| 9/14/2007 12:00:00 AM

Empresas, comunidad y medio ambiente

Solo si se da una concertación previa entre las empresas y las comunidades para medir y mitigar el impacto de las obras en su entorno social y en el medio ambiente, se podrán garantizar los proyectos que se requieren para generar desarrollo. Experiencias polémicas.

Existen dos reglas de oro que todo megaproyecto tiene que seguir al pie de la letra: medir con exactitud el impacto ambiental y cultural que causará la obra, y practicar consultas previas con las comunidades para buscar de manera concertada la forma de mitigar dichas incidencias. Para la viceministra del Medio Ambiente, Claudia Mora, este tipo de proyectos, privados o públicos, no se pueden seguir desarrollando a espaldas de las comunidades. Asegura la funcionaria que se trata de una sociedad conyugal de cuya relación dependerá que, tanto empresa como comunidad, puedan seguir subsistiendo. "Es como un matrimonio para toda la vida", dice.
 
Y advierte que no seguir esta regla origina toda clase de conflictos sociales y económicos como costosos litigios, multas, parálisis de obras, suspensión de licencias, reparaciones ambientales e incluso el desquebrajamiento de ancestrales culturas indígenas. Según Mora, el espejo retrovisor colombiano está lleno de casos de obras y operaciones industriales que por sus complejas características han generado todo tipo de conflictos, al tiempo que han aportado aprendizajes importantes que, incluso hoy día, están siendo aplicados para sacar adelante nuevos proyectos en diferentes lugares del país.
 
Se recuerda, entre otros, la disputa de la Oxy con los indígenas Wayú, y la controvertida indemnización a los Embera katíos tras la construcción de la represa de Urrá. También han estado en 'medio del huracán', más recientemente, procesos como la exploración carbonífera de la Drummond en el Cesar, la controvertida operación de Acerías Paz del Río en Boyacá y la construcción del puerto de Dibulla en la Guajira, entre otros. Todos estos botones para la muestra han tenido que ver con el impacto al medio ambiente y las relaciones con las comunidades.

Precisamente, uno de los casos más recientes que reúne estas características, tiene que ver con los daños que causó un contratista de Acerías Paz del Río en el Páramo de Rabanal, en Boyacá, en donde se destruyeron unos 25.000 frailejones. Se trataba de un trabajo de exploración en busca de reservas de carbón que practicaba la firma Geoperforaciones, amparada en un contrato minero otorgado en 1989 por la desaparecida Carbocol, y que les permitía explotar carbón en la zona. Se utilizó un tractor para abrir una carretera de cuatro kilómetros de largo por tres de ancho. Por esta vía se llevó la maquinaria para hacer este tipo de mediciones.
 
Luego se hizo una perforación de 350 metros de profundidad, para analizar los mantos de carbón existentes. Sin embargo, el 19 de abril, la comunidad de la vereda Firita Peña, del municipio de Ráquira, impidió el paso del personal que venía operando los taladros por considerar que estaban dañando esta reserva natural, pues el frailejón destruido está en vía de extinción y algunos alcanzaban una altura hasta de dos metros. Además, el área es considerada reserva hídrica, de la cual se surten unas 300.000 personas. Por ahora, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) continúa evaluando la situación para determinar el tamaño del daño ocasionado y así mismo entrar a multar a la siderúrgica.

Esta situación 'inauguró' a los nuevos propietarios de Paz del Río, el grupo Votorantim, de Brasil. Según el vicepresidente ejecutivo, Wilson Danhoni Moraes, este hecho les dejó su primera gran lección: "Antes de realizar cualquier actividad de exploración o extracción de minerales en la región hay que concertar primero con las comunidades. Esa es la clave", dijo. Y en efecto, reconoce que sí debieron hacer presentaciones didácticas sobre las labores que iban a desarrollar y sobre la manera como después pensaban mitigar el impacto de las mismas, lo que hubiera evitado que la gente reaccionara de manera violenta. Danhoni reconoció que antes de comprar Paz del Río, la compañía brasileña conocía el pasado poco amigable con el medio ambiente que tenía la siderúrgica.
 
