| 9/12/2008 12:00:00 AM

El generador de negocios

Los cambios de regulación en los últimos 15 años han permitido el surgimiento de grandes negocios y la consolidación de sectores que en una economía cerrada no tenían cómo prosperar. Eso, sin contar con el efecto de las privatizaciones.

Llamar por el celular a consultar el saldo de su fondo privado de pensiones, mientras se dirige a una consulta médica en su EPS privada, no tiene ningún misterio. Lo único raro es que ninguno de esos tres negocios existía hace 15 años. Todos se desarrollaron a partir de un cambio en la regulación nacional, y hoy son una fuente importante de generación de ingresos y de empleo en el país. En 1993 se reformaron los sistemas de pensiones y de salud, lo que permitió el ingreso de jugadores privados a esos servicios, y se reguló la prestación del servicio de telefonía móvil celular, que hoy tiene 33,9 millones de usuarios y obtuvo ingresos el año pasado por $10,5 billones.

Si bien las principales transformaciones de la economía se dieron durante los primeros años de la década de los 90, debido a que en ese período se consolidó la apertura económica y se reformó la Constitución, -ambos cambios radicales frente al statu quo del país-, en los años posteriores también ha habido decisiones trascendentales, como la liquidación de Telecom y del Seguro Social en el tema de salud, así como la escisión de Ecopetrol con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y su posterior democratización.

El Gobierno se convirtió en un aliado para el desarrollo del sector privado y para la atracción de inversión extranjera. A continuación hacemos un recorrido por las decisiones de gobierno que fueron las principales impulsoras de un cambio en la actividad empresarial.

SALUD, PROLIFERACIÓN DE NEGOCIOS

La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social, reformó los sistemas de pensiones y salud; y creó otros dos: el sistema general de riesgos y el de servicios sociales complementarios. Gracias a esta ley se acabó el monopolio en salud y pensiones, con lo que el sector privado pudo entrar a competir en el negocio. Los fondos de pensiones y cesantías manejan hoy un portafolio de $54,1 billones, mientras que el año pasado las EPS reportaron ingresos por $4 billones y sus utilidades netas alcanzaron los $14.000 millones, de acuerdo con datos del representante a la Cámara, Roy Barrera.

El reordenamiento en salud permitió la creación de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, para el régimen contributivo y las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, para la población más pobre. Unas y otras quedaron facultadas para prestar los servicios a través de las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS. Además, se diseñó el sistema de Empresas de Medicina Prepagada, que actualmente cuenta con 12 compañías.

En 2002 había 27 EPS (18 privadas y 9 públicas). Las compras, fusiones, liquidaciones y el reacomodo del sector, redujeron el número de entidades a 22. Los avances en cobertura en salud que se dieron con el nuevo esquema son significativos. Se pasó de atender el 53% de la población total en 2003, a coberturas del 91% este año, de acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales.

En el sector público, en 2003 se reestructuró el ISS y se independizó la actividad de las IPS, creando siete Empresas Sociales del Estado, modelo que hizo crisis el año pasado y motivó la liquidación de varias de estas entidades.

El Gobierno tomó entonces la decisión de reestructurar el ISS y comenzó a contemplarse la participación de capital privado. La propuesta finalmente acogida permitió que un grupo de seis, las Cajas de Compensación Familiar y La Previsora Vida capitalizaran la entidad y dieran paso a la creación de la Nueva EPS, que arrancó el 30 de julio de 2008 con una capitalización de $55.018 millones.

TELECOMUNICACIONES Y TELEVISIÓN, ADIÓS A LOS MONOPOLIOS

Uno de los sectores que mejor muestra la transformación del país es el de las telecomunicaciones. Se rompió el monopolio de la telefonía fija que tenía hasta entonces Telecom (ley 142 de 1994), y de la larga distancia (decreto 2542 de 1997) y se le dio vida a la telefonía móvil celular (Ley 37 de 1993). Gracias a estas decisiones, EPM y ETB pudieron prestar el servicio de telefonía fija fuera de sus ciudades, y ETB y Orbitel competir con Telecom en larga distancia, luego de haber adquirido la respectiva licencia por US$150 millones.

