El turno es para los posgrados

| 5/26/2001 12:00:00 AM

El turno es para los posgrados

Después de poner en cintura a las facultades de Ingeniería, el Ministerio de Educación se alista para evaluar los programas de maestría. Las acreditaciones estarán a la orden del día.

La calidad de la educación superior está en el ojo del huracán. Cuando apenas se aclaran los alcances del Decreto 792 de 2001, por el cual se establecen los estándares de calidad en programas académicos de pregrado en Ingeniería, el Ministerio de Educación Nacional ya se alista a implementar medidas similares en áreas críticas como Ciencias de la Salud, Derecho, Economía y Administración. No obstante la saludable controversia generada por estas acciones, han pasado inadvertidas las modificaciones que está realizando el Ministerio a la reglamentación de otro elemento fundamental del sistema de educación superior que desde hace años reclama reformas urgentes: los programas de posgrado.

El principal cambio que introduce el Ministerio es darle instrumentos a la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías, CNDM, para que vigile y controle los distintos programas que se ofrecen en el país y les exija acreditación. Y si bien estas facultades hacían falta, vale la pena pensar que más que controles, se debe dar libertad a las universidades para que innoven y adapten sus programas a las realidades del país y del mundo productivo, y no centrarse en el cumplimiento de requisitos formales. Eso sí, teniendo en cuenta unas evaluaciones periódicas que aseguren su calidad.



Los motivos



Hasta hace 10 años, la reglamentación vigente para maestrías, doctorados y posdoctorados no tenía mecanismos para evaluar su calidad y pertinencia a las necesidades del país. Así, la Ley 30 de 1992, que organizó el servicio público de la educación superior, fue un avance importante. Al ubicar la investigación como "fundamento y ámbito necesario" de actividad de estos programas, motivó la creación de un ente académico independiente que asesorara al Gobierno en la elaboración de políticas para su evaluación. Por ello, se conformó en 1994 la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías (CNDM).



Las intenciones de los decretos reglamentarios que debían enmarcar la gestión de la CNDM eran loables. Establecieron estrictos requisitos mínimos para la acreditación obligatoria de nuevos programas de maestría y doctorado, en cuanto a respaldo investigativo y disponibilidad de recursos humanos, científicos, financieros y tecnológicos. La licencia de funcionamiento así obtenida debía ser revalidada cada 5 años, para lo cual cada programa se sometería a un nuevo proceso de evaluación y acreditación. En cuanto a los programas que había antes de expedir estas normas, se les dio un plazo de 2 años para acogerse a las nuevas disposiciones. Además, en 1998, el Decreto 272 hizo obligatoria la acreditación previa de todas las maestrías y doctorados en educación, para lo cual se les concedió un plazo de 2 años.



En este orden de ideas, es de suponer que a la fecha la calidad de todos los programas de posgrado debería ser uniforme y estar debidamente acreditada. La realidad, sin embargo, es diferente. De las maestrías existentes antes 1994, ninguna cumplió el plazo de 2 años exigido para adecuarse a las condiciones del decreto 836. Así, de las casi 300 maestrías existentes, la CNDM solo ha acreditado 71. Los efectos del desequilibrio son claros. Para Hernán Jaramillo, ex integrante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y actual decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, "la diferencia entre la calidad de las maestrías existentes antes de 1994 --la mayoría-- es muy inferior a aquellas que han sido evaluadas por la CNDM. Salvo algunas notables excepciones, buena parte de ellas no son más que especializaciones con título de maestría, la calificación de su cuerpo docente es deficiente y carecen de investigación".



¿Cómo se llegó a esta situación? Aunque en círculos académicos existe un consenso favorable sobre la independencia, ética e idoneidad de la CNDM, la efectividad de su labor se ve limitada por factores políticos y legales ajenos a su competencia. Este es el caso de los programas de maestría que existían antes de expedir las normas. En 1996, cuando fue evidente que ninguno de ellos se acreditaría en el plazo establecido en el decreto 836, el camino era suspenderles la resolución que autorizaba su funcionamiento. No obstante, ante los elevados costos políticos, económicos y sociales de semejante medida, el Ministerio de Educación Nacional se abstuvo de tomar tal determinación.



Los vacíos de la normatividad aplicable a los programas de posgrado también han afectado su rango de acción. La CNDM no ha podido adelantar la acreditación a la que por ley deberían someterse todos los programas de posgrado periódicamente, pues hasta el momento ese proceso no se ha reglamentado. Solo ahora el Ministerio está concentrado en esa labor.



