| 10/29/2010 12:00:00 AM

Ilegalidad: trampa al desarrollo

La ilegalidad, sumada a la informalidad, son dos grandes flagelos que tendrá que superar el país para hacer realidad su sueño de crecer sostenidamente a tasas del 6% anual. Diferentes sectores libran una dura batalla contra un delito que es enemigo de la productividad en Colombia.

El actual gobierno ha lanzado algunas estrategias que incrementarían la competitividad del país, como la creación de 2,5 millones de empleos nuevos en cuatro años y la formalización de por lo menos 500.000 empresas. Este es un compromiso importante ya que, de paso, se estaría afrontando la rampante ilegalidad que persiste en el país. Unidas, la informalidad y la ilegalidad afectan la productividad nacional -y, por ende, la competitividad- en la medida en que se emplea ineficientemente el recurso humano que tiene Colombia.

Según un estudio realizado para el Consejo Privado de Competitividad por Michael Porter y McKinsey Global Institute, esta mala asignación de los recursos repercute en la calidad de vida de los colombianos y en el ritmo de crecimiento económico y capacidad de innovación del país. El estudio señala que el bajo PIB per cápita, un indicador del nivel de competitividad de un país, evidencia que la economía colombiana tiene una baja productividad laboral que se extiende a través de todos los sectores.

Una parte importante de dicha productividad obedece a los problemas de ilegalidad. Como lo han demostrado diferentes estudios, altas tasas de informalidad y de ilegalidad son las principales causas para que la productividad de un país no crezca de manera sostenible.

La ilegalidad tiene muchas caras y permea casi todos los sectores de la economía nacional. Contrabando, piratería, falsificación y adulteración, entre otras, son las más notorias manifestaciones de un flagelo que es necesario contener por el bien de todos los colombianos.

El contrabando, por ejemplo, es un delito que el país ha buscado castigar severamente pero que continúa azotando a comerciantes y productores nacionales. Se presenta en dos modalidades: el contrabando abierto, que consiste en el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional sin ser presentadas o declaradas ante la autoridad aduanera; y el contrabando técnico, que consiste en el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional con presentación y declaración, pero que por una serie de maniobras fraudulentas alteran la información que se le presenta a la Aduana con el fin de subfacturar, evadir el cumplimiento de requisitos legales y cambiar la posición arancelaria, entre otras.

Las modalidades de contrabando que hacen parte de la 'cultura de la ilegalidad' afectan especialmente los sectores textil, confecciones y calzado; agropecuario; licores, cervezas y cigarrillos; autopartes; medicamentos; combustibles y juegos de azar.

Las causas de la ilegalidad son muchas y de diversa índole. Pero cada vez se tiene conocimiento de algunas menos obvias. Según Ángela María Orozco, presidente de Asograsas, un factor que propicia la ilegalidad recae en las deficiencias estructurales con que se hacen las auditorías parciales. "Cada entidad del Estado va por su parte, la Dian, el Invima, etc. Es necesario crear una fuerza integral que actúe simultáneamente, de manera que el acoso regulatorio sea tal que las empresas ilegales tengan que legalizarse. Esto implica crear una fuerza de representantes de distintas entidades que permita montar procesos transparentes".

En servicios públicos, la situación no es más alentadora. Por ejemplo, Cristián Herrera, gerente de Codensa, asegura que las pérdidas de energía vienen en aumento, generando una situación compleja sobre las finanzas de las empresas. Por ello, es necesario darles más 'dientes' a las sanciones, en especial a las de reincidentes en el robo de servicios públicos, como el de energía.

Como señala un reciente análisis de McKinsey, la competitividad en Colombia no ha mejorado y la tendencia es a empeorar. La principal razón es la baja productividad por hora trabajada -Colombia presenta bajos índices de productividad en prácticamente todos sus sectores económicos-. La informalidad y la ilegalidad son dos de las principales barreras al aumento de la productividad en el país y se hace cada vez más urgente revertir esta realidad. Eliminar las trabas no estructurales que impiden una mayor productividad requiere un trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Para ello, según los expertos de McKinsey, es necesario tener una visión clara y transparente de la situación y una estrategia país a la cual apostarle.
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