El cambio más reciente en el sector se dio a mediados de 2007, cuando se abrió la posibilidad para el ingreso de nuevos operadores del servicio de larga distancia, tras el vencimiento de las licencias de operación que se habían otorgado a Orbitel ETB y Telecom, lo que comienza a traducirse en el ingreso de nuevos competidores con tecnologías de punta y mejores condiciones de precios.

La democratización de la ETB, en mayo de 2003, también se convirtió en un hito para el sector, ya que la empresa consiguió en el mercado accionario US$135,7 millones mediante la vinculación de 60.725 nuevos accionistas para adelantar inversiones en tecnología y mejoras de su servicio.

En telefonía móvil celular, se dividió el país en tres regiones (oriental, occidental y caribe) y en cada una se entregaron dos licencias, por valor de US$1.140 millones. Hoy hay dos operadores: Comcel y Movistar. En 2000 se dio vida al servicio de comunicación personal (PCS) con la ley 555, y apareció Colombia Móvil (hoy Tigo Millicom).

Siguiendo el avance en el sector de telecomunicaciones, el año pasado el decreto 2870 estableció los principios de convergencia, y está en discusión en el Congreso el proyecto de ley de tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Pero sin lugar a dudas, una de las decisiones más difíciles fue la liquidación de Telecom, que se anunció el jueves 12 de junio de 2003 y la creación de Colombia Telecomunicaciones -exactamente un día después- en su reemplazo. El 7 de abril de 2006, Telefónica Móviles de España presentó en subasta pública la mejor propuesta para convertirse en el socio estratégico de Telecom, con la compra del 52% de las acciones de Colombia Telecomunicaciones por US$359 millones.

En televisión, se pasó de un servicio de televisión pública, prestado por particulares, a la privatización del servicio, con la entrega en diciembre de 2007 de las licencias para RCN TV y Caracol TV, cada una por valor de $117.974 millones, suma que después de un debate jurídico quedó en $96.960 millones. Además, en 1999 se entregaron las licencias de televisión por cable (hoy hay 56 empresas) y en 1997 se entregaron las licencias para DirecTV y SkyTV, que posteriormente se fusionaron y quedaron operando bajo la primera marca.

La competencia por la televisión por cable también ha tenido nuevos desarrollos, particularmente a partir de 2006, cuando la Comisión Nacional de Televisión eliminó la barrera de los cupos para los operadores por zonas y municipios, aumentando la cobertura de este tipo de servicio que tuvo como efecto la disminución de las tarifas.

El 28 de agosto pasado, la Comisión Nacional de Televisión aprobó el nuevo formato para la televisión digital del país: el sistema DVB-Tal, desarrollado por la Unión Europea. Este cambio implicará inversiones por US$150 millones para instalar la red pública de televisión digital nacional y regional.

ENERGÍA PARA TODOS

El consultor Francisco J. Ochoa recuerda que la crisis en el servicio, el apagón de 1992 y el descontento de los usuarios se convirtieron en argumentos suficientes para que el Gobierno decidiera iniciar una reestructuración a fondo. Este proceso arrancó en 1992 con la intervención de entidades energéticas, entre ellas Corelca y el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, Icel, que requirieron desembolsos por US$3.000 millones y dejaron al Estado con un elevado número de activos, entre los que se destacan las plantas de generación de Cartagena, Termotasajero, y una participación del 77% en Interconexión Eléctrica S.A., ISA.

Dos decisiones marcaron el nuevo rumbo del sector: las privatizaciones y la promulgación de la Ley 143 de 1994, que redefinió el negocio y creó cuatro tipos de operaciones con nuevas oportunidades para el sector privado: la generación de energía, el transporte de la misma, su distribución y la comercialización al usuario final.

En el sector eléctrico, las mayores privatizaciones que se dieron en la década del 90 fueron las de las hidroeléctricas Betania, por US$502 millones, vendida a Endesa; y Chivor, por US$641 millones, vendida a Gener Chile. La operación de Cartagena tuvo un costo de US$16 millones, mientras que por Termotasajero se recogieron US$18 millones. La venta de las empresas de energía de la Costa Caribe, en 1997, le permitió al Estado ingresos por US$1.035 millones.

Epsa fue vendida por US$622 millones a Houston Energy Industries y a Electricidad de Caracas, pero posteriormente fue adquirida por Unión Fenosa.

