| 11/10/2006 12:00:00 AM

Una reforma urgente

La sostenibilidad de las finanzas públicas y el logro de las metas sociales se verían en serio peligro, si el Congreso no aprueba la reforma a las transferencias territoriales.

El gobierno sometió a consideración del Congreso el proyecto de Acto Legislativo número 11 de 2006, el cual volvería permanente la fórmula establecida en 2001 para la transferencia de los recursos de la Nación a los entes territoriales. Es fundamental que el Congreso apruebe esta reforma, pues de ella dependen la sostenibilidad de las finanzas públicas y el logro de las metas de educación, salud y saneamiento básico.

El objetivo es manejar el desajuste que introdujo la Constitución de 1991, cuando definió que las transferencias a los territorios se harían con base en un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la Nación. La idea era cimentar la autonomía de las entidades territoriales, garantizándoles ingresos crecientes. A su vez, los municipios y departamentos debían encargarse del cubrimiento de los principales servicios sociales, como educación, salud y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.

Para entender la importancia de la propuesta que el gobierno hace ahora, basta comparar lo que ocurrió con las transferencias en dos períodos recientes: 1994-2001 y 2001-2006.

Entre 1994 y 2001, las transferencias funcionaron como está escrito en la Constitución de 1991. La idea era que el situado fiscal debería pasar de ser el 23% de los ingresos corrientes en 1994 al 24,5% en 1996, año a partir del cual el porcentaje debería permanecer constante. Por su parte, las transferencias a los municipios deberían pasar de 15% en 1994 a 22% en 2001.

Sin embargo, el sistema demostró ser incapaz de adaptarse ante los vaivenes de la economía. La crisis de finales de la década del 90 afectó las finanzas públicas y el crecimiento económico. El déficit fiscal del sector público consolidado ascendió a 5,5% del PIB y el crecimiento se redujo a -4,3% en 1999.

La caída del crecimiento se reflejó en los ingresos tributarios y, por tanto, en el monto de los ingresos corrientes que la Nación debía transferir a los territorios. En 1999, por ejemplo, la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación cayó en 10% con respecto a lo inicialmente asignado. El gobierno tuvo que entrar a suplir el faltante. En otras palabras, el mecanismo de fijación de las transferencias se convirtió en un factor que profundizó aún más la crisis fiscal.

Como respuesta a esta crisis, en 2001 se aprobó la ley 715, la cual determinó que las transferencias se vincularían de manera temporal, entre 2002 y 2008, a la inflación anual más 2 puntos en los primeros 4 años y 2,5% en los 3 restantes. Se creó también un mecanismo que estabiliza su impacto en el tiempo sobre las finanzas públicas. Cuando la economía crece por encima del 4%, las participaciones tienen un crecimiento equivalente a los puntos en que se supere esa tasa de crecimiento, después de descontar los recursos que la Nación asumió en los casos en que la economía presentó un crecimiento por debajo de 2%.

La experiencia muestra que durante este último período se logró más en cobertura de educación, salud y cubrimiento básico, que lo alcanzado en todo el período anterior. Incluso antes de la crisis de 1999, cuando hubo abundancia a mediados de la década pasada, buena parte de los recursos se fue a cubrir nóminas superfluas. La Ley 715 fue esencial para el saneamiento de las finanzas públicas.

El acuerdo temporal que se logró con la Ley 715 está a punto de terminar. Es urgente que el país esté consciente de la trascendencia del tema y del costo que tendría no aprobar esta reforma. Según cálculos de Ministerio de Hacienda, el costo para el gobierno central sería equivalente a 2 puntos del PIB por año, un lujo que el país no puede darse. Tanto la estabilidad fiscal como el logro de las metas sociales están amenazados.
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