el máximo para las entidades en las cuales el riesgo es prácticamente inexistente, hasta DD para las que presentan incumplimientos en las obligaciones y pagos. De BB para abajo están los grados de no inversión, o especulativos, que reflejan falta de certeza sobre los pagos de intereses y capital.



La aparición de las calificaciones tendrá numerosos efectos positivos. En los países en los que está más desarrollada la cultura del riesgo financiero, la calificación es un instrumento para armar portafolios de inversión más eficientes. En la actualidad, puesto que no hay información explícita sobre las distintas entidades, en Colombia las tasas de interés son muy similares. Es probable que las entidades que mejor manejan el riesgo estén pagando tasas demasiado bajas por sus papeles, mientras que las entidades más riesgosas estén remunerando a sus inversionistas por debajo del nivel debido.



El nuevo esquema también va a dar mayor agilidad y transparencia al mercado. En la actualidad, decisiones de enorme importancia se toman con base en informaciones que no pasan de ser rumores. "La calificación va a democratizar el acceso a la información", dice Jorge Humberto Botero, presidente de la Asociación Bancaria. "Actualmente sólo la manejan quienes tienen acceso a círculos selectos, pero con la publicación, todo el mundo va a poder conocerla".



Las calificadoras también le añaden un nivel de seguridad al sistema como un todo.



De acuerdo con Francisco Azuero, gerente del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), la creencia generalizada, aún entre los inversionistas con mayor capacidad de análisis, es que basta la vigilancia de la Superintendencia Bancaria para contar con cero riesgo. Pero la Superintendencia es realmente la última línea de defensa del sistema; los inversionistas necesitan información con mayor anticipación.



Se necesitan muchos papeles con diferentes calificaciones para poder tener una curva de rendimientos



Ruido inicial



De otra parte, la entrada en funcionamiento de las calificadoras tendrá otro tipo de impactos de corto plazo que no son necesariamente deseables.



El tema de la divulgación de las calificaciones, por ejemplo, ha generado ciertos problemas. Una calificación de primer nivel, por supuesto, es un punto a favor de las entidades y ellas la usan para promover sus negocios. Así lo hizo, por ejemplo, la Corporación Financiera del Valle desde 1996, al divulgar su calificación mucho antes de que ésta fuera una exigencia de la Superintendencia Bancaria.



Pero las calificaciones AAA obtenidas por los bancos de Bogotá, Citibank, Davivienda y BIC, entre otros, han llevado a otras entidades que recibieron puntajes inferiores a frenar la divulgación de sus resultados. Puesto que el sistema aún no entiende bien el significado de las distintas calificaciones, se teme que aparecer a la vista del público con un grado inferior al AAA podría generar problemas.



Para Rafael González, presidente de BankWatch Ratings de Colombia, todavía se malinterpreta el significado de las calificaciones. En estas confusiones incurren incluso presidentes y vicepresidentes financieros de empresas muy importantes. "Eso es absurdo, las otras calificaciones también son buenas y benefician la diversidad de inversiones. Si no hay papeles con distintas calificaciones, no puede haber una curva de rendimientos", sostiene González.



Puesto que la aversión al riesgo varía entre las personas, las calificaciones pueden cumplir la tarea de permitir a las entidades menos buenas incrementar el atractivo de sus emisiones, a punta de mayores rendimientos.



Pero los problemas derivados de una mala comprensión del significado de las calificaciones pueden extenderse, en especial porque ellas comenzarán a divulgarse en un momento en que la situación general del sistema se viene deteriorando debido a las elevadas tasas de interés, al incremento de la cartera mala y a la desaceleración de la economía. Las calificaciones podrían contribuir a magnificar la mala percepción que existe sobre algunas entidades.



Y hay otro riesgo adicional. En este momento, sólo hay dos calificadoras aprobadas por la Superintendencia Bancaria y son pocas las calificaciones que han entregado. Si las entidades financieras no se apresuran a buscar la calificación y se presentan todas al tiempo y a última hora, en el segundo semestre de este año las solicitudes ante las firmas calificadoras podrían llegar a superar la capacidad de estas empresas para satisfacer el mercado. Las empresas que se demoren en comenzar los trámites podrían verse en dificultades para cumplir los plazos exigidos por la Superintendencia.



Si las entidades dejan la calificación para última hora, en febrero de 1999 no van a poder cumplir lo exigido.



¿Y de la Caja, qué?



Un tema inevitable es la forma como las calificadoras valorarán la situación de la Caja Agraria, cuyos bajos índices de solvencia y gestión dificultan la entrega de cualquier calificación. La Caja tiene un patrimonio negativo y la única razón por la cual no ha sido intervenida es la presencia del capital garantía entregado por el gobierno.



Para Gustavo Aristizábal, presidente de la calificadora Duff & Phelps, una eventual calificación para la Caja depende por entero del apoyo que el Gobierno pueda brindarle. "Nosotros calificamos la capacidad de pago de las obligaciones y si el Gobierno está dispuesto a extenderle una garantía a la entidad cuando entre en problemas, podría otorgársele una calificación".



La situación de la Caja no es clara, sin embargo. La figura del capital garantía sólo existe en Colombia y no es fácil ver cómo se manejará una calificación que debe ajustarse a unos parámetros internacionales de valoración.
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