| 9/1/2006 12:00:00 AM

Crece el comercio ilegal de fauna

En Colombia hay 'carteles' dedicados al tráfico de especies silvestres. Controlan rutas, mercados y distribuidores locales e internacionales.

Después de los estupefacientes y las armas, el comercio ilegal de fauna y flora es la actividad ilícita que más dinero mueve en Colombia. En este sentido, se acaban de conocer varios informes que muestran las dimensiones que ha tomado este 'negocio'. Uno de los más recientes lo emitió la Contraloría General de la República, en el cual advierte que pese a los esfuerzos de las entidades ambientales y policiales, mediante operativos y acciones para evitar el tráfico ilegal de especies silvestres, aún es muy poco lo que se ha logrado frente a la magnitud de lo que está sucediendo en esta materia. Advierte que la explotación de la vida silvestre con fines comerciales ha tenido un fuerte impacto sobre las poblaciones naturales, especialmente sobre aquellas con una fuerte demanda en los mercados mundiales de la moda, a tal punto que varias de ellas han sido llevadas al borde de la extinción. Actualmente, según el organismo de control, hay 119 especies colombianas amenazadas, de acuerdo con los registros consignados en el Libro Rojo de la Unión Mundial para la Naturaleza. A su vez, la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre incluye en sus listas 447 especies colombianas.

Por ejemplo, un ave que solo se reproduce en los Farallones de Cali, y cuyo nombre omitimos por sugerencia de los organismos de control, puede valer en el mercado internacional hasta $230 millones. En esta bolsa mundial, en la que participan coleccionistas, la industria de la moda, la ciencia y las prácticas religiosas (fetichismo) se mueven más de US$22.000 millones al año, y Colombia tiene un protagonismo importante en ella. Así lo revela el informe 'Estadísticas del uso ilegal de fauna silvestre en Colombia', elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente. En él se reporta que muchas variedades de guacamayas, loros, halcones, gavilanes y águilas, algunas en vía de extinción, van a parar a este tráfico ilegal. Además, que los primates se comercializan para proveer el mercado de mascotas y se utilizan como modelos en la investigación biomédica, mientras que los felinos continúan siendo fuertemente explotados para proveer el mercado de pieles y para exhibir de manera privada.

Los cerdos de monte también son capturados para la comercialización de su carne y piel. Igual sucede con las dantas y los borugos. Las poblaciones de iguanas también se han visto seriamente afectadas tanto por la extracción de ejemplares vivos, como la de sus huevos. Las babillas y el caimán negro tampoco han escapado a esta caza indiscriminada ya que su piel y carne, respectivamente, son vendidas. También están amenazadas las boas y las tortugas. Y hacia Japón se están enviando millones de escarabajos gigantes, los cuales están siendo utilizados por los niños como mascotas ya que el hacinamiento no les permite tener ni perros ni gatos. Los precios que se pagan por estas especies en el mercado internacional también se omiten por sugerencia de las autoridades.

Pese a que varios organismos coinciden en que el tráfico ilegal de fauna silvestre es uno de los mercados ilegales que más mueve recursos en el país, ninguno se atreve a dar una cifra precisa. Álvaro Villate, contralor delegado para el Medio Ambiente, asegura que es muy difícil determinar ese dato porque la información es muy fragmentada y solo hasta ahora se están haciendo este tipo de evaluaciones. Minambiente sostiene en su informe que debido a la naturaleza ilegal de la actividad no se conoce su verdadero alcance, pero se considera de "gran magnitud". La Dijin, por su parte, tampoco se atreve a dar una cifra 'oficial' pero advierte que el impacto de este tráfico ambiental no puede ser medido solo en términos económicos.

Sin embargo, los decomisos nos pueden dar una pista. El año pasado, por ejemplo, diferentes autoridades decomisaron en diversas regiones del país 19.000 tortugas hicoteas, 217 micos, 42 cacatúas, 202 guacamayas, 12 osos hormigueros, 43 osos perezosos, 133.000 peces y 10 babillas, entre otros animales, que iban a ser vendidos en plazas de mercado o que eran transportados a centros urbanos para su posterior comercialización hacia el exterior. El valor de estas especies incautadas en 2005 supera en el mercado negro los $16.000 millones, pero solo representa un pequeño porcentaje de lo que realmente se trafica. Entretanto, en el Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Dama, en Bogotá, hay 830 animales que han sido decomisados o entregados voluntariamente. Entre ellos hay guacamayas, azulejos, pavos de monte, carracos, micos, tortugas, búhos, ardillas, un zorro, águilas, decenas de tarántulas, loros, borugos… ?

