El reto de la Costa

| 7/19/2001 12:00:00 AM

El reto de la Costa

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta tienen que pensar a largo plazo y aprovechar el momento político para mejorar la gestión pública y proyectarse al futuro.

El reto de las tres principales ciudades de la Costa Caribe en la década pasada fue mejorar su infraestructura de servicios públicos y prepararse para atender las exigencias de la apertura económica. Aunque no al mismo ritmo --con excepción de la modernización portuaria--, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta lograron mejorías en sus indicadores, sobre todo en el tema de energía que fue común a las tres.

Pero a mitad de camino se les atravesó la crisis fiscal, que si bien obedece a problemas estructurales de gestión de vieja data, explotó con los cambios que introdujo la Constitución de 1991 y la desaceleración de la economía.



Ahora, el reto de las ciudades es mayor, sobre todo para los alcaldes. Tienen que pensar a largo plazo y aprovechar su gestión para sanear las deterioradas finanzas municipales y solucionar de una vez por todas los problemas estructurales que llevaron a Barranquilla a entrar a la ley 550, a Cartagena a firmar el programa de saneamiento fiscal y financiero, y a Santa Marta a tener un déficit de tesorería cercano a $30.000 millones, aunque todavía no ha firmado ningún compromiso de ajuste.



Aunque esto implica hacer un trabajo interno y perder autonomía en el manejo de los recursos, si se afronta de una vez por todas puede proporcionarles a las ciudades la garantía de que van a poder enfrentar los grandes proyectos de inversión que cada una necesita.



Las ciudades del corredor portuario del Caribe tienen la ventaja de que el empresariado se ha ido fortaleciendo en su labor social y cada vez participa más en la definición del rumbo de sus distritos, colaborando activamente con el gobierno cuando este lo permite, o por medio de fundaciones e iniciativas del sector privado, cuando el proyecto lo amerita o no se encuentran espacios para actuar de la mano del sector oficial.



La "contraloría" empresarial, por tanto, podría asegurar que el saneamiento fiscal que hagan los municipios sea bien utilizado por los sucesores de los actuales alcaldes, siempre y cuando se mantengan las labores de vigilancia y el sector privado continúe dando las señales de alerta.



Barranquilla es la ciudad más adelantada de las tres en estos temas, ya que gracias a la gestión del empresariado en años anteriores logró sacar adelante proyectos como la privatización de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Triple A), la Sociedad de Aeropuertos del Caribe y la Sociedad Portuaria, entre otros. Si bien durante el último período en la Alcaldía de Bernardo Hoyos fue muy difícil continuar con la labor que se venía haciendo, el cambio de alcalde ha servido para distender las relaciones con la administración distrital y les ha dado un nuevo impulso a las relaciones entre el sector público y el sector privado. Para Deyana Acosta Madiedo, directora de Protransparencia, la gestión de esta entidad que se encarga de "hacer visible lo público" se ha facilitado con el cambio de gobierno.



Sin duda, el momento político de las regiones puede actuar como detonante o freno de la labor privada. Pero lo que se observa hoy es que el sector privado está involucrándose cada vez más en el destino de estas ciudades. Para Bernard Gilchrist, director de la Cámara de Comercio de Cartagena, la estabilidad que se generó con las más recientes elecciones de alcalde ha vuelto a fortalecer los lazos de cooperación entre el sector público y el privado en Cartagena, lo que ha permitido que se establezca una visión de mediano y largo plazo en la ciudad. Y, en el caso específico de la industria turística, se acaba de aprobar la creación de una entidad mixta para que ayude a mercadear este destino turístico y tome medidas para desarrollar esta actividad.



En Santa Marta, por su parte, el sector privado y las autoridades locales y departamentales están empeñadas en lograr el desarrollo del ecoturismo en la zona, con el fin de atraer turismo de mayores ingresos a la región que el que la frecuenta actualmente. Otra iniciativa en la que ya se han realizado obras concretas es el mejoramiento de algunas zonas de la ciudad con miras a atraer el turismo de cruceros.



El distrito arregló el camellón que bordea la bahía en inmediaciones del puerto, y la Sociedad Portuaria de Santa Marta se comprometió a darle mantenimiento. Además, el puerto está participando junto con la Gobernación en la restauración de la zona aledaña al camellón y de un hospital muy antiguo que se encuentra en ella, para convertirlo en un centro cultural y de recreación, al estilo de la restaurada Plaza de la Aduana de Barranquilla.



El panorama: la clave es la gestión



La crisis en que se encuentran las tres ciudades tiene una causa común: en últimas, el problema no es de recursos sino de gestión y de malos manejos. Claro que también influyene la Constitución de 1991, que les dio autonomía política pero no fiscal a los municipios, y las razones típicas: falta de realismo en las proyecciones de ingresos, el costo de las corporaciones públicas (concejos y contralorías) y mala administración tributaria.



De las tres ciudades, tal vez la más adelantada en su proceso de reestructuración es Barranquilla, a pesar de las dificultades que ha tenido. El Ministerio de Hacienda ya le nombró un promotor --Javier Cleves-- e hizo el inventario de los pasivos, que suman $790.000 millones.



Entre otras medidas que tomará la administración se encuentran una reducción de 35% en la nómina, la revisión de la reducción del 25% del impuesto predial que se había decretado y la revisión de la contratación de 700 nuevos maestros al final de la alcaldía anterior, que llevó a Barranquilla a tener el mayor número de profesores por estudiantes, según un estudio de Fundesarrollo.