Otro punto importante es el de la validez de los programas de maestría y doctorado que ofrecen universidades extranjeras por medio de universidades nacionales, entes territoriales y empresas industriales y comerciales de todo tipo. Aunque la CNDM no descarta que una universidad del exterior ofrezca maestrías y doctorados en colaboración con universidades locales, en su opinión, algunos de los programas que funcionan bajo este esquema tienen irregularidades legales, académicas y administrativas, pues la convalidación en el país de los títulos otorgados no se encuentra debidamente reglamentada.



Pero los vacíos legales van más allá. Desde 1999, la CNDM ha discutido las infortunadas implicaciones de algunos apartes de la Ley 30 de 1992 sobre la estructura del sistema de educación superior. En el artículo 19, la ley reconoció como universidades a las instituciones que hasta 1992 eran consideradas como tales. Hoy es evidente que esto fue un error craso. En opinión de la comisión, esto hizo que muchas instituciones recibieran inmerecidamente el status de universidad, lo que les permitió, además de dictar programas de maestría de dudosa calidad, competir en el creciente mercado de la educación universitaria y acceder a los recursos destinados por el sistema a este tipo de instituciones.



De esto se deriva otro efecto perverso de la Ley 30. De acuerdo con documentos públicos de la comisión, la manera en que la ley clasificó a las instituciones de educación superior --instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias y universidades-- y la forma en que distribuyó las competencias entre ellas, ha propiciado la creencia de que la clasificación se asocia a un escalafón en el que las "universidades son instituciones de mayor categoría, en las que aspiran a convertirse las demás y en ese proceso de conversión pueden ofrecer una gama creciente de programas y títulos".



Estos cuestionamientos no son nada nuevo. De hecho, el sesgo negativo hacia la educación técnica y el excesivo enfoque de la oferta educativa en programas con un supuesto énfasis en la investigación han sido una discusión recurrente de círculos académicos y empresariales en los últimos 30 años. Para Hernán Jaramillo, el problema de fondo es la exagerada importancia que se les concede a las instituciones de educación superior per se. Según él, "independientemente de si son públicas o privadas, se deben incentivar por su calidad y no por su denominación".



¿Investigación?



El enfoque investigativo que la ley 30 les confiere a los programas de maestría es un aspecto muy polémico entre las instituciones de educación superior, muchas de las cuales proponen la disminución o eliminación de los requisitos de investigación exigidos en las normas. En opinión de algunos expertos, el hecho que la ley no contemple maestrías profesionalizantes, con un perfil más práctico, hace al actual sistema incongruente con el de países desarrollados que reconocen estos programas.



Si bien la CNDM reconoce que el tema merece un análisis detenido, cree que la existencia de las maestrías profesionalizantes no es incompatible con los compromisos de investigación de la ley 30. Según esta, las universidades deben ser instituciones que acrediten la universalidad de su accionar académico y su compromiso con la investigación al crear conocimiento. Esto solo es posible con la conformación de grupos y centros de investigación que respalden sus programas de pregrado y posgrado.



La realidad, sin embargo, parece demostrar el incipiente progreso del país en esta materia. En la reciente Convocatoria Nacional de Centros y Grupos de Investigación realizada por Colciencias en 2000, se presentaron 734 grupos y 102 centros de investigación, agrupados en 4 categorías según una ponderación de su composición humana y académica, su infraestructura física y su productividad científica. Los grupos evaluados pertenecen a 41 instituciones de educación superior, de un total de 290.



Para William Ponce, coordinador de la CNDM, "la ley 30, con todo y sus problemas, fue un avance importante para establecer una cultura de investigación en el país". La reciente convocatoria de Colciencias lo demuestra: pese a concentrarse en pocas instituciones, el número de grupos de investigación que la atendió fue superior en un 214% con respecto a la primera realizada en 1998, algo destacable dado su carácter voluntario e independiente.



Hoy, cuando el inexorable proceso de internacionalización de la economía colombiana le exige incrementar la competitividad de su aparato productivo, el fortalecimiento de la investigación es especialmente relevante. Solo así podremos conocer a fondo las particularidades de nuestro medio y encontrar la mejor manera de aprovechar sus potencialidades.



Por ahora, lo urgente es reglamentar la actualización de las maestrías existentes. Los cambios de fondo, que requerirán modificar la ley 30 y concertar a muchos actores, tomarán más tiempo.



También se debe examinar la conveniencia de integrar la visión formal de la educación y la necesidad de que los estudiantes de posgrado y de pregrado tengan una vinculación más estrecha con el mundo productivo, y que la universidad y la empresa se conecten, no para atender demandas cortoplacistas de profesionales, sino con una visión de país y de futuro.
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