| 8/5/2005 12:00:00 AM

Universidades más abiertas

Para avanzar hacia una mayor transparencia y facilitar el control social, las universidades deberían seguir el mismo camino de las empresas y hacer públicos sus balances.

El país avanza hacia una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de la información financiera. El Estado cuenta con instrumentos para vigilar a las empresas y verificar que los resultados financieros que registran ante la Dian son consistentes con los que presentan ante los bancos, de modo que la evasión se está haciendo cada vez más difícil. La Dian, con su sistema Muisca, tiene una capacidad creciente para detectar inconsistencias e impone sustanciales multas cuando aparecen. La Superintendencia de Sociedades trabaja en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial, no solo para detectar inconsistencias en la información, sino también para poder anticipar cambios en el ciclo de negocios y actuar oportunamente.

Las empresas están aprendiendo a aceptar que una vigilancia efectiva sobre sus balances forma parte de la realidad de su gestión. Las firmas que tienen visión de largo plazo entienden que esto es bueno para ellas. Cuando los inversionistas, los bancos y los clientes pueden confiar en la información que ellas entregan, se reduce el costo de hacer negocios y se facilitan las posibilidades de aprovechar nuevas oportunidades.

No obstante, mientras todo esto sucede, las universidades se mantienen al margen. Sus estados financieros son un misterio que nadie puede conocer. Esto es bastante infortunado, pues se le restringe a la sociedad el derecho de evaluar el manejo que estas instituciones dan a los recursos que los padres de familia entregan a cambio de la educación de sus hijos.

Algunas personas en este sector sostienen que la publicidad de los estados financieros va en contra de la autonomía universitaria. Este argumento no tiene sentido. La autonomía universitaria está contemplada tanto en la Constitución de 1991 como en la ley 30 de 1992. Esa autonomía busca garantizar que las universidades puedan trazar su propio rumbo y regirse por sus propios estatutos. Su objetivo no es cerrar la puerta a que los estudiantes y los padres de familia evalúen los resultados de la gestión con la cual las universidades se comprometen.

En ninguna parte, la Constitución o la Ley hacen referencia a que la autonomía universitaria permita a estas entidades mantener en reserva sus estados financieros. No hay razón para que el Ministerio de Educación, cuya función es la inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior, no exija la información económica y financiera y proceda a publicarla, tal como lo hace la Superintendencia de Sociedades con la información que recibe de las empresas.

Un ejercicio interesante sería cruzar los estados financieros de las universidades con sus resultados en los exámenes de Estado ECAES. No sería raro encontrar que las instituciones con los mayores recursos y utilidades no son las que logran los mejores resultados en las pruebas de Estado, sino que quizás hay contradicciones extremas entre estas dos variables. Esta es la sospecha que tienen muchos observadores, pero hasta ahora ha sido muy difícil probarlo. ¿Qué pasa, entonces, con todos esos recursos? ¿A dónde van? ¿Qué ocurre con los excedentes en entidades que no tienen ánimo de lucro y no pueden distribuir utilidades?

Con la información financiera a la mano, en forma fácil y oportuna, sin tener que recurrir al derecho de petición, la sociedad civil podría ejercer el control social que le corresponde y el país, con la ayuda de sus universidades, podría avanzar por el camino del desarrollo y la tecnología. ¿Dónde está, entonces, el impedimento?
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