Un justo medio

| 11/1/2002 12:00:00 AM

Un justo medio

Después de años de estancamiento económico y creciente inseguridad, no es extraño que el país esté ávido de buenas noticias. Sin embargo, a veces parece que esta expectativa nubla el buen juicio de los colombianos y nos lleva a extremos. Quien resalta una noticia positiva acerca del gobierno o las Fuerzas Militares es tildado de gobiernista; pero quien habla mal del gobierno, así sea con razón, es visto como ave de mal agüero y antipatriota. En este ambiente cargado, es más necesario que nunca opinar a conciencia. No podemos perder la perspectiva sobre qué está bien o qué está mal, y mucho menos dejar de expresarlo públicamente.



El gobierno del presidente Uribe tiene, sin lugar a dudas, innumerables cosas buenas, pero también ha cometido errores que deberían llevarlo a una reflexión y a mejorar. En esta última categoría, cabe mencionar cierto estilo de comunicación que se ha establecido entre el Presidente y sus ministros, en el grupo de los ministros, y entre estos y la opinión pública. En algunas oportunidades, la descoordinación es sencillamente inexplicable. Ejemplos graves de este desconcertante modelo son el manejo de la reforma tributaria y, más recientemente, el de los aranceles del sector agrícola en el marco de la Junta del Acuerdo de Cartagena. La descoordinación entre los ministerios de Agricultura y Comercio frente a este tema se tradujo en un incidente sencillamente bochornoso para el país.



Lo ocurrido con la reforma tributaria es quizás más grave aún. Es difícil entender la razón por la cual el gobierno ha cambiado tres veces la cifra del recaudo necesario para el año 2003, y que cada nueva cifra sea prácticamente el doble de la anterior. De los $1,7 billones que figuraban en la primera versión de la reforma (que no alcanzó a presentarse al Congreso, pero que sí se divulgó ampliamente) se pasó a $2,2 billones en el proyecto de Ley. Tres semanas después, el gobierno elevó nuevamente la cifra a $4 billones.



Equivocaciones de esta magnitud en el tamaño del ajuste requerido no solo resultan insólitas, sino que generan desconfianza sobre qué quiere realmente el gobierno. Los colombianos le han manifestado reiteradamente al Presidente su intención de brindarle todo el apoyo necesario para que pueda sacar al país adelante. Lo mínimo que se espera a cambio es claridad en las cuentas y en los objetivos que se buscan.



Bajo el supuesto de que los $4 billones son realmente la cifra que se requiere para lograr la estabilidad de las finanzas en el mediano plazo, es imperativo que, por lo menos, la reforma quede bien hecha. No puede ser puramente fiscalista ni puede violar los principios de técnica tributaria. El gobierno y el Congreso tienen que entender que un ajuste en ingresos de esta magnitud no puede venir exclusivamente de los mayores impuestos a la renta. La ampliación de la base del IVA y la eliminación de las exenciones de renta son indispensables.



El ideal sería la aplicación de tarifas planas generalizadas, tanto en renta como en IVA, en lugar del esquema de tarifas diferenciales que está haciendo curso en el Congreso. Las tarifas planas no solo desestimularían la evasión, sino que además aumentarían los recaudos significativamente. Con las tarifas diferenciales se deja de gravar el consumo de los ricos con el argumento de favorecer a los pobres, pero esto es un grave error, cuando el 70% del consumo está concentrado en la población más rica. Si se trata de hacer política redistributiva, lo mejor es recaudar más y de todo el mundo, para poder luego utilizar estos recursos en beneficio de los más pobres. Así funcionan los sistemas tributarios de la mayoría de países del mundo y así debería empezar a funcionar el sistema colombiano.
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