| 7/22/2015 7:00:00 PM

El colapso del edificio 'Space' dejó su huella en la legislación colombiana

La reciente aprobación en primera instancia del proyecto de Ley de Vivienda Segura en la Cámara vuelve a encender el debate sobre la conveniencia de crear un seguro que proteja a los compradores frente a futuras fallas estructurales.

El colapso del edificio Space en Medellín, ocurrido en septiembre de 2013, encendió un debate sobre si se debían crear nuevas leyes que aumentaran la vigilancia en la construcción de edificaciones y establecieran medidas para proteger a los compradores en caso de que su vivienda colapsara por responsabilidad del constructor. La realidad es que quienes compran su vivienda están prácticamente desprotegidos si esta sufre un siniestro por fallas en la construcción. 

Por ello, y para evitar dolores de cabeza de este tipo, en febrero de 2014 el Gobierno anunció el trámite de una ley ante el Congreso –conocida como Ley anti-Space– cuyo foco de atención es la creación de un mecanismo que permita a los constructores cubrir los riesgos ante una eventualidad. Mientras gremios como la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) apoyan crear una póliza estructurada que permita amparar la ocurrencia de estas fallas, los constructores han objetado la idea.

Ese primer intento de crear una póliza obligatoria fracasó en junio del año pasado con el hundimiento del proyecto de Ley “anti-Space”. Sin embargo, el Gobierno no se dio por vencido y en marzo de este año volvió a radicar un proyecto de ley que denominó Vivienda Segura

Pero, para sorpresa de las aseguradoras, que habían respaldado la ley “anti-Space”, el nuevo proyecto presentado por el Gobierno eliminaba el seguro obligatorio que debían asumir las constructoras, y solo enunciaba la obligación de ellas de amparar los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios afectados por el colapso o amenaza de ruina como consecuencia de deficiencias en la construcción. 

Según Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, “esta ley es un saludo a la bandera, pues en realidad no protege a los compradores de vivienda y no evita que casos como el de Space vuelvan a suceder”. 

Por su parte, Sandra Forero, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), asegura que la póliza no es preventiva y que su principal efecto sería encarecer los precios de la vivienda.

En medio de este ‘tira y afloje’, el proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión VII de la Cámara y todavía tiene que afrontar otros tres debates en la próxima legislatura para que se convierta en Ley. Según el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y el congresista y ponente de la propuesta, Didier Burgos, durante este tiempo los congresistas podían incluir en el articulado el tema de la póliza obligatoria. Un asunto que promete aumentar las tensiones entre los aseguradores y los constructores.

¿Es necesaria una póliza obligatoria para evitar que sucedan casos como el de Space? La pregunta ronda en el ambiente. Para Forero la respuesta es no. Según ella, el propósito de la Ley de Vivienda Segura es aumentar la vigilancia para que no vuelva a pasar una situación similar; pero para Botero, una póliza obligatoria no solo favorecería a los compradores de vivienda sino a los bancos que financian la construcción de vivienda. 

En un foro de socialización del proyecto de Ley realizado a finales del año pasado, Botero dijo que esta póliza, además de evitar que los damnificados tuvieran que iniciar largos procesos judiciales para recuperar su inversión, también beneficiaba a los bancos. Según él, cuando se inicia una construcción, la empresa dueña del proyecto debe recurrir a créditos porque no tiene el suficiente capital para realizarla. 

En caso de un eventual colapso de las edificaciones por fallas en la construcción, la constructora ni está en capacidad de responderles al banco ni a los compradores. Por eso, para Botero es importante la existencia de un seguro que evite este riesgo, a tal punto que ha afirmado que varias de las compañías aseguradoras están pensado en emitir una póliza, independientemente de la suerte del proyecto de Ley sobre Vivienda Segura. El debate continúa sobre la mesa.

Interrogantes

Sobre la protección de los compradores de vivienda, el articulado aprobado por la Comisión VII de la Cámara de Representantes dice: “En el evento que dentro de los diez (10) años siguientes a la expedición de la Certificación Técnica de Ocupación de una vivienda nueva, esta colapse, perezca o amenace ruina como consecuencia de las deficiencias en el proceso constructivo, del suelo, de los materiales o de los diseños, con los que se construyan tales edificaciones, el constructor y/o el enajenador de vivienda nueva, o quien actúe a su nombre o en su interés, estará obligado a cubrir los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios que se vean afectados”. Sin embargo, esta propuesta genera varios interrogantes:

¿A qué mecanismos deben recurrir los damnificados de un posible colapso de su vivienda?

¿En cuánto tiempo la constructora debe resarcir los daños causados?

¿Qué entidad del Estado hará cumplir esta obligación?

¿Qué pasa si la constructora no cuenta con el suficiente capital para cubrir los perjuicios patrimoniales?.
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