| 3/6/2009 12:00:00 AM

Cuestión de todos

Donaciones, impuestos a los graduados, más crédito, más investigación y un mayor gasto público serán la forma de financiar los avances en educación.

Durante los últimos años, el valor de las matrículas ha venido creciendo de forma sistemática más que la inflación. Esto ha hecho que el costo de las mismas esté llegando al límite de la capacidad de pago de muchas familias, afectando los avances en cobertura.

Por su parte, las necesidades de las instituciones de educación no se detienen, por la necesidad de contar con personal docente cada vez más calificado, por la incorporación de nuevas tecnologías, por la acreditación y, en definitiva, por mejorar su calidad. Esta es la situación que enfrenta la mayoría de instituciones de educación superior privadas del país ante el reto de disminuir su dependencia de los ingresos por matrículas, que actualmente representan el 85% de sus ingresos totales.

"Es necesario aumentar los recursos provenientes de fuentes como la oferta de servicios, donaciones, créditos, consultoría e investigación", asegura Jairo Cifuentes de la Universidad Javeriana. Además, los rendimientos de sus portafolios de inversión, gracias al recaudo anticipado del pago de matrícula -una importante fuente de financiamiento- han venido disminuyendo ante la volatilidad de los mercados y los mayores plazos que otorgan a los estudiantes.

De otro lado, las instituciones públicas, a pesar de contar con la ayuda del Gobierno, enfrentan retos similares de buscar recursos adicionales y propios para financiar su actividad y crecimiento. Aunque el funcionamiento de las universidades públicas depende de los aportes que históricamente ha hecho el Estado, alrededor del 1% del PIB en el agregado, cerca del 50% de su actividad la financian las propias universidades, según afirma Gabriel Burgos Mantilla, viceministro de Educación Superior.

Diversificar

Lo primero que han hecho las universidades para renovar sus ingresos es diversificar sus actividades. Por ello han buscado ingresos adicionales en cursos de educación continuada, consultorías y servicios técnicos que prestan. En las universidades públicas, por ejemplo, dado que tienen un régimen especial de contratación, los ingresos por servicios de consultorías, estudios e interventorías, son significativos. Según Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, alrededor de un tercio del presupuesto de esta universidad, que hoy es del orden de $1 billón, depende de este tipo de actividades.

Otros esfuerzos se han orientado a crear fundaciones y empresas para penetrar negocios en actividades como servicios editoriales, imprentas y hasta agencias de viajes, con el fin de generar ingresos adicionales.

Recientemente, el empeño se ha volcado a donaciones de empresas y egresados, fuente importante de financiamiento de universidades en el mundo. Con esta estrategia, la Universidad de los Andes puso en marcha el programa Quiero Estudiar, el cual, a partir de donaciones de egresados y empresas consigue becar al 10% de sus estudiantes de bajos ingresos de excelente nivel académico. Sin embargo, "este esfuerzo ha sido enorme porque en Colombia no existe una legislación que promueva las donaciones con incentivos tributarios razonables, por ejemplo, como ocurre en otras partes del mundo", afirma Bernardo Rozo, director financiero de esta universidad.

En el largo plazo, los esfuerzos de las universidades se están centrando también en fortalecer los vínculos con el sector empresarial para fomentar el desarrollo de innovación e investigación. La Ley de Ciencia y Tecnología y el fortalecimiento de Colciencias son pasos adecuados en esta dirección.

Otra línea de acción busca que el estudiante acceda a créditos de mayor plazo, que le permitan elegir la universidad y el programa de su preferencia. Además de seguir fortaleciendo el Icetex, en este frente hay que incentivar la presencia de la banca en el crédito estudiantil. A esto se suman las ideas de expertos que coinciden en que debería haber mecanismos para que los pagos dependan del ingreso de los graduados.

Así mismo, hay consenso en que los fondos públicos deberían ser entregados con criterios de calidad. En 2002 se buscó que la asignación de recursos a las universidades públicas dependiera del cumplimiento de indicadores de gestión, pero la iniciativa fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Hay que implantar una cultura de evaluación y rendición de cuentas en las universidades; es claro que el país marcha hacia un modelo de financiamiento mixto, donde se requiere un alto grado de cooperación entre los sectores público y privado.

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