Los enredos de Tobía

| 11/10/2000 12:00:00 AM

Los enredos de Tobía

Estaba en Dinero...



El 15 de septiembre Dinero anticipó que estaba a punto de confirmarse la caducidad del contrato de la concesión Tobía Grande-Puerto Salgar. La decisión de dar por terminado el contrato se dio por el incumplimiento de los concesionarios -el grupo colombiano integrado por Cano Jiménez, Castro Tcherassi, Equipos Universal, Gercon, el IFI, Banco del Estado y el grupo español Banco Santander, SACYR, ENA y ACS- en el cierre financiero y en la presentación de las pólizas de cumplimiento. Casi un mes después, la revista analizó lo que sucedería una vez saliera el fallo del Invías: el Estado podría proceder a poner la obra en marcha. El primer paso para hacerlo, la valoración de la obra, ya se dio. Se determinó que se han invertido $50.000 millones. El segundo paso es que el Estado tome posesión de lo construido y comprado. (Septiembre 15 de 2000, Dinero No. 117 y octubre 13 de 2000. Dinero No. 119).



En qué va...



El 24 de octubre pasado, un día antes de que se venciera el plazo, el Invías anunció la caducidad del contrato de concesión. Las empresas que conformaron el consorcio anunciaron la demanda a la Nación por US$400 millones, como indemnización por daños y perjuicios. A su vez, el Invías demandaría a la sociedad concesionaria por más de US$130 millones por incumplimiento del contrato. Con esta determinación, ninguna de estas compañías podrá volver a contratar con el Estado en 5 años y todas deberán devolver las concesiones en las que están trabajando, entre otras, Transmilenio, el mantenimiento vial del norte de Bogotá, la vía férrea del Pacífico y la concesión Riohacha-Paraguachón. Se prevé la apertura de una nueva licitación, por parte del Invías.
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