| 6/1/1993 12:00:00 AM

Contribución inconstitucional

EL SISTEMA financiero requiere para su funcionamiento, de la confianza de ahorradores y depositantes. Esta confianza, a su vez, depende de una adecuada supervisión por organismos especializados: el banco central, en algunos países; superintendencia bancaria, en otros. Como esa tarea es costosa, y razonablemente se asume que su primer beneficiario es el propio sector financiero, éste suele pagar, en todas partes del mundo, el servicio.

En Colombia viene ocurriendo así desde 1923, pero bajo un esquema perverso: la Superintendencia define, en primer término, cuánto quiere gastar cada año, y luego lo reparte entre las instituciones vigiladas, tomando en cuenta la naturaleza de ellas y el monto de sus activos. En este esquema resultan beneficiadas las corporaciones de ahorro y vivienda, que sólo contribuyen en la mitad de lo que corresponde a las demás entidades de crédito.

Este esquema de cobro lleva, entre otras cosas, a que la Superintendencia no tenga necesidad de buscar la eficiencia en la prestación de sus servicios. Los usuarios terminan pagando el exceso de personal y la tramitología innecesaria.

Aún cuando absurdo, el esquema ha funcionado durante 60 años, pero puede resultar traumático para la banca nacional ahora que se la obliga a competir con la extranjera. Algo similar a lo que sucede con los encajes y las inversiones forzosas.

La Corte Constitucional acaba de admitir una demanda judicial contra las normas reguladoras de la contribución. Se vaticina que ésta tiene altas posibilidades de éxito porque la nueva Constitución ha cerrado el camino para que entidades como la Superintendencia Bancaria actúen con la autonomía que ha sido habitual. Si este pronóstico se cumple, el gobierno tendría otro tropiezo fiscal.
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