Luego de las 'batallas campales' que ha tenido que presenciar en las audiencias de adjudicación de contratos del Estado a particulares, el lunes 8 de noviembre la procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño, se declaró sorprendida. Para ella, la audiencia que acababa de realizar la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se había desarrollado con "demasiada calma y (de manera) tan pacífica", que casi no lo podía creer.

En menos de dos horas, la ANH adjudicó 78 contratos, dando fin a un proceso que arrancó en diciembre de 2009 y requirió de diez audiencias para entregar a 44 empresas petroleras la licencia para explorar petróleo en 20 cuencas que abarcan cerca de diez millones de hectáreas.

El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, lideró la audiencia de adjudicación y destacó la inversión que realizarán las compañías adjudicatarias, por US$1.643 millones.

Pero, aunque en la última audiencia reinó la calma, el proceso tuvo una suspension a mediados de octubre por críticas de algunas empresas que motivaron una revisión exhaustiva por parte del Consejo Directivo de la ANH.

Dos temas se convirtieron en 'lunares' del proceso: por un lado, hubo empresas preclificadas que se quejaron por un supuesto incumplimiento en las reglas de juego fijadas por la propia ANH y, por otro, se especuló acerca de la presunta participación de capitales non sanctos dentro de una de las compañías participantes.

En el primer caso, el Consejo Directivo revisó técnica y jurídicamente tres casos: la adjudicación de bloques que podrían tener problemas por ser contiguos, que se resolvió adjudicando a Montco Energy los bloques Putumayo 12 y Putumayo 14. De oficio se revisó la asignación de los bloques VMM 11 y 35, otorgados a la firma Alange por no ser contiguos. También se resolvió una queja de la compañía Petróleos del Norte, que pedía otro bloque, pero no fue admitida.

Frente al tema de la filtración de capitales ilícitos en algún participante, el Consejo inició consultas con autoridades para revisar los antecedentes de algunos socios de una de las compañías cuestionadas. Sin embargo, no se encontró mérito para reversar la adjudicación.

No obstante, se tomó la decisión de incorporar en la firma de los contratos con la ANH una cláusula en la que, bajo gravedad de juramento, las compañías se comprometen a garantizar que sus recursos tienen procedencia lícita pues, en el futuro, de llegar a comprobarse lo contrario, podrían perder el bloque adjudicado con las consecuencias económicas que esto implicaría.

La adjudicación de estos 78 bloques abre buenas perspectivas para el futuro petrolero del país y se convierte en un precedente en cuanto a que estos procesos deben desarrollarse con total claridad y ceñidos a la ley para evitar futuros tropiezos jurídicos o legales.