| 8/18/1998 12:00:00 AM

¡A meterle imaginación!

Las pensiones voluntarias podrían canalizar volúmenes mucho mayores de recursos si se corrigen problemas en la legislación y se le mete imaginación al problema.

Las pensiones voluntarias se abrieron como una opción de ahorro para los colombianos con la reforma del sistema pensional que introdujo la Ley 100 de 1993, pero su crecimiento ha sido menor al que se esperaba en el momento de su gestación. La falta de conocimiento del público sobre las ventajas del sistema y los frecuentes cambios en las reglas del juego se han combinado para evitar que el potencial se realice.



Todavía es tiempo de actuar para corregir esta situación. La captación de ahorro para pensiones voluntarias es una de las grandes líneas de negocio en el sector financiero en otros países y también uno de los principales vehículos de captación del ahorro. También podría serlo en nuestro país, con la legislación adecuada. Esto implica, primero, corregir errores en la legislación; segundo, mejorar con imaginación los incentivos a este ahorro de largo plazo; y, tercero, dejar quieto el marco regulatorio para que la gente pueda familiarizarse con él.



Pensión planeada



¿Qué es una pensión voluntaria? Quien entra en este sistema se compromete a realizar un aporte periódico, adicional al aporte a la pensión obligatoria, para conformar un capital destinado a su pensión. Es una inversión inembargable y libre de impuestos, siempre y cuando el afiliado no se retire antes de adquirir el beneficio pensional. El objetivo final de la pensión voluntaria es disminuir la brecha entre la pensión obligatoria y el salario presente de las personas. En Colombia hay 17 empresas que prestan este servicio, entre administradoras de fondos de pensiones, AFP, y sociedades fiduciarias.



Si bien el volumen de recursos captados por el sistema viene creciendo, pues está en la fase inicial de desarrollo, las tasas a las que lo hace han caído en los últimos años. Los recursos captados por el sistema a junio de 1998 llegaban a $404.000 millones, una cifra pequeña si se compara con el potencial. Mientras que el crecimiento en 1995 fue del 94%, en 1997 fue de 59%. Las proyecciones indican que el crecimiento de 1998 será inferior al de 1997 y cercano al 50%.



El fondo con mayor valor es el que administra Skandia pues a junio pasado tenía $192.781 millones, el 48% del total. Pero Protección es la que más afiliados tiene, con 11.378, mientras Skandia cuenta con 8.604.



Así, el sistema de pensiones voluntarias no ha podido llenar la promesa que hizo: canalizar un volumen importante de ahorro para cubrir las necesidades de inversión del país y ayudar a reducir el desfase entre los salarios que reciben los empleados mientras están activos y el monto de la pensión.



Vueltas en el camino



Las administradoras de pensiones voluntarias no han logrado calar con sus productos en la mente de sus clientes potenciales. Esto se debe, en buena medida, a la falta de promoción y mercadeo para el sistema. Pero los frecuentes cambios en las reglas del juego tampoco han ayudado.



Cuando el sistema apareció, la legislación permitía a los afiliados retirar sus ahorros en el corto plazo sin cobro de retención en la fuente. Este era un problema serio pues permitía que en el corto plazo se fugara un ahorro captado dentro de una lógica de largo plazo. Pero, además, según se estableció, este canal comenzó a ser utilizado para el lavado de dinero. Pronto el gobierno determinó que la retención sobre el salario sólo dejaría de cobrarse si los ahorros permanecían intactos durante 5 años. Ello desestimuló el uso de estos fondos como vehículos financieros de corto plazo.



Este efecto favoreció los intereses de recaudo del gobierno y para las propias empresas, por cuanto sus captaciones comenzaron a comportarse como verdaderas captaciones de largo plazo, dotadas de mayor estabilidad.



Pero ahora, lo poco que se ha logrado para que la población ahorre en pensiones voluntarias puede venirse a pique por los nuevos cambios en la regulación. El decreto 841 de 1998 introdujo un nuevo sistema de cobro de la retención en la fuente sobre los ahorros en pensiones voluntarias, lo cual complica los cálculos para las administradoras y confunde a los usuarios.



