| 5/27/2009 12:00:00 AM

Los turnos de vigilancia

Tras varios meses de concertación, se llegó a un principio de acuerdo sobre jornadas laborales máximas para vigilantes, pero este deberá ser avalado por una ley.

El 27 de diciembre de 2007, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, firmó el decreto 4950 que definía las tarifas mínimas de cobro para los servicios de vigilancia y seguridad privada. Pero unas semanas después, cuando la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada comenzó a definir los parámetros del decreto, se desató toda una polémica por las implicaciones que tenía esta normatividad en las jornadas laborales de los vigilantes.

El decreto cambió el sistema de operación laboral con el cual venían trabajando algunas empresas de seguridad y planteó que, en adelante, ya no se aceptarían más los 'turnos de 24 horas' y se establecían restricciones para los turnos de 12 horas. Aunque el decreto no fijaba jornadas laborales, al definir unos costos mínimos dejaba planteada la necesidad de cumplir con la ley laboral, que contempla 8 horas diarias y 48 a la semana. Además, estuvo acompañado de una campaña en medios para advertir sobre multas por incumplimiento.

Jaime Higuera, presidente de Andevip, el gremio de las empresas de vigilancia, asegura que el principal efecto del decreto fue acabar con una práctica poco sana -tanto para las empresas como para los vigilantes- de establecer turnos de trabajo de 24 horas que "no le funcionan ni a la parte operativa ni al vigilante".

El decreto iba más allá: buscaba acabar también con los turnos de 12 horas que algunas empresas fijaban de tal manera que sobrepasaban las jornadas laborales autorizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero, fue tal el nivel de confusión, consultas, cambios e incertidumbre que generó este decreto sobre tarifas que, tanto la Superintendencia de Vigilancia como el Ministerio de Protección tuvieron que establecer mesas de trabajo para analizar el tema.

Para los residentes de algunos conjuntos, el decreto derivó en aumentos en las tarifas de administración, aunque Higuera señala que esto pudo obedecer a que "no estaban cumpliendo con los costos mínimos o las empresas no los estaban cobrando, porque finalmente el contrato implica la prestación de servicios de vigilancia las 24 horas del día, independiente de que se haga con dos, tres o más personas".

El proceso de diálogo y concertación ha derivado en una fórmula que cuenta con el aval de la OIT. Tambien hay un principio de acuerdo sobre la conveniencia de regresar a los turnos de 12 horas, sin exceder las 60 semanales.

Este acuerdo, sin embargo, todavía tendrá que ser avalado por ley. Para tal efecto, Andevip ha pedido que el tema se incorpore en el Estatuto de Vigilancia Privada que actualmente tiene tres proyectos de ley planteados en el Congreso de la República y que podría ser concertado en los próximos días para convertirlo en uno solo.

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