Transferencias

| 5/11/2001 12:00:00 AM

Transferencias

La Constitución del 91 financió la descentralización de la educación y la salud al transferir un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la Nación a departamentos y municipios. Aunque los recursos para los sectores sociales aumentaron a costa de inflexibilidad en el presupuesto, los resultados en educación fueron insatisfactorios. La Misión de Racionalización del Gasto Público propuso reformar los mecanismos de asignación de los recursos para mejorar la eficiencia presupuestal y social del Estado. El país vio en la reforma una forma de hacer sostenible sus finanzas, y el gobierno se comprometió ante los mercados internacionales y el Fondo Monetario. El proyecto de reforma constitucional, por fin, da sus pasos finales en el Congreso.



La reforma tiene dos cambios fundamentales. Primero, unifica los antiguos conceptos de situado fiscal y de participaciones municipales en un Sistema General de Participaciones. Segundo, desata el crecimiento de los recursos de los ingresos corrientes de la Nación. En el largo plazo, para reducir la volatilidad, los ata a sus variaciones en períodos de cuatro años. En una transición hasta el 2008, los ata a la inflación más unos puntos, para garantizarles crecimiento real por los próximos 7 años. La carga fiscal de las participaciones disminuiría solo si la economía crece por encima del 4%.



Esta reforma es una solución que refleja la economía política del país: regiones poco dispuestas al sacrificio para contribuir al ajuste fiscal y que, más bien, le imponen topes de gasto al gobierno central. Por ello, las transferencias solo se desvinculan temporalmente de los ingresos corrientes, y mientras tanto garantizan su crecimiento real. Las transferencias se atan poco a resultados, se distancian de la educación y la salud para financiar gastos de administración, y se elimina la obligación de su evaluación y control periódico. La reforma les pone, sin embargo, un tope a los gastos de personal y generales del gobierno central: la inflación causada en el período 2002-2006, y los ingresos corrientes de ahí en adelante.



Aunque la motivación fue macro, el impacto de las nuevas participaciones sobre las cuentas fiscales no es grande, pues el gasto no se reduce ni se allegan nuevos recursos locales para financiarlo. Paradójicamente, el mayor impacto no provendrá de la reducción del gasto territorial, que mantiene su crecimiento, sino del tope del gasto al gobierno central. La reforma territorial le pasó, pues, la pelota del ajuste al gobierno central.



El impacto sobre el desarrollo regional y social requeriría modificar las reglas de asignación de recursos entre regiones y poblaciones, para mejorar la equidad y eficiencia, especialmente en educación. Pero la reforma no se atreve, y lo deja al desarrollo de la ley que reemplazará la ley 60.



La reforma de las transferencias resulta, entonces, una solución a medias. Al generar un ahorro fiscal menor, obliga a acciones adicionales de control de gasto, que seguramente provendrán de la ley de responsabilidad fiscal prevista (cuyo espacio podría ampliarse en la reforma del artículo 347). Al no apostarle a una gran reorientación del funcionamiento de la educación y la salud, los nuevos recursos no aseguran mayor cubrimiento ni calidad.



De aprobarse la reforma como está, habrá que cruzar los dedos. Para que el crecimiento económico sea suficiente para que la carga fiscal de las transferencias no siga subiendo. Y para que la reforma de ley 60 sí enfrente los verdaderos problemas institucionales que han impedido que el mayor esfuerzo fiscal beneficie a toda la población.
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