El año pasado, por ejemplo, Corpoboyacá suspendió la producción de los 57 hornos de la batería de coque No. 2 y de otras dos plantas de la empresa, por la contaminación que estaban generando. Solo se reactivaron bajo un plan de seguimiento. A su vez, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corporación que adoptara las medidas preventivas y sancionatorias a que hubiere lugar, ante los problemas de contaminación ambiental de Paz del Río que afectan actualmente a la población de ese departamento. Su mayor preocupación radicaba en el alto impacto de los contaminantes atmosféricos emitidos por la empresa que, a juicio del ente de control, atenta contra la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de 27 municipios del departamento.

La Procuraduría también solicitó mejorar las calderas de la planta de fuerza, ya que estas no sólo emiten material particulado (unas 5.431 toneladas anuales). Esta situación ha generado toda clase de denuncias por parte de los habitantes de la zona por las frecuentes enfermedades respiratorias y ojos irritados. También se culpa al complejo industrial de ser el principal contaminante del Río Chicamocha, lo que causa permanentes enfermedades como tos, amigdalitis y diarrea en niños que viven en las márgenes del río, como Tópaga (Boyacá).

Tras las denuncias de la comunidad, la empresa interrumpió las labores de exploración en el Páramo de Rabanal, retiró los equipos y se comprometió a reparar las dos hectáreas que resultaron afectadas con las mismas especies nativas, al mismo tiempo que contrató a habitantes de la región para realizar las obras de recuperación respectivas.
 
El vocero de la compañía dijo que la idea es promover en el país las mismas políticas de protección ambiental que pone en marcha Votorantim en las distintas plantas que tiene en su país natal, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Por eso, de entrada, está prevista una inversión inicial de US$50 millones en los próximos tres años para reducir los índices de contaminación de la planta en sus diversas operaciones.

La Drummond, a prueba
Otro escenario, donde se pondrá a prueba la capacidad de negociación entre los empresarios y la comunidad, será en la nueva etapa de exploración de carbón que se desarrollará en el centro del Cesar. Allí, la Drummond será uno de los principales operadores, pues realizará exploraciones en las áreas de El Descanso, Similoa y Rincón Hondo, donde se estiman reservas de 1.056 millones de toneladas de carbón en un área de más de 60.000 hectáreas. A mediados del año, el Ministerio de Ambiente le impuso una multa por $120 millones por transportar más toneladas de las permitidas en la licencia (la que debieron haber renovado en 2001) y sin el debido control ambiental. Además, la Drummond tendrá que implementar un sistema de cargue directo de carbón a los buques.
 
La medida se tomó debido a que en la actualidad se utiliza un sistema denominado de cargue indirecto, consistente en trenes de barcazas haladas por remolcadores que a juicio de la entidad generan considerables emisiones de partículas a la atmósfera. "Con esta medida buscamos articular la actividad carbonífera con una rigurosa protección ambiental", aseguró el ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano Ramírez. El cargue directo consiste en un sistema de bandas transportadoras cubiertas, humectadas permanentemente, las cuales mediante un dispositivo complementario de cargue telescópico depositan el carbón en la bodegas de los barcos, minimizando la posibilidad de emisiones de partículas a la atmósfera, para operaciones de altos volúmenes de carbón. Esta medida ambiental, tomada mediante la Resolución No. 1286 del 17 de julio del presente año, advierte que el sistema debe estar implementado y en operación a más tardar el 1 de julio de 2010.

"Pese a lo que asegura el Ministerio, la multa impuesta recientemente no tiene que ver con contaminación. Además, hacer el descargue directo en puerto no es viable y la Drummond no es la responsable de la contaminación que campea en el centro del Cesar", afirma Augusto Jiménez, presidente de la Drummond. Por su parte, la Procuraduría se ha pronunciado en el sentido de que es necesaria una concertación amplia y transparente con las comunidades para medir y mitigar el impacto ecológico y social que generarán las obras de excavación a tajo abierto en el centro del Cesar.
 
Además, consideró que la propuesta de la multinacional para reducir los efectos nocivos de la extracción del carbón se queda corta frente a las consecuencias ambientales que podrían derivarse de la operación en las minas; pues se prevé que se contaminen el suelo, el agua, la fauna y la flora. José Miguel Linares, vicepresidente de asuntos corporativos de la Drummond, aclara que son muchas las cosas que han cambiado desde que la multinacional entró a operar en el país, a finales de los 80. Señala, por ejemplo, que hoy en día existe en la compañía un departamento de comunidades que está en contacto permanente con la gente.
 