Uno de los mayores negocios del sector lo constituyó la capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, realizado en 1997, por el 48,5% de su propiedad accionaria, que permitió encontrar socios para los negocios de generación y distribución de energía y marcó el ingreso del grupo español Endesa al negocio.

En una licitación pública, en la que se presentaron seis propuestas, el grupo Endesa se quedó con una participación en Emgesa, la generadora de energía -incluyó Guavio, Termozipa y las plantas sobre el río Bogotá- que compró Endesa por US$921 millones. El mismo grupo se quedó con Codensa, por US$1.226 millones, lo que convirtió esta capitalización en la mayor realizada hasta ese momento por inversionistas privados en el país.

Para el director general de Endesa en Colombia, Lucio Rubio, uno de los últimos cambios que más ha favorecido el desarrollo de los negocios es el cargo por confiabilidad, lo que se evidencia en que luego de las subastas de energía que se realizaron este año, se concretaron 3.000 megavatios adicionales y más de US$6.000 millones en inversión para garantizar la energía en los próximos años.

La EEB se ha mantenido en el negocio de transmisión de energía y desde 2007 incursionó en el del gas, a partir de la compra de TGI. Ahora, ante los nuevos desafíos que implican su proceso de expansión, la EEB anunció un proceso de democratización accionaria que tendrá que darse antes de 2010.

En el negocio del carbón, la mayor privatización se dio con la venta del 50% de acciones que tenía el Estado en Carbocol, que le representó ingresos por US$566 millones en el año 2002. Los compradores fueron Billiton de Gran Bretaña, Anglo American de Sudáfrica y Glencore International AG de Suiza.

También en empresas de recursos naturales, en 1996, el Gobierno vendió una pequeña participación que tenía en la productora de níquel Cerromatoso, por US$154 millones.

DEMOCRATIZACIONES

A estos negocios se sumaron los procesos de democratización de acciones en dos de las mayores compañías en el negocio de distribución y generación: ISA e Isagén. Hasta 1994, estas dos empresas eran una sola, pero a raíz de la Ley 143, cuando se dividieron los negocios, comenzaron a operar de forma independiente.

Las dos empresas han tenido un desempeño exitoso, lo que ha avivado las presiones de algunos sectores para acelerar su privatización. Aunque varios expertos han recomendado la venta de ISA, la compañía solo ha optado por el proceso de democratización del 25% de su composición accionaria, que quedó en manos de cerca de 60.000 colombianos y le representó a la compañía una inyección de capital superior a los US$100 millones. La primera emisión se realizó en 2000, cuando se colocó el 13,62% de la compañía, cifra que se aumentó a 24% en 2002. Gracias a estos recursos, ISA logró su expansión en negocios de distribución eléctrica en Brasil, Perú, Ecuador y algunos países de Centroamérica.

Isagen, por su parte, consolidó en 2007 la venta del 19,22 % de las acciones, del 76,4 % que tenía el Estado, a través de un proceso de democratización que le permitió obtener recursos frescos por cerca de $593.000 millones.

PETRÓLEO RENOVADO

El negocio petrolero ha tenido cambios sustanciales en los últimos 15 años, enfocados básicamente en flexibilizar las condiciones en los contratos de asociación -en los que el Estado participa con las compañías privadas- para atraer mayores flujos de inversión y promover labores de exploración y explotación, pero también en concentrar a la estatal petrolera, Ecopetrol, en los negocios centrales, promoviendo la venta de aquellos que no son estratégicos para la compañía. En este proceso, en 1993 la compañía vendió Terpel; en 1997 se desprendió del negocio de gas, transfiriendo los activos que tenía en este sector a Ecogás.

En 2003 se expide el decreto ley 1760 que escindió de la petrolera el negocio de la administración de las reservas de hidrocarburos que fueron traspasados a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, creada por el mismo decreto. Esto ha llevado a Ecopetrol a competir por la asignación de áreas petroleras, pues solo quedó con las áreas de operación directa o las vinculadas a contratos de asociación que habían sido celebrados hasta el 31 de diciembre de 2003.