Una de las decisiones más aplaudidas ha sido la revisión de unos contratos que comprometen recursos por $35.000 millones, al entregarles a inversionistas privados algunos de los ingresos más importantes de la ciudad para la prestación de algunos servicios públicos, como el alumbrado público, la concesión para construción, instalación y mantenimiento del mobiliario urbano financiado con parte del ingreso por avisos y tableros, el diseño y rehabilitación de la malla vial con recursos de la sobretasa a la gasolina, y la contratación del manejo de la gestión tributaria.



Por el momento, el contrato de Inversiones los Angeles, que entregaba el manejo de la administración tributaria a particulares por 20 años y que le costaría al Distrito unos $9.000 millones al año, fue declarado ilícito. Los otros contratos deben empezar a ser revisados en los próximos meses.



El hecho de entrar a la ley 550 le ha permitido a Barranquilla mayor margen de maniobra, si se tiene en cuenta que la ciudad prácticamente estaba embargada por los jueces, debido a los reiterados incumplimientos en los pagos de nómina, pensiones y contratistas. "Se desjudicializó la administración. Los embargos se suspendieron y ya se ha podido trabajar en solucionar los problemas", afirma Ciro Avila, secretario de Hacienda del distrito.



Cartagena, con pasivos por $52.300 millones a diciembre del 2000, también estuvo considerando entrar a la ley 550 en enero, pero decidió que lo mejor era acogerse al programa de ajuste y saneamiento fiscal, que firmó el pasado 27 de junio. En él, se comprometió, entre otras cosas, a hacer recortes en su nómina del 30% y ató los gastos generales a los ingresos de libre destinación (10%), de tal manera que estos aumentan o disminuyen de acuerdo con los recursos que obtiene el distrito.



Santa Marta es la más atrasada de las tres. Por el momento, no ha habido ninguna manifestación por parte de la administración en el sentido de acogerse al plan de saneamiento fiscal, aunque este es obligatorio, y el alcalde ha reiterado en diferentes oportunidades que no es partidario de perder la autonomía acogiéndose a estos procesos.



El ajuste fiscal de las tres ciudades debería llevar a que se arreglen los problemas de gestión en las áreas críticas para cada ciudad: la salud en Barranquilla, el sector de agua potable y saneamiento básico en Cartagena y los recursos para pensionados y docentes en Santa Marta.



"Los sectores a los que peor les fue en los últimos 10 años son salud y educación", explica Jesús Ferro, rector de la Universidad del Norte.



Si Barranquilla y Cartagena --que ya se acogieron formalmente a un plan-- hacen bien la tarea, podrían liberar recursos para inversión en un año, y acabar de una vez con los problemas estructurales que las han aquejado por años.



Hay futuro



A pesar de los problemas financieros, el ambiente en estas ciudades es de optimismo y de generación de propuestas para que la región salga adelante. Y en esto tiene que ver el nuevo ambiente político, después de los problemas que se generaron en Barranquilla con la última administración de Bernardo Hoyos, y en Cartagena con la sucesión de alcaldes en el período anterior.



La Cámara de Comercio de Barranquilla ha apoyado la creación de un sistema de transporte masivo similar al TransMilenio, como una forma de atraer inversión privada a la ciudad y contribuir a la generación de empleo mientras el distrito se reorganiza. El TransMetro, como se llama el sistema, tiene un costo de US$272 millones, de los cuales unos US$130 millones podrían ser aportados por el sector privado. "Con esta obra, la ciudad empieza a trabajar en forma responsable para proporcionar una infraestructura de transporte que corresponda a las necesidades de la comunidad", explica Enrique Berrío, director de la Cámara de Comercio de Barranquilla.



El mundo académico y empresarial de Cartagena, por su parte, apoya la necesidad de darle mayor desarrollo al sector turístico, no solo vendiendo la ciudad en el exterior, sino capacitando el recurso humano y mejorando la infraestructura de servicios.



Un problema que tiene concentrada la atención de la ciudad es el de los desplazados del sur de Bolívar y sus alrededores, que ha crecido en tal proporción que unas 100.000 personas ya se han asentado en el barrio Nelson Mandela. Además del problema social que esto genera, la afluencia de desplazados ha disparado el desempleo en la ciudad, explica Adolfo Meisel, gerente del Banco de la República en Cartagena.



De hecho, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto está trabajando en propuestas urbanísticas y arquitectónicas para este barrio, con el fin de consolidar un hábitat de calidad en esta zona subnormal de alto riesgo, e integrarla al desarrollo económico de la ciudad. El proyecto será donado a la Alcaldía.



Las decisiones en Santa Marta también están relacionadas con turismo. La unión en torno al ecoturismo implica el estudio de propuestas para aprovechar las riquezas del Parque Tayrona, un tema sensible, pero que los samarios consideran que les ayudaría a recuperar económicamente la región, y que saben que es un patrimonio que deben conservar. El momento político para que estas tres ciudades solucionen sus déficits fiscales y se proyecten hacia el futuro libres de los problemas de gestión, que han causado el atraso económico y social de la zona, está dado. De la valentía de sus dirigentes y del liderazgo del sector privado en promover los cambios pertinentes, dependerá que Barranquilla, Cartagena y Santa Marta cierren la brecha con el interior del país, mejoren la calidad de vida de sus habitantes y se conviertan en los polos de desarrollo empresarial que deberían ser con la globalización de la economía.
Publicidad

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.