| 9/19/2003 12:00:00 AM

Una ciudad pública

Los alcaldes tienen todas las herramientas de ordenamiento urbano para darles un buen futuro a sus ciudades. Si las aprovechan, los próximos años serán de desarrollo.

Bogotá pasó de ser la cenicienta de las capitales colombianas a convertirse en un modelo para imitar, no solo para otras ciudades del país, sino para capitales como Quito, Lima, México, Teherán y Yakarta, que han estado estudiando el sistema de TransMilenio para aplicarlo en sus localidades. Este es el mejor ejemplo de lo que pueden representar 10 años en la vida de una ciudad. Si otros municipios de Colombia adquieren una dinámica similar (Medellín avanza a paso muy firme), la vida urbana del país podría tener un rostro muy diferente y mucho más positivo para el año 2013.

Lograr esta transformación ha sido fruto de una sucesión exitosa de alcaldes, que han sabido mantener una visión de largo plazo de la ciudad. El Estatuto Orgánico de Bogotá, que se promulgó durante la administración de Jaime Castro, la disciplina fiscal de Antanas Mockus, la ejecución de Enrique Peñalosa y la continuidad que se dio en la segunda administración de Mockus han sido, sin duda, los factores que han permitido el desarrollo de Bogotá.

La gran lección de Bogotá, sin embargo, no es simplemente que es necesario elegir buenos alcaldes, sino que las ciudades deben contar con una legislación y unas reglas de juego orientadas a su desarrollo para todos. Por fortuna, esta filosofía está siendo adoptada por el país. Por una parte, la Constitución de 1991 sembró las bases para que se hiciera un reconocimiento explícito de los derechos de los ciudadanos, elevó de categoría la preocupación por el ambiente, promovió la descentralización y abrió las puertas para una participación más activa de las comunidades en su destino. Por otra, la ley de ordenamiento territorial ha hecho que a más tardar este año, por primera vez, los municipios tengan que presentar su plan de ordenamiento territorial (POT), que liga la plataforma política del respectivo alcalde con la planeación física y espacial de la ciudad. En otras palabras, los alcaldes tienen que hacer la planeación del espacio en el POT, y deben hacerlo de manera participativa, para que las decisiones que se tomen en él sean compartidas por toda la ciudadanía. "En diez años esperaría que fuera muy importante la noción de derecho de la ciudad, entendida como un derecho colectivo, en el cual prime lo público frente a lo privado", afirma Adriana Parias, investigadora del Centro de Investigación sobre Dinámica Social de la Universidad Externado de Colombia.

Lo que se ha visto en Bogotá, y que se empieza a ver en las otras ciudades, es que los municipios están pasando de hacer una planeación local muy condicionada a regular el mercado inmobiliario, a una con mayor conciencia del espacio y los intereses públicos. Por eso se incorporan premisas constitucionales como la protección al ambiente, y temas como la recuperación del espacio público, la construcción de parques y bibliotecas y la creación de ciclorrutas.

Un capítulo especial merece el tema del transporte, pues por primera vez se regula este negocio privado que tiene implicaciones públicas a favor de la comunidad. Los resultados de TransMilenio en Bogotá han hecho que este sistema de transporte masivo se lleve a otras ciudades, y Cali, Medellín, Barraquilla y Pereira ya están en lista para adoptar este modelo.



Los retos

La coyuntura para un desarrollo más racional de las ciudades está dada. Pero para que los instrumentos que dejaron la Constitución y la ley tengan el impacto esperado, se deberán sortear cinco grandes retos.

En primer lugar, debe haber un mayor trabajo con la ciudadanía para generar una verdadera cultura de la participación, para que así las comunidades se involucren más en los procesos de desarrollo urbano.

El segundo reto es el de la globalización y sus implicaciones, que obliga a las ciudades a ser más competitivas para poder insertarse en la economía mundial. La necesidad de atraer inversión a las regiones y de desarrollar cadenas productivas está creando una mayor conciencia en las administraciones sobre la necesidad de mejorar la productividad de sus ciudades.

El otro gran desafío se refiere al manejo del espacio público y de los derechos colectivos, con la urgencia de reducir el déficit habitacional que hay en el país. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial calcula que en Bogotá hay que construir 451.500 viviendas, mientras que en Medellín las necesidades llegan a 61.500 y en Cali a 130.100. "La búsqueda de competitividad de las ciudades no tendría sentido sin un énfasis en lo social, pues del equilibrio entre los dos temas depende la sostenibilidad de cualquier modelo", explica Alvaro Niño, quien ganó la pasada Bienal Panamericana de Arquitectura con un trabajo sobre el sentido histórico del espacio urbano.

El cuarto reto está relacionado con la implementación de los programas de gobierno, para que el desarrollo urbano no se convierta en un instrumento para lograr fines coyunturales, sino que trascienda las administraciones con objetivos de largo plazo.

El quinto desafío depende de los resultados del Referendo, en particular del 4º punto que, de ser aprobado, implicaría que las decisiones de gasto tanto para inversión nacional como territorial queden en manos del Congreso, las Asambleas y los Concejos. En otras palabras, en el caso de las ciudades el Concejo sería el encargado de controlar los ingresos y gastos de la ciudad, quitándoles margen de maniobra a los alcaldes.

Las condiciones están dadas para que las ciudades crezcan en una forma más ordenada y consultada con la población. Sin embargo, del control social que hagan los ciudadanos a sus alcaldes dependerá que la regulación sirva para generar una verdadera transformación urbana, o que las buenas intenciones se queden en el papel.
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