También, a partir de esa fecha, pasó de ser una empresa industrial y comercial del Estado, a convertirse en una sociedad pública por acciones, gracias a lo cual, a finales de 2007, se hizo una emisión por el 10% de las acciones que le generó ingresos por $5,7 billones de pesos y le permitió ampliar a 250.000 el número de accionistas de la compañía. Hoy, Ecopetrol representa cerca del 30% de la capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia.

En su nueva etapa, Ecopetrol ha incursionado en negocios internacionales, a través de labores de exploración que desarrolla en Brasil, Perú -donde tiene filiales-y más recientemente con la compra del bloque K2 en el Golfo de México, que adquirió a la Union Oil Company por US$510 millones.

Para mejorar su oferta en el negocio de la petroquímica, en 2006 Ecopetrol vendió a la multinacional suiza Glencore el 51% de la Refinería de Cartagena, por US$656 millones, e incluyó un ambicioso plan de inversiones para ampliar estas instalaciones a fin de producir derivados de la petroquímica para consolidar proyectos productivos en el país.

CAMBIOS EN SERVICIOS PÚBLICOS

El desarrollo de negocios en las empresas de servicios públicos estuvo impulsado por dos cambios en la legislación: la Constitución de 1991, que abrió espacio a la prestación de servicios a actores distintos del Estado y que dio pie a la expedición de la Ley 142 de 1994, que creó el marco general para el nuevo esquema de prestación de servicios públicos.

Las dos normas abrieron las posibilidades para que inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, comenzaran a intervenir en el nuevo escenario. El Estado pasó de ser prestador de servicios de agua, alcantarillado, energía y gas, a convertirse en un facilitador de negocios.

Gas. Hasta 1991, el negocio del gas operaba a partir de una integración vertical de las empresas que, tras recibir el insumo por parte de Ecopetrol, se encargaban de su almacenamiento y distribución. A partir del 91, arranca el programa de masificación del gas natural, liderado por Ecopetrol. En 1994, la Ley 142 define la prestación de servicios de gas domiciliario y establece las condiciones y regulaciones que tendrá este mercado, básicamente en sus funciones de transporte y distribución, pues hasta ese momento la generación se mantenía en cabeza de la estatal financiera. La ley también asigna funciones de regulación y expedición de normas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En 1997, con la expedición de la Ley 401, Ecopetrol entrega a la recién creada Empresa Colombiana de Gas, Ecogás, los activos de transporte del gas.

El mercado del gas presenció también en 1997 la llegada al país de la compañía española Gas Natural, para operar el servicio de gas domiciliario en Bogotá y Soacha. Un año después, esta compañía adquiere Gas Natural del Oriente, Gasoriente, consolidando la mayor empresa en el área de gas natural domiciliario.

Una de las movidas más importantes del sector se dio con el anuncio de la venta de Ecogás, que para 2007 contaba con 3.670 kilómetros de gasoducto. Se vendió a comienzos de 2007 a la Empresa de Energía de Bogotá, EEB por US$1.450 millones. Como Ecogás era una empresa industrial y comercial del Estado, que como tal no tenía acciones, se decidió crear una nueva sociedad, la Transportadora de Gas del Interior, TGI, a través de la cual se realizó la compra de activos por parte de la EEB.

El gas ha ganado una importancia estratégica para el país, debido al crecimiento de su demanda: mientras en 1994 solo 800.000 hogares utilizaban gas domiciliario, hoy lo usan 4,6 millones de hogares. En gas vehicular, se pasó de 6.760 vehículos en 2000, a 233.000 en 2007, de acuerdo con datos de Promigas, otro de los grandes jugadores del sector privado, vinculado con el negocio del gas desde los años 80. Esto ha llevado a que jugadores privados, como Promigas, hayan anunciado nuevas inversiones, debido al interés que genera el mercado colombiano.

Agua, aseo y alcantarillado. El principal cambio introducido por la ley 142 de 1994 en el sector del agua fue abrir el espectro para que se pasara de una prestación del servicio por parte de empresas industriales y comerciales del Estado o municipales, a un esquema de sociedades por acciones que estableció competencia regulada y apertura para el sector. Esta oportunidad, sin embargo, ha sido tímidamente acogida en el país, donde en general se mantuvieron los esquemas de empresas municipales, salvo por algunos casos.