Crimen organizado
Un reciente informe de inteligencia del Grupo Investigativo de Delitos contra el Medio Ambiente, de la Dijin, revela que en el país el tráfico de especies silvestres se ha constituido en una empresa del crimen organizado. Para la capitana Mabel Rocío Hernández, quien dirige esta unidad especial, el hecho de que Colombia albergue el 10% de la flora y fauna mundial, en tan solo el 0,7% del territorio del planeta, ha convertido al país en uno de los blancos predilectos de las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de especies. Las indagaciones a su cargo y las del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Dijin han revelado que estas redes están conformadas por grupos familiares que cuentan con la infraestructura y los equipos necesarios para facilitar su operación, como fincas, bodegas y vehículos.

Así mismo, que están organizados por grupos. Los recolectores son habitantes de la región (campesinos, indígenas, colonos) que conocen la topografía, las especies, sus ciclos reproductivos y sus hábitats naturales, pero que desconocen la naturaleza delictiva de los encargos, por los cuales reciben sumas irrisorias. Luego están los grupos de transporte que se encargan de movilizar las especies en botes, camperos, camiones y vuelos de carga en los que llegan lo más cerca posible de los centros urbanos. En las ciudades opera el grupo de comercialización que se especializa en contactar y ampliar los nichos del mercado tanto en el país como en el exterior. Para la Dijin, esta estructura de redes se caracteriza por traficar altos volúmenes de especies y utiliza internet para hacer contactos y concretar pedidos.

La demanda
En la industria de la moda se ha encontrado que gran parte de las pieles de reptiles y de algunos mamíferos que salen del país de manera clandestina, tiene como destino reconocidas casas de moda, en especial fabricantes europeos de abrigos, chaquetas, zapatos y accesorios. Cuando la demanda es alimentaria, Asia es el principal destino de diferentes clases de anfibios (ranas), reptiles, crustáceos, insectos, así como de aletas de tiburón cuyo destino es Japón. Por esta práctica, está a punto de desaparecer una especie única de tiburón que solo se reproduce en los alrededores de la isla de Malpelo.

Otro grupo que también patrocina este mercado ilegal es el de los coleccionistas. En Estados Unidos, según la Dijin Ambiental, son comercializadas especialmente las aves exóticas, por las cuales se pagan cifras exorbitantes, solicitadas por sus llamativos colores como los papagayos y tucanes. Además de las aves, los coleccionistas compran felinos, tarántulas, coleópteros, reptiles y peces. El organismo de inteligencia también llama la atención en el sentido de que los efectos de la investigación científica no controlada, relacionada con la biopiratería, también está motivando esta práctica. Cabe recordar que en 2004, un panameño fue detenido en el muelle internacional del aeropuerto Eldorado, de Bogotá, por llevar en una valija varias ranas vivas de una variedad venenosa y protegida del Chocó, las cuales son altamente peligrosas ya que con poca transpiración pueden acabar con la vida de varias personas. El principal destino de este mercado biológico, según la Policía, es la industria farmacéutica.

Las rutas
Las autoridades han identificado, desde Colombia, tres rutas principales hacia diferentes regiones del mundo. La primera tiene como destino México, Estados Unidos (Florida, Nueva York, Texas y California), República Dominicana y Ecuador. Esta se especializa en el tráfico de aves, pieles de reptiles, mamíferos y anfibios. La segunda, en la que se comercializan especialmente pieles de reptiles y mamíferos, cubre el Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, República Checa y Suecia, entre otros países europeos. Y hay otra cuyo destino principal es el continente asiático, específicamente Malasia, Indonesia, Japón, Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Tailandia, en donde se venden reptiles, anfibios, insectos y especies de flora silvestre.

En el interior del país, la Contraloría General de la República, con base en informes del DAS Rural, hizo la siguiente clasificación de rutas regionales para la movilización de la fauna silvestre y sus subproductos. Los mamíferos, aves y reptiles se mueven entre Amazonas-Meta-Bogotá, Casanare-Bogotá, Caquetá-Huila-Tolima (Girardot)-Bogotá, Chocó-Antioquia-Barranquilla, Putumayo-Nariño-Valle. Los anfibios, coleópteros y arácnidos se mueven en la ruta Chocó-Valle-Bogotá, Boyacá-Bogotá-Bajo y Medio Magdalena-Cundinamarca. Los pescados y peces ornamentales salen principalmente por Amazonas-Bogotá, Magdalena Medio-Bogotá, Chocó-Antioquia-Bogotá, Llanos Orientales-Bogotá y Caquetá-Putumayo-Bogotá.

