| 4/29/2005 12:00:00 AM

El debate

Este año se discutirá de nuevo si conviene mantener, reformar o abolir la ley que flexibiliza contratos laborales y programas de generación de empleo. ¿Quién se afecta?

La reforma laboral de diciembre de 2002 se aprobó en un momento en que el país tenía una tasa de desempleo de 15,5%, la más elevada del hemisferio y una de las mayores del mundo. Algunos de los mejores economistas laborales colombianos encuentran que la reforma sirvió para reducirla al 12% a finales de 2004. Además, mejoró la empleabilidad de los grupos más vulnerables de la población, redujo la duración de la desocupación, incrementó la estabilidad y recortó la informalidad laboral, como lo demuestran los aumentos en la vinculación a salud, pensiones y cajas de compensación. Sin embargo, no todos creen lo mismo.

Algunos, como el representante a la Cámara Gustavo Petro, piensan que el efecto de la reforma fue insuficiente. "Prometía dos millones de puestos de trabajo y eso no sucedió", precisa. Consideran que produjo el costo social de "reducir el salario de millones de trabajadores", sin haber generado el beneficio social del mayor empleo.

"Cada día, tenemos menos ocupados", dice por su parte Apécides Alvis, secretario de la Central de Trabajadores de Colombia, CTC, también opuesto a la reforma. Manifiesta su desconfianza por las cifras del Dane que muestran una tasa de desempleo decreciente. "Son manipuladas", dice. No obstante, admite que aunque el efecto de la reforma sobre el empleo no se pueda medir estadísticamente con facilidad, debe mantener una posición política contraria a ella. Establecer quién tiene la razón será la tarea de las próximas semanas.

La ley estableció una comisión compuesta por trabajadores, empleadores, congresistas y gobierno que tiene la obligación de revisar los resultados en 2005, dos años después de su aprobación. "En ese momento, el gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones que no hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo", prevé la norma.

Medir el impacto de la norma no será sencillo, porque la reforma -Ley 789 de diciembre de 2002- tiene muchos ángulos para evaluar en sus 52 artículos y, además, porque no es fácil saber si el empleo que se generó en estos años es resultado de los cambios legales o del aumento de la actividad económica.

La reforma atacó las causas y las manifestaciones del desempleo desde varios ángulos. De un lado, pretendía generar empleo al reducir el costo salarial con la ampliación del horario diurno y la rebaja del costo de los domingos y festivos. De otro, promover el empleo de los jóvenes y mejorar su capacitación con programas de enganche de aprendices. Además, crear empresas con fondos de capital de riesgo y extender los beneficios de capacitación y salud a los desempleados.

Todos los economistas que han estudiado la reforma concuerdan en que echarla abajo sería un error. Desde 2002 se crearon más empleos formales, a la vez que se redujeron los informales. En 2003 se crearon 175.000 y en 2004, 147.000 puestos de trabajo formales, que les permiten a los empleados acceder a salud, pensiones y servicios de cajas de compensación. Entre septiembre de 2002 y diciembre de 2004, señala el viceministro de Protección Ramiro Guerrero, hubo cerca de 1,5 millones de afiliados nuevos al régimen contributivo de salud, 642.800 cotizantes más a riesgos profesionales y 555.800 a las cajas de compensación.

Sin embargo, parece haber espacio para modificar algunos aspectos de la ley y mejorar su eficacia. Dinero habló con economistas y empresarios para establecer qué tanto debe cambiar la legislación laboral.



Días más largos

El punto más conocido de la reforma fue la modificación del horario diurno, que antes terminaba a las 6 de la tarde, y hoy va hasta las 10 de la noche, sin generar recargo nocturno. Cuando se presentó la Ley, Colombia y Panamá eran los únicos países del continente que tenían horario diurno hasta las 6 de la tarde, recuerda el ponente de la norma, el senador Óscar Iván Zuluaga. Los demás habían actualizado su legislación para permitir que las empresas industriales tuvieran dos turnos de trabajo diurnos.

El cambio les permitió a los empresarios ajustar los horarios a las necesidades de los compradores, en particular a los clientes que compran después de salir de las oficinas. "Podemos tener impulsoras y mercaderistas en almacenes que abren hasta las 10 de la noche, en las horas de más movimiento", dice el industrial Jesús Botero, de Comestibles Dan en Medellín.

Para cubrir ese horario no hubo necesidad de alargar las jornadas de los empleados, explica María Cecilia Bedoya, de Manpower, una empresa de empleo temporal con 10.000 trabajadores. Solamente entran a laborar más tarde.