"El programa de comunidades se hace concertadamente con los habitantes de la región. Hablamos con ellos y tenemos interacción constante para determinar proyectos y prioridades. En el proceso de la mina de El Descanso se han hecho todas las consultas previas con los habitantes, líderes cívicos y políticos de estos municipios con quienes se han debatido los estudios ambientales. La comunidad está bien informada", asegura. Según Linares, el diálogo directo ha permitido contarle a las comunidades que se han tomado todas las medidas para reducir al máximo la contaminación del aire, las fuentes hídricas y el suelo.

"Ahora los sistemas de minería de Drummond son los más eficientes, pues contamos con bandas transportadoras. Además, tenemos un sistema de humectación con 18 carrotanques gigantescos y contamos con un sistema de cargue que consiste en un alimentador, una especie de embudo, que deposita el carbón en los camiones. Los buldózer van empujando el material, y al mismo tiempo los cañones de agua mojan el sitio para evitar que salgan partículas.
 
Para vigilar los niveles de contaminación del aire, Drummond cuenta con un sistema de control y monitoreo propio, más uno adicional para partículas más pequeñas que son las que ingresan al sistema respiratorio. De igual manera, le hemos dicho a la comunidad que nosotros no tercerizaríamos en materia de contratación y que el 98% de nuestros empleados son contratados directamente ", explica Linares, quien está a la espera de que le otorguen la licencia para empezar a explotar carbón en la mina de El Descanso.

Vuelve y juega
Y la realidad es bien consecuente con la necesidad de concertar con la comunidad los impactos ambientales y culturales que pueda generar un proyecto. No llevarlo a cabo, puede llevar a que este se paralice o se suspenda de manera indefinida. Es el caso del puerto de Dibulla, en la Guajira. El Ministerio de Ambiente dispuso, con relación a la licencia ambiental otorgada a la empresa Brisa, encargada de su construcción, la suspensión de cualquier actividad relacionada con esta obra.
 
Así mismo, deberá restituir o mitigar el impacto de un movimiento de tierras sobre un bajo ubicado entre dos humedales de alta importancia ecológica. La empresa, además, tendrá que concluir la concertación con las comunidades indígenas, tal y como lo establece la respectiva licencia. Debido a que, hasta la fecha, no ha cumplido con este último compromiso, la licencia sigue suspendida. En este caso, los indígenas Koguis, Wiwas, Arhuacos y Arzarios se opusieron a la obra por considerar que la misma desconoce sus derechos ancestrales sobre esa tierra a la que consideran sagrada. Sin embargo, no es la primera vez que no se toman en cuenta las comunidades indígenas para el desarrollo de proyectos de envergadura.

Cabe recordar que la Oxy Petroleum Company no pudo hacer exploraciones en territorio de los U'wa, en el nororiente colombiano, pese a que el Gobierno le había otorgado, en 1996, la licencia para llevar a cabo los estudios. Desde entonces se intentó construir un proceso de concertación que aún hoy no termina. Lo mismo sucedió con la construcción de la represa de Urrá, en el alto Sinú, donde tampoco hubo concertación previa con las comunidades Embera katíos.
 
Finalmente, la Corte Constitucional tuteló a favor de esta comunidad la protección de sus derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural social y económica; a la participación y al debido proceso. Ordenó la modificación de la licencia, reunificar los resguardos, llevar a cabo un Plan de etnodesarrollo (para lo cual se suscribieron 12 contratos con ellos) e iniciar un proceso de consulta previa y concertación entre las partes.
 
Investigadores coinciden en que las enormes erogaciones y compensaciones en efectivo en las que tuvo que incurrir la empresa cambiaron para siempre las ancestrales costumbres culturales de estas comunidades, lo que ha sido considerado como un daño irreparable a la idiosincracia indígena colombiana. Esta experiencia es la base sobre la cual se negociará próximamente la construcción de la segunda parte de la represa: Urra 2, anunciada por el gobierno y ante la cual las comunidades indígenas ya expresaron sus reservas.

Los nuevos retos que enfrentan empresas y comunidades para la concertación de nuevos proyectos y la construcción de un tejido social y de protección del medio ambiente, cuenta hoy día con las experiencias anteriores que poco a poco han ido educando a las partes. Las empresas saben que sin concertación previa pueden sufrir toda clase de tropiezos, mientras que las comunidades ya conocen todos los mecanismos de participación ciudadana y de veeduría que existen para hacer valer sus derechos. Las partes ya están entendiendo que se trata, de hecho, de una verdadera sociedad conyugal que, como el medio ambiente, hay que conservar.
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