| 7/6/2011 6:00:00 PM

Un debate superfluo

La corrupción no está en nuestra sangre ni es cultural. Aquí lo corrupto es la institucionalidad electoral y el proceso sancionatorio.

Poco bien le haría a Colombia si el debate sobre la corrupción que azota al país se quedara en lo trivial y lo superfluo. La avalancha de escándalos que se han destapado recientemente en el sector salud, en el Ministerio de Agricultura, en la contratación de obras públicas en Bogotá, en otras alcaldías y gobernaciones— lleva a pensar que lo que sucede aquí es algo mucho más complejo y profundo que la simple deshonestidad de un alcalde o el afán de enriquecerse de unos cuantos funcionarios.

¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Cómo combatirlo? Lamentablemente, el debate público sobre el tema no es muy profundo y abundan los lugares comunes y la resignación. Con frecuencia derivamos hacia interpretaciones que ven lo que está ocurriendo como expresiones de una "colombianidad" propicia a la violencia, al crimen y al abuso. Sin embargo, el auge de la corrupción puede estar ligado a decisiones que hemos tomado como país y cuyas implicaciones estamos obligados a examinar. En particular, está relacionado con la captura de instituciones y presupuestos por intereses particulares a raíz de la descentralización, y con el desbalance entre incentivos y costos que enfrentan los ciudadanos.

Claudia López ha presentado evidencia contundente, desde hace ya más de seis años, sobre cómo los procesos electorales y presupuestales se han venido fundiendo y confundiendo el uno con el otro. Con demasiada frecuencia, en Colombia se elige con base en plata y con el objetivo de controlar la plata de los presupuestos públicos. Como dicen en la Costa: un pesito para ti, si votas por mí. En buena parte del país, el proceso electoral fue capturado por el paramilitarismo y el conflicto armado, que a su vez cooptaron el gasto público y se apropiaron de sus recursos.

Duele decirlo, pero la descentralización en Colombia es más un proceso electorero que un canal para el fortalecimiento de los territorios. Veinte años más tarde, la desigualdad en el desarrollo territorial se ha ampliado en lugar de reducirse. Una colcha de retazos de leyes y decretos intenta llevar prosperidad a los territorios, sin muchos resultados. Que Buenaventura, Chocó, la Guajira, Arauca y Casanare hayan recibido por décadas multimillonarios recursos públicos de regalías y al mismo tiempo su atraso se haya profundizado es señal de fallas graves en las estructuras de gobierno de las regiones. La corrupción en el gasto público no es la enfermedad, es el síntoma de problemas profundos del sistema político y el ordenamiento territorial.

La gran masa de la ciudadanía se ha acostumbrado a este proceso y no exige un cambio. En un país con una lamentable distribución de la riqueza y donde la preocupación diaria para más de 50% de la población es tener algo qué comer, la gran masa de los electores piensa más en lograr unos pesos el día de elecciones que en la construcción de un sistema democrático. Año tras año, millones de colombianos cambian de mesa de votación sin ninguna explicación. Electores y elegidos repiten la misma rutina, una y otra vez.

Al tiempo con una división administrativa que facilita la cooptación de los presupuestos, tenemos un sistema de sanciones en el que el balance de beneficios y costos es positivo para quienes incurren en estos delitos. No solamente la probabilidad de ser capturado y juzgado es baja, sino que, incluso, cuando el inculpado termina en la cárcel, los bienes apropiados ilegalmente siguen siendo suyos.

En Colombia, aun si el corrupto va a la cárcel, las fincas, casas y millonarias cuentas bancarias esperarán al ex funcionario para que las disfrute. Basta ver aquellas de todos nuestros ilustres ex presidiarios. Veremos qué pasa con las sociedades de Iván en Islas Vírgenes, o las fincas de recreo de Inocencio, o las cuentas en el UBS de los Nule.

La corrupción no está en nuestra sangre ni es cultural. El auge de los corruptos, que hoy es visible para todos, es en alta medida resultado de la institucionalidad electoral y el proceso sancionatorio. Si se tomaran medidas para cerrar estas dos fuentes, el país podría avanzar sustancialmente en su lucha contra la corrupción.

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