Los estudios de Hugo López, economista de Corporación Cide, muestran que con algunas diferencias, algo similar ocurrió en todos los sectores. Con la reforma, dice, la jornada semanal se mantuvo y aumentaron el salario real por hora y la vinculación a la seguridad social.

Las cuatro ocupaciones que generaron el 40% del empleo nuevo desde cuando entró en vigencia la Ley -los cajeros de los almacenes, el personal administrativo, los empleados de la construcción y los de la confección- aumentaron 22 minutos su jornada semanal, pero todos, con excepción de los obreros de la confección, aumentaron su salario y los cuatro sin excepción mejoraron en seguridad social.

Las cinco siguientes ocupaciones -que generaron 20% del nuevo empleo- redujeron la jornada semanal en 30 minutos y los salarios reales mensuales y por hora crecieron 12,8% y 13,9%.

El grupo incluye a los vigilantes, para quienes el empleo creció 11%, la jornada semanal cayó 80 minutos y el salario mensual cayó 3,0%. A pesar del menor salario, los celadores se beneficiaron de la vinculación a la seguridad social (16.000 más en el régimen contributivo de salud; 17.500 más afiliados al sistema pensional).

"La jornada semanal media de los asalariados de las empresas privadas de más de 10 trabajadores, que fueron las grandes responsables de la generación de empleo, no subió sino que se redujo ligeramente", dice López. A la vez, los salarios mensuales medios para ellos crecieron 7,5%.



Un buen negocio

Pero no solo la baja en el costo de los salarios generó empleo. La firma de vigilancia Celar tiene una actitud bien clara frente a la apertura de puestos de trabajo. Su nómina de 1.300 personas en siete ciudades creció en 180 personas por un compromiso de Juan Carlos Giraldo, su gerente general, con el entonces ministro de Protección Social, Juan Luis Londoño.

Giraldo siente que las empresas tienen un compromiso social con la creación de empleo para reducir la pobreza en el país, y su empresa ha podido cumplir ese cometido. En los últimos 4 años, la empresa ha sostenido un crecimiento de 20% anual, apoyada en la formación de sus empleados. "Creemos que la base de la prestación de servicios de seguridad es la confianza", señala Giraldo. Por eso, sus guardas pasan por un programa de capacitación propio, que complementan con programas del Sena.

Celar se vinculó desde diciembre al Programa de Apoyo Directo al Empleo, Pade, del Ministerio de Protección. Los empresarios inscritos reciben $114.450 mensuales, durante seis meses, por cada empleado nuevo que esté en los niveles I y II del Sisbén y que estén inscritos en el Centro de Servicio Público de Empleo del Sena. El dinero lo usan para financiar la formación. "Al darles más capacitación, la gente cuida su puesto y trabaja mejor. Sobre todo porque muchos llevaban hasta dos años desempleados", explica Giraldo. Además de los cursos de formación en el oficio, trabajan en mejorar la autoestima de los nuevos vinculados. Celar tiene 40 empleados en el Pade.

Otra firma, Teledatos, también funda su servicio en la capacitación. De hecho, tiene una filial con 50 profesores que imparten 50.000 horas de capacitación mensuales. La firma es un call center con 3.200 empleados que procesa entre 400.000 y 500.000 llamadas diarias para 12 países. La empresa contrata directamente sus funcionarios, "sin empresas de temporales ni cooperativas", dice su fundador, Juan Rodrigo Hurtado. Se inscribió en el Pade en abril y puede usar el dinero del programa para apoyar la formación de sus empleados.

Sorprende que el Pade no tenga más de 150 empresas inscritas, aunque se trata de una herramienta atractiva para empresas en crecimiento en sectores agrícolas, de servicios y de industria. Al parecer es un instrumento todavía muy desconocido y que les exige trabajo a los empresarios que parecen más interesados en tomar subsidios en los que no haya que poner mucho de su parte.



Condición de equilibrio

De otra parte, la reforma redujo el número de días de indemnización por despedir sin justa causa un empleado aunque se trate de alguien con más de 10 años de servicio. Los datos del Dane mostraban que las empresas despedían a los empleados antes de cumplir los 10 años para evitar el costo de un despido posterior. Con eso se afectaba la estabilidad laboral.

Al parecer, la reforma, por tener un menor costo de despido, ya está mejorando la estabilidad. Mientras en 2002, el 16,5% de los trabajadores llegaba a los 10 años en una empresa, en 2004 la cifra ya llegaba a 18,3%, señala el investigador de la Corporación Cide, Hugo López.

