| 2/5/2010 12:00:00 PM

La Emergencia Social

La expedición de los decretos reglamentarios busca disminuir el impacto de algunas medidas adoptadas que afectan claramente a los médicos y usuarios del sistema de salud.

Apelando a la facultad que le da la Constitución, el 23 de diciembre de 2009 el Gobierno se convirtió en legislador extraordinario y a fin de conjurar la crisis que vive el sector de la salud expidió el Decreto 4975 declarando el estado de Emergencia Social, norma que le permite durante 30 días expedir leyes sin tener que acudir al Congreso.

En desarrollo de la Emergencia Social, el 21 de enero se publicaron diez decretos cuyo contenido ha generado gran revuelo entre las Asociaciones Médicas y Científicas, usuarios de servicios médicos, Entidades Promotoras de Salud (EPS) e incluso gremios y analistas económicos. Aunque el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, ha tratado de apaciguar los ánimos e insistir en las bondades de las medidas, cada declaración enciende un nuevo fuego.

Los decretos ley ya están en vigencia, pero a raíz de las críticas, la primera semana de febrero el Ministerio de la Protección abrió la discusión pública de los decretos reglamentarios, a fin de corregir o dar una interpretación que suavice las normas, lo que implica un 'reversazo'. Para el decano de economía de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, "en Colombia estamos haciendo el proceso al revés"; es decir, consultando las medidas después de su expedición, mientras que en Estados Unidos el análisis de las medidas en salud tomó un año y contó con la participación de todos los interesados.

Dos objetivos básicos tienen las medidas: garantizar recursos para la prestación universal de servicios de salud y equiparar las prestaciones de los usuarios del régimen contributivo (cerca de 17 millones de usuarios de los cuales unos 8 millones aportan y los demás son beneficiarios) y los del régimen subsidiado (Sisbén).

Por el lado de la financiación, si bien es cierto que los dos decretos (127 y 130) que aumentan los impuestos a las cervezas, cigarrillos, licores y juegos de suerte y azar generarán recursos adicionales a la salud por $1,2 billones, el cálculo más conservador indica que garantizar las prestaciones podría estar entre $5 billones y $6 billones.

Frente a las prestaciones, la redacción de dos decretos generó inquietudes. El primero es el 128 que crea las "prestaciones excepcionales en salud", y exige a los usuarios de enfermedades o tratamientos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS) el pago con recursos propios, de su familia, de cesantías o pensiones obligatorias. Para Gaviria, aquí se crea un tipo de "inequidad vertical" porque a una persona que no tiene cómo pagar, el Gobierno la subsidia, pero un asalariado tendrá que ver cómo responde con su patrimonio.

Con el decreto 131 se "crea el Sistema Técnico Científico en salud, se regula la autonomía profesional y se definen aspectos del aseguramiento del Plan Obligatorio de Salud". Roberto Esguerra, director de la Fundación Santafé, asegura que este decreto desdibuja el espíritu de un sistema de aseguramiento en salud porque prioriza los servicios del nivel primario, lo cual se convierte en una medida regresiva que afectará principalmente a los más pobres.

También hubo rechazo a la adopción de guías o estándares para la atención de enfermedades que, de no ser seguidos al pie de la letra por los médicos, generaría sanciones pecuniarias. Este tema exacerbó los ánimos del cuerpo médico y llevó a la Academia Nacional de Medicina y otras asociaciones científicas a rechazarla porque acaba con la autonomía y "representa una afrenta que la profesión médica no puede aceptar". Esta reacción hizo que éste fuera uno de los primeros temas en corregirse, restituyendo la autonomía a los médicos y dejando en manos de los tribunales médicos el tema de las sanciones, a través de un decreto reglamentario cuyo borrador está en consulta.

Con la expedición de los decretos reglamentarios se espera que se apacigüen los ánimos. Sin embargo, no es claro qué tanto se puedan reversar las decisiones iniciales.

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