Luego de conocerse el fallo de la Corte Constitucional sobre el referendo reeleccionista, los colombianos se preparan para conocer, antes de finalizar el mes de marzo, el concepto de este alto tribunal sobre los decretos de reforma al sistema de salud expedidos el pasado 21 de enero en el marco de la Emergencia Social.
Aunque la Corte no se ha pronunciado sobre la exequibilidad de las normas, hoy crecen las apuestas en el sentido que el alto tribunal podría dar un concepto negativo que ‘tumbará’ en todo o en parte los decretos sobre estas polémicas medidas, que ya han generado rechazo en varios sectores. El martes 2 de marzo el Procurador Alejandro Ordóñez se pronunció sobre las medidas y recomendó que fueran declaradas inexequibles por la Corte.
En uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Emergencia decretada el 23 de diciembre de 2009, se adoptaron medidas de tres tipos: unas fiscales, diseñadas por el Ministerio de Hacienda, que crean nuevos impuestos para financiar la salud; otras del tema de salud, planteadas por el Ministerio de Protección y que ya han tenido algunas correcciones, y un tercer grupo relacionado con apropiaciones para un fondo antidrogas, gestionada por el Ministerio de Interior y Justicia.
¿En qué se basan quienes anticipan que las normas sobre salud podrían ser derogadas? Errores de forma y de fondo han sido identificados por expertos en temas legislativos y tributarios, que consideran las fallas como de índole normativa, administrativa, preventiva, de control y sancionatoria. Pero dos problemas de tipo constitucional tienen en jaque las normas.
El primero se refiere a una de las razones por las cuales se invocó la Emergencia: la inminencia de la crisis en la salud, que le permitió al Ejecutivo expedir los decretos ley. La presidente del Instituto de Derecho Tributario, Lucy Cruz de Quiñónez, asegura al respecto que “no existe la hipótesis habilitante para decretar la Emergencia porque no se dieron hechos sobrevinientes sino que se trataba de una crisis anunciada desde hace más de ocho años”. La experta señala que desde 2002 la Corte Constitucional había requerido al Ejecutivo para que solucionara los problemas que se registraban en la prestación de servicios de salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
Un segundo aspecto tiene que ver con lo que algunos califican de ‘eliminación de la autonomía de las regiones’, contemplada en el decreto 132, que le da al Ejecutivo la facultad de contratar servicios en salud para atender población del régimen subsidiado. El presidente de la Federación de Municipios, Gilberto Toro, planteó que “es abiertamente inconstitucional en todos los sectores, y especialmente en salud, presumir que el manejo centralizado sea el único camino que garantiza la oportunidad y eficiencia”, como lo contempla el mencionado decreto.
Toro le pidió al presidente Álvaro Uribe, a nombre de los municipios del país, derogar los decretos “por violar el marco constitucional de la descentralización, la autonomía municipal y los principios constitucionales de la salud, que exigen que este servicio básico se organice y preste de manera descentralizada”.
Lo que todos los colombianos esperan es que los cambios planteados en materia de coberturas y atención en salud no terminen afectando la prestación de los servicios de salud y en especial los de alta complejidad. La Corte Constitucional tiene la última palabra.