Según la Dijin, los departamentos más afectados por la caza indiscriminada de aves son Cesar, Atlántico, Magdalena y Antioquia. Con respecto a la comercialización de pieles de reptiles, los damnificados son Sucre, Córdoba, Cesar y Antioquia. En cuanto a mamíferos, huevos de iguana y de tortuga, toda la Costa Atlántica. El Amazonas, por su enorme diversidad, es el más afectado.

Jalón de orejas
Si bien las autoridades ambientales han intensificado su persecución de los traficantes de fauna silvestre, los animales incautados se han convertido en una verdadera papa caliente, pues el país no cuenta ni con normas jurídicas que regulen el manejo posdecomisos ni con la infraestructura suficiente para la administración de los mismos. Así lo denunció la Procuraduría General de la Nación en el informe preventivo 'Diagnóstico sobre el manejo y disposición de especímenes decomisados de fauna silvestre en Colombia', según el cual tampoco existen estadísticas concretas sobre los decomisos y el tráfico ilegal.

"A pesar de la existencia de protocolos de manejo posdecomiso de fauna silvestre, no hay procedimientos que den cuenta de la situación de estos animales. Solo 21 de las 39 autoridades ambientales cuentan con algún tipo de infraestructura para la fauna silvestre decomisada, como jaulas, centros de paso o centros de atención y valoración. La actuación de las autoridades ambientales en cuanto a decomisos y entregas voluntarias de animales es pobre", sostiene el organismo de control.

La Procuraduría también encontró un bajo reporte de investigaciones adelantadas en contra de los infractores frente al número de animales decomisados. En el período analizado (1995-2004) solo se habían iniciado 1.639 investigaciones frente a los 251.776 animales decomisados; 45 de ellas concluyeron en multa y 263 en sanción diferente, incluido el decomiso definitivo. En otras palabras, las sanciones solo cubrieron el 18,79% de las investigaciones iniciadas. Y solo 9 de las 39 autoridades ambientales interpusieron denuncias penales en la Fiscalía General de la Nación con el fin de colaborar con la investigación y la respectiva sanción penal al tráfico ilegal de fauna silvestre.

Ante las deficiencias reveladas en este informe, la Procuraduría requirió al Ministerio del Medio Ambiente un plan de acción para resolver todos y cada uno de estos aspectos críticos. En carta enviada a ese despacho, el Jefe del Ministerio Público instó al Estado para que adopte con prontitud medidas eficaces para proteger integralmente la fauna colombiana en su condición de recursos públicos, aplicar sanciones penales y administrativas a quienes infrinjan las normas que regulan su administración y uso, así como incentivar el desarrollo de investigaciones científicas que permitan conocer más nuestra diversidad biológica con la finalidad de usarla mejor.

A este requerimiento se suma el de la capitán Mabel Hernández, jefe del Grupo Investigativo de Delitos contra el Medio Ambiente, de la Dijin, para la cual es sumamente importante que los encargados de perseguir y procesar a los delincuentes posean el conocimiento necesario sobre la materia. En este sentido, advierte que una de las prioridades más importantes es la creación de una Fiscalía especializada y el fortalecimiento de los grupos investigativos de delitos ambientales para poder judicializar a los traficantes de especies silvestres en Colombia.

Según ella, hay mucho desconocimiento sobre el marco legal e institucional que existe para meter en cintura a los infractores, como la Ley 17 de 1981 mediante la cual Colombia ratificó el Convenio Internacional Contra el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres (Cites), el Código Nacional de Recursos Naturales, el Estatuto de Protección de los Animales, el Estatuto Nacional de Pesca, el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas que Colombia ratificó con la Ley 165 de 1994 y el Código Penal Colombiano, además de lo que ordena la Constitución Nacional al respecto.

Así como ella, muchos creen que aún estamos a tiempo para frenar este mercado ilegal que tiene efectos irreversibles a largo plazo e incalculables en términos de pérdida de nuestra diversidad biológica.

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