| 8/31/2017 12:01:00 AM

Justicia: Si la sal se corrompe

Sin duda, se trata de un problema estructural que afecta no solo el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, sino también nuestra competitividad

Las acusaciones que implican a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia –Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino– de haber supuestamente recibido millonarios recursos para modificar fallos de procesos penales contra políticos han generado grandes preocupaciones por la forma en que opera la Justicia en Colombia y reabrieron el debate sobre la urgencia de una reforma del sector.

Sin embargo, lo que ha ocurrido en la historia reciente no da para ser optimistas en cuanto a que se pueda lograr ese objetivo. Como lo advierte un análisis de Anif, las reformas a la justicia han sido recurrentes fracasos. Desde 2011 se han intentado ajustes estructurales. Los objetivos han sido los mismos en todos los casos: descongestionar los juzgados y cárceles, permitir que la justicia opere en igualdad de condiciones para todos, despolitizar la elección de magistrados y quitar la posibilidad de nominación de altos cargos que tienen estos juristas. No obstante, todas ellas han sido simples saludos a la bandera.

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Sin duda, se trata de un problema estructural que afecta no solo el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, sino también nuestra competitividad. El Informe del Consejo Privado de Competitividad 2016-2017 hace un diagnóstico contundente: “Un bajo grado de independencia judicial –entendida como la imparcialidad por parte de los jueces–, y los crecientes escándalos de corrupción que en los últimos años han perjudicado a la justicia colombiana ponen en tela de juicio su credibilidad. Bajo este contexto, son evidentes los retos que tiene la justicia colombiana en diferentes frentes, particularmente en su credibilidad, eficiencia y calidad, aspectos que inciden directamente en la competitividad empresarial”, advierte el informe.

Hoy la discusión está en cómo abordar esta reforma, si por medio de una constituyente abierta que corre el riesgo de que se arrogue funciones para legislar sobre muchos otros temas; o una específica sobre Justicia; o un camino más tradicional con una reforma constitucional.

Más allá de las maneras de ese ajuste, vale la pena abrir el debate sobre algunos de los temas en los que se debe enfocar. Juristas como Alfonso Gómez Méndez, Francisco José Sintura y Juan Manuel Charry coinciden en señalar que el clientelismo judicial es uno de los factores que han quitado respetabilidad a las altas cortes y al sistema. Creemos, como advierte Sintura, que el sector debería crear una selección por méritos y eliminar la posibilidad de nominación a las altas cortes. Ideal que el modelo de selección de los altos magistrados replicara el del Banco de la República, como propuso Anif, donde el Presidente debe asumir su responsabilidad, sin diluirla en postulaciones cooptadas por otras ramas y con “elecciones” tendenciosas por parte del Congreso. El problema radica en que la justicia se politizó y la política se judicializó, como lo ha dicho Charry.

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También hay que transformar el sistema de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado. Bien lo advirtió el exfiscal Gómez Méndez en una reciente columna en El Tiempo: “Ni el Congreso procesa con independencia a los magistrados ni estos a los congresistas”.

En la discusión valdría la pena incluir dónde ubicar a la Fiscalía en un nuevo escenario del sector: que continúe siendo parte de la rama judicial, que pertenezca al Ejecutivo –como en Estados Unidos– o que tenga un carácter independiente.

Coincidimos con la propuesta de Sintura de formular una política pública científicamente concebida, porque, como asegura, “hay una enorme falla porque respondemos a punta de coyuntura a los problemas de la justicia”. Esto incluye una gerencia de la administración de justica para modernizar y tecnificar los procesos y las metodologías.

Otro aspecto fundamental es el equilibrio presupuestal para que el sistema no sea, como llaman algunos, elitista. Mientras el presupuesto de la Fiscalía es de $3,6 billones, el de la defensoría pública –que atiende 95% de los procesos penales– es de $500.000 millones.

El contenido de la reforma a la justicia debe incluir este enfoque desde la competitividad. Por ejemplo, la “mora judicial”, como la llama Charry; es decir, el largo y tortuoso camino que se debe recorrer para llegar a un fallo judicial no solo aumenta los costos de resolver las disputas, sino que genera incertidumbre jurídica, lo que afecta en muchos casos las decisiones de negocio.

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La profunda indignación que han causado las denuncias contra los expresidentes de la Corte Suprema y la declaración del senador Musa Besaile de haber pagado $2.000 millones a magistrados de esa Corte, evidencia que es hora de abordar el tema. Los candidatos a la Presidencia y al Congreso deben proponer cómo avanzar en este, uno de los asuntos centrales para el desarrollo del país. Parafraseando a los Evangelios, ¡qué grave problema enfrentan las sociedades, si la sal se corrompe!

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