Los negocios más importantes en este servicio se registraron con el ingreso de la sociedad Aguas de Barcelona en la operación del Acueducto de Cartagena -con una participación del 45%- y la puesta en marcha de la Triple A en Barranquilla, Empresa de Aseo, Acueducto y Alcantarillado, conformada por un consorcio cuya casa matriz es la Corporación Canal Extensia.

El nuevo esquema se convirtió en una oportunidad para que Empresas Públicas de Medellín se expandiera a Pereira, Tulúa y varios municipios de Antioquia, mejorando sus indicadores. Lo contrario sucedió con las Empresas Municipales de Cali, Emcali, que terminaron intervenidas por el Estado.

La participación del sector privado en el negocio de aguas arrancó en 1995 en Cartagena y hoy se verifica en Barranquilla, Santa Marta, Tunja, Montería, Palmira, Girardot y Riohacha.

INFRAESTRUCTURA, CAMBIA EL RITMO

En 1994 se cambió el modelo de construcción de infraestructura vial. En ese año surgieron las llamadas concesiones de primera generación, el primer modelo de vinculación de capital privado para la construcción de carreteras que se dio en el país y que se ha ido ajustando para dar paso a las concesiones de segunda y tercera generación. En los dos últimos gobiernos se frenó la construcción de grandes proyectos de infraestructura. En materia vial, se optó por convertir en dobles calzadas las vías con mayor tráfico a través de concesiones o de obra pública. El principal proyecto es la Ruta del Sol, cuya estructuración está siendo elaborada por la Corporación Financiera Internacional y debería quedar lista este año. El 18 de julio, el Consejo de Política Económica y Social aprobó recursos por $4,3 billones para el desarrollo de corredores complementarios de competitividad y para prorrogar 21 concesiones.

Aeropuertos. En 2007 se entregó la concesión del Aeropuerto El Dorado al consorcio Opaín por 20 años, que lo administrará durante los próximos veinte años y asumirá el desarrollo del Plan Maestro, que define la modernización y expansión del terminal aéreo, y emprenderá obras que en conjunto tienen un costo estimado en US$650 millones. También entregó en marzo pasado la concesión de los aeropuertos de Medellín, Ríonegro, Montería, Quibdó, Corozal y Carepa. Las obras serán del orden de $250.000 millones en un periodo de 25 años. Solo en el aeropuerto de Medellín, el consorcio colombo-chino que ganó la concesión, Air Plan, invertirá US$80 millones.

Puertos. En 1993 se entregaron las concesiones a empresarios privados, de los puertos de Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y Cartagena, y este año se prorrogaron hasta 2033 las concesiones de los tres primeros puertos, pues el de Cartagena se había prorrogado en 2007.

Boom de zonas francas. En 2005, el Gobierno expidió la Ley 1004, que modificó el régimen de zonas francas en el país. La reglamentación, que quedó lista en octubre de 2007, brinda beneficios tributarios y cambiarios a los usuarios de estas zonas y permite vender al mercado nacional sin perder las prebendas. Entre finales de 2007 y agosto de 2008, se han presentado 31 propuestas de establecer zonas francas, de ellas 13 con carácter permanente y 19 especiales -uniempresariales-, cuya ejecución requerirá de inversiones por $3,82 billones y generarán alrededor de 132.000 empleos. Siemens, por ejemplo, está construyendo una zona franca especial en Tenjo con una inversión de $91.000 millones.

BANCOS, LIBRES

La evolución del sector financiero en estos tres lustros está marcada por tres grandes hechos. En primer lugar, la liberalización financiera y la apertura de capitales de principios de los 90s (establecida en las leyes 45 del 90 y 35 del 93) que propiciaron la llegada de inversión extranjera a la banca y los seguros. En segundo, la crisis financiera de final de la década pasada que afectó sobre todo al sector público, a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y a los bancos y cooperativas. Y por último, a la consolidación presentada en los últimos años, que permitió la aparición de grandes grupos financieros.

El resultado fue pasar de una banca especializada a un esquema de multibanca, con menos pero más poderosas entidades. Se pasó de 87 entidades de crédito en 1985, a 147 en 1996 y a 57 en 2004. Hoy son alrededor de 16 entidades.

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