| 3/6/2009 12:00:00 AM

La venta de las electrificadoras

El Gobernador de Boyacá ha sido crítico del proceso porque considera que los activos están subvalorados. En Meta una orden judicial tiene enredada la venta.

Cuatro años después de que el Gobierno firmara un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para vender un grupo de electrificadoras públicas regionales, el pasado 26 de febrero finalmente se dio inicio al proceso.

Ya se enajenaron tres de las ocho electrificadoras que tendrán que venderse este año, a pesar de que el proceso ha sufrido tropiezos: desde debates y cuestionamientos en el Congreso de la República a los ministros de Hacienda y de Minas, hasta protestas en consejos comunales y acciones judiciales para tratar de tumbarlo.

El argumento del Gobierno es que ya es hora de darle un mejor uso a los recursos invertidos en electrificadoras que han tenido inyecciones de capital para su recuperación financiera tras haberse convertido en focos de burocracia.

La primera etapa de ventas, dirigida a gobernaciones y operadores públicos, incluye a las electrificadoras de Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Meta y Boyacá. La venta se estima en $1 billón, monto que el Gobierno Nacional ya incorporó en su presupuesto general de 2009.

Por eso, el resultado del 26 de febrero pasado dejó ampliamente satisfecho al Gobierno, que logró vender las electrificadoras de Santander, Norte de Santander (a EPM) y Cundinamarca (a EEB), por un valor total de $764.681 millones. El viceministro de Minas y Energía, Manuel Maiguashca, destacó que solo en el caso de Cundinamarca, se obtuvo un precio 76% superior al que se tenía en el avalúo secreto que había contratado el Ministerio -se colocó en $211.681 millones, frente a un precio base de $120.220 millones.

Pero quienes se oponen al proceso consideran que uno de los temas en los que ha fallado el Gobierno es justamente en los avalúos de las electrificadoras porque a pesar de ser secretos, no reflejan el valor real de estas sino un precio que califican de ínfimo. El gobernador de Boyacá, José Rozo Millán, ha sido uno de los principales críticos del tema y durante el consejo comunitario del pasado 14 de febrero, en Samacá, se quejó ante el presidente Álvaro Uribe por los irrisorios precios que están ofreciendo los operadores públicos. Mientras la Gobernación estima que la Electrificadora de Boyacá tiene un costo aproximado de $600.000 millones, un operador les ofreció el 5% de ese valor, lo que motivó al mandatario regional y a un nutrido grupo de alcaldes a rechazar el proceso de venta. La situación ha generado tal nivel de tensión que el Ministerio de Minas y Energía decidió dar un compás de espera a esta venta.

La del Meta, por su parte, no ha salido a la venta porque tiene problemas judiciales, luego de que un juez del departamento decidiera congelar el proceso, argumentando que los activos debían ofrecerse primero al sector solidario. Las de Huila, Caquetá y Nariño tienen atrasos en el proceso de valoración, el cual apenas está terminando y cuyo proceso de enajenación podría tardar al menos un mes más.

Aunque el proceso ya arrancó, todavía hay quienes esperan que el Gobierno evalúe mejor el momento y el monto que espera obtener por estos activos.

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