La reforma también eliminó la obligación para el empleado de avisar con anticipación al empleador su intención de retirarse. Algunos empresarios lo perciben como un problema muy serio, porque pueden quedar con puestos vacantes de la noche a la mañana. Otros, como Hurtado, de Teledatos, ven esta como una condición flexible y equilibrada. "El reto para el empleado es mantener su calidad para permanecer en la empresa y el de la empresa, mantener su atractivo para que el empleado no tenga mejores opciones", propone.



Los aprendices

En 2001 se sabía que el grupo más afectado por el desempleo es el de los jóvenes más pobres y con menor escolaridad. Por eso se diseñó el programa de aprendices que permitiría emplear y además capacitar este grupo social.

Se estableció que las empresas deberían contratar un aprendiz del Sena por cada 20 trabajadores de nómina y que deberían pagarles a los aprendices el 75% del salario mínimo. Cuando no pudieran o no quisieran engancharlos, deberían entregar un salario mínimo al Sena, que a su vez lo destinaría a un fondo -Emprender-, que financia la formación de empresas de jóvenes. Fue una norma bien intencionada pero que al parecer requiere mejoras.

La mayoría de las empresas consultadas por Dinero considera que la obligación de contratar aprendices se convierte en un impuesto adicional a la nómina, porque el Sena no tiene la gente suficiente, o capacitada en las labores que requieren.

Otras, como Index, empresa de confecciones de Medellín con 2.400 empleados, tienen una dificultad adicional en que sus clientes (Polo, Levi's, o Gap) exigen que todas las personas que estén trabajando en la compañía reciban al menos el salario mínimo. "Es un problema para todas las maquiladoras", explica Carlos Eduardo Botero, presidente de la compañía.

Algunos más encuentran que los muchachos del Sena, que trabajan por seis meses, no tienen el compromiso suficiente con la empresa y eso se nota en el servicio. Aunque se le pague una fracción del salario mínimo, al aprendiz hay que dotarlo de uniforme, escritorio y útiles de oficina, ilustra el abogado laboralista Eduardo Quintero. Por eso, a veces es mejor no contratarlos y pagar la cuota al Sena. Incluso en algunos lugares con elevados niveles de riesgo, como bancos o transportadoras de valores, la presencia de aprendices es incómoda.

Con todo, el banco Davivienda encontró una forma de darle una vuelta al problema. Estableció un centro en el cual capacitan a los aprendices durante dos meses para graduarlos como auxiliares bancarios. El programa tiene el aval del Sena, que envía un instructor cada semana. Los egresados se convierten en los primeros candidatos para vincularse a la organización cuando hay vacantes.

A pesar de las dificultades, el contrato de aprendizaje parece estar rindiendo frutos (33.000 empleados) y está ajustando la capacitación a la demanda. Junto con la firma HomeCenter, el Sena diseña un programa para capacitar 1.000 personas como tecnólogos en construcción, explica Darío Montoya, director del Sena. Con eso, los vendedores de esta empresa estarán en capacidad de asesorar a los clientes.

Otros, como la cadena de Hoteles Accor, contratan estudiantes en práctica, de las mejores universidades del país para mejorar la calidad de su servicio, dice Ramiro Hurtado, director de recursos Humanos de la cadena para Colombia, Ecuador y Perú.

Los economistas laborales concuerdan en que no conviene echar atrás la reforma. Sin embargo, hay dos proyectos de ley, uno en la Cámara de Representantes, de Gustavo Petro, y otro en el Senado, de Luis Carlos Avellaneda, con un solo artículo que dice escuetamente: "Derógase la Ley 789 de 2002", con lo que se regresaría al sistema anterior. Además, Petro presentará el 20 de julio un proyecto para generar empleo, que se centra en la idea de democratizar el crédito productivo. La banca debería cumplir unos indicadores de dispersión del crédito para poder ser elegible para recibir créditos de liquidez del banco de la República, explica el autor de esta iniciativa.

"Derogar la Ley sería una irresponsabilidad porque no hay elementos contundentes que muestren que la reforma fracasó", señaló el senador Óscar Iván Zuluaga.

Parece claro que bien usada y con algunas modificaciones, en especial en el programa de aprendices, las herramientas de la reforma laboral de 2002 son útiles para atacar el desempleo, que sigue siendo uno de los problemas más serios del país. No obstante, los casos exitosos parecen mostrar que los empresarios deben poner de su parte para que los programas de empleo los beneficien a ellos y a sus empleados. Y con ellos al país.
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