Una medida de carácter retroactivo dentro del 841 obliga ahora a las administradoras de pensiones a hacer un complejo manejo operativo cuando el ahorrador retira fondos. El decreto exige que en el momento en que el aportante retire dinero, debe aclarar de cuál aporte (mes y año) quiere retirar para decidir si se le cobra o no la retención. Sólo se pueden retirar con el beneficio de la exención sobre retención en la fuente aquellos aportes que ingresaron al sistema hace más de 5 años.



El cambio es sutil, pero muy importante. Hasta el decreto, era posible beneficiarse de la exención de la retención cinco años después de haber comenzado a aportar, sobre todos los recursos aportados en el período. Con el decreto, sólo es posible beneficiarse de la exención sobre aquellos aportes mensuales que hayan permanecido cinco años dentro del fondo de pensión voluntaria. En otras palabras, una persona que aporte durante cinco años y un mes sólo podría sacar los ahorros correspondientes al primer mes con el beneficio de la exención de la retención en la fuente. Sobre todos los demás aportes debería aplicársele el impuesto.



Para las administradoras el cambio es un auténtico dolor de cabeza. El mayor problema es la retroactividad de la medida, pues hasta ahora la mayoría de las administradoras manejaban los ahorros como un saldo único y no hacían una distinción según los meses en los que se entregaban los aportes. En otras palabras, muchas no tienen la información necesaria para hacer cumplir la medida respecto a los fondos que ya estaban en el sistema antes de la expedición del decreto.



Así, muchos ahorradores que han ido recientemente a retirar sus fondos se han encontrado con una sorpresa: los sistemas no tienen la capacidad de calcular los valores que se les deben entregar ni los cobros de impuestos que se deben hacer a nombre del fisco.



La nueva mentalidad



María Isabel Patiño, presidenta de Asofondos, cree que el problema es la falta de reglas claras por parte del gobierno. Aunque defiende la medida de los 5 años mínimos de aportes sin retiros como una buena fuente de ahorro, critica las otras medidas operativas que se incluyen en el decreto 841, por las consecuencias negativas que pueden traer para administradoras, fiduciarias y ahorradores.



Pero incluso después de corregir este problema, es necesario introducir cambios para ampliar el atractivo de los fondos.



Para María Claudia Correa, directora de pensiones voluntarias en Skandia, "las pensiones voluntarias se deben mirar ahora como ahorros a largo plazo y como un complemento a la pensión obligatoria".



Correa afirma que pronto será necesario aplicar un esquema como el que está en marcha en Estados Unidos, que consiste en permitir que el ahorro de las pensiones voluntarias pueda ser utilizado como garantía cuando una persona solicita crédito ante el sistema financiero. Esto permitiría que los individuos mejoraran su posición como sujetos de riesgo ante las entidades financieras y probablemente les facilitaría acceder a mayores créditos y con mejores tasas de interés. Pablo Trujillo, gerente de Fiduciaria Alianza, afirma que "el gobierno debe jugar limpio con las pensiones voluntarias" y propone que "para garantizar el ahorro, se debería establecer una única medida en la cual se establezcan reglas claras en caso de que algún individuo decida retirar sus ahorros en pensiones voluntarias. Si los retira el primer año, se le hace un descuento del 5%, por ejemplo, sobre la retención en la fuente. Si lo hace en el noveno año, se le daría un descuento del 95%".



Trujillo hace otro planteamiento: permitir que las empresas en las que trabajan los aportantes también se beneficien de los aportes voluntarios. ¿Cómo? Contribuyendo con un porcentaje del aporte de cada empleado, a cambio de un beneficio tributario. Según Trujillo, los fondos de pensiones voluntarias en el mundo son mecanismos principalmente institucionales y no individuales. Una medida de este estilo ampliaría la participación de empresas e individuos en el sistema.



Los problemas y las soluciones están sobre el mantel. El nuevo gobierno tendrá que simplificar los confusos decretos, resolver los obstáculos prácticos del cobro retroactivo y luego mantener la estabilidad del marco regulatorio, para devolverles la confianza en las bondades del sistema a las AFP, a las fiduciarias y, sobre todo, a los ahorradores, antes que todos se vayan con su plata a otra parte.
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