| 9/12/2008 12:00:00 AM

El gasto público

El aumento del gasto no ha generado los males que con frecuencia se señalan.

Uno de los hechos más destacados en Colombia desde la creación de la Revista Dinero ha sido el incremento del gasto público. Corrientemente se ignora que las reformas adoptadas en Colombia en los años noventa involucraron tanto apertura económica como aumento del gasto público. La primera buscaba modernizar la economía; la segunda combatir el principal problema del país, los altos niveles de desigualdad social.

Esta combinación es afortunada. De hecho, es la esencia de los modelos de Europa Occidental, la región del mundo que mejor ha logrado combinar elevados niveles de ingreso con altos niveles de equidad. En Colombia no existe consenso sobre las virtudes de esta mezcla. A los economistas más heterodoxos no les gusta la apertura. A los más ortodoxos no les gusta el aumento del gasto público.

Una larga literatura económica muestra, además, que el aumento del gasto público es una tendencia de largo plazo de las economías modernas. La razón es obvia: es la única forma de garantizar que toda la población tenga acceso a los servicios sociales (educación, salud y protección social) y de responder a las altas demandas de infraestructura que exige el progreso económico, fuera de demandas de más larga data (la justicia y la seguridad).

En Colombia, este proceso se dio en forma escalonada a lo largo del tiempo: aumentos rápidos durante algunos años, seguidos por una relativa estabilidad posterior. Es decir, el gasto tendió a subir en los primeros años pero no bajó o lo hizo marginalmente en los segundos. Los aumentos tienen nombre propio: primero, Lleras Restrepo y Pastrana Borrero; segundo, Turbay y, tercero, Gaviria y Samper.

Los críticos del gasto público le asignan muchos pecados, pero especialmente el de contribuir a los desequilibrios macroeconómicos. La crisis de fines del siglo es un caso en mención. Sin embargo, esta afirmación no está respaldada por los datos. La crisis de comienzos de los años ochenta tuvo un serio componente fiscal, porque el aumento del gasto público bajo el gobierno de Turbay no estuvo acompañado por aumentos de los ingresos del Estado. Bajo los gobiernos de Gaviria y Samper, por el contrario, se hizo un esfuerzo por financiar el aumento del gasto a través de una secuencia de reformas tributarias y de aumentos de las tarifas de los servicios públicos.

El efecto neto fue claro: el déficit público consolidado que se acumuló durante los cinco años anteriores a la crisis de 1999 (seis puntos del PIB, según las Cuentas Nacionales) fue inferior al que precedió a la crisis de 1984 (21 puntos del PIB). Y, mientras el endeudamiento público aumentó en forma acelerada antes de la crisis de los años ochenta, la deuda pública nacional era todavía más baja en 1998 que en 1990 (31 vs. 41% del PIB). La gran explosión del déficit y la deuda públicas se dieron como consecuencia de la crisis, no como su causa, debido en especial a los efectos que tuvieron las altas tasas de interés y a la devaluación sobre los costos de la deuda pública.

La crisis de fin de siglo estuvo asociada más con el cuantioso déficit del sector privado: casi 19 puntos del PIB en los cinco años anteriores a la crisis de 1999 vs. los seis de las cuentas públicas. Su reflejo fue el endeudamiento privado que reventó a las empresas.

La decisión del gobierno de Pastrana Arango de mantener altos niveles de gasto público fue afortunada. Evitó una recesión aún peor. Y, de acuerdo con las encuestas de calidad de vida, la mezcla de incrementos del gasto social y su carácter descentralizado aumentó, a partir del gobierno Gaviria, la cobertura de los servicios sociales del Estado y comenzó a reducir, por primera vez en la historia, la brecha rural-urbano en la provisión de dichos servicios.

Termino con cuatro comentarios breves. Primero: una gran diferencia entre los noventa y la década actual son los altos niveles de endeudamiento público heredados de la crisis. Por eso, y porque hemos estado frente a otro auge del gasto y del endeudamiento privados, hubiera sido conveniente una política fiscal más austera en los últimos años. Segundo: los altos niveles de gasto exigen una tributación alta. Veo por eso con cierto desconsuelo la cantidad de beneficios tributarios específicos que se han creado en los últimos años. Tercero: es esencial mantener la estructura descentralizada del gasto social. Ese fue el modelo adoptado en la Constitución de 1991 y sus virtudes han sido evidentes: ha revitalizado la vida local y ha contribuido, en particular, a la expansión de los servicios sociales en las zonas rurales. Pero, por último, existen muchas tareas pendientes en materia de mejorar la calidad y eficiencia del gasto público. Eso es obvio, pero no se deben olvidar los avances.

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