| 11/26/2010 12:00:00 AM

Salario mínimo: buenas intenciones, malos resultados

Un aumento del salario mínimo muy por encima de la inflación perjudica a los pobres, a los desempleados y a los informales. Los mayores beneficiados serían los trabajadores afiliados a sindicatos.

Algo anda terriblemente mal en el mercado laboral colombiano. Desde hace más de un decenio el país tiene la tasa de desempleo más elevada del Continente. Solo ha estado por debajo del 10% durante cuatro meses en ese lapso. Hoy, el desempleo juvenil bordea el 24% y en algunas ciudades supera el 50%. Además, 51% de los ocupados está vinculado a un empleo informal.

Cifras como esas están, sin duda, detrás de la falta de productividad, las altas tasas de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso, fenómenos en los que Colombia registra resultados entre los peores de América Latina. Definitivamente, se trata de un asunto estructural que el país tiene que encarar con seriedad.

La semana próxima comienza en firme la discusión en torno al salario mínimo, un tema vertebral en el funcionamiento del mercado de trabajo. Las posiciones de partida están puestas. Mientras los empleadores proponen un aumento que ronda el 3%, las centrales obreras piden el 8%. Los sindicatos sostienen que un incremento sustancial en el mínimo mejora la capacidad de compra de los consumidores y, por esa vía, se promueve el crecimiento. Además, tratan de mostrar que el incremento es muy pequeño, cuando el porcentaje se expresa en pesos y centavos.

Sin embargo, hay múltiples argumentos técnicos que prueban lo inconveniente de un aumento de esta magnitud. Los economistas señalan, por ejemplo, que el salario mínimo colombiano es elevado. Cuando se le suman las prestaciones y los aportes a salud y pensiones, no es de $515.000, sino de $907.500, un sobrecosto de 76%. De hecho, la relación entre el salario mínimo y el PIB per cápita en Colombia es la más alta de la región y supera la de Corea, Irlanda o Portugal.

Dicen también que mientras el salario mínimo real ha aumentado 15% en los últimos 15 años, si se convierte a dólares y se le suman las prestaciones y los aportes, ha crecido 80%.

Además, salvo pequeñas mejoras en el consumo agregado, un mayor salario mínimo tampoco reduce la pobreza, porque las personas de menor ingreso reciben menos de la remuneración mínima legal.Los expertos destacan que cada tres años acumulamos nueve puntos porcentuales reales de crecimiento en el salario mínimo y sus sobrecostos. Es como si cada tres años se impusiera una nueva carga parafiscal. Así, un aumento del salario mínimo por encima de la inflación se convierte en un obstáculo a la generación de empleo formal. En contra de la intuición de muchos, un menor aumento ayudaría a los pobres, a los desempleados y a los informales.

La aritmética demográfica apoya el argumento. Solo un millón de personas gana el salario mínimo, contra seis que devengan menos de eso, 2,3 millones permanecen en el desempleo y diez millones son informales.

En cuanto a quienes ganan entre dos y diez salarios mínimos, las encuestas señalan que el piso para los aumentos en la remuneración es la inflación, muestra de una relación débil entre mínimo y consumo. Así, la propuesta de los sindicatos beneficia fundamentalmente a sus afiliados, y no a los desempleados, a los pobres y a los informales, que son un porcentaje mucho mayor de la población.

Sorprende, entonces, que los argumentos de los economistas no hayan logrado convencer a los políticos y a los demás ciudadanos sobre sus propuestas para administrar mejor el mercado laboral.

El problema central está en que en este debate hay más pasión que cálculo; pero también, en que con el instrumento único del salario mínimo se quiere conseguir a la vez buen nivel de empleo y consumo alto. El mercado de trabajo solo puede soportar el consumo a costa de informalidad y desempleo. Ese es un error clásico en el diseño de política económica. Hace tiempo se sabe que se requiere un instrumento para cada objetivo.

Para resolver esta paradoja hay que pensar en instrumentos nuevos. Uno de ellos podría ser el de impuestos negativos al empleo, como los que hoy se estudian en Chile dirigido a los jóvenes más pobres. En este esquema, el gobierno hace transferencias a las personas con salarios que estén bajo un umbral determinado. Así, el salario más reducido permite a la gente trabajar y se formalizarse, y la transferencia fortalece la capacidad de consumo de los pobres.

El nivel de desempleo es razón suficiente para que se abra una discusión seria y permanente en la que quepan este y otros esquemas que permitan aumentar y formalizar el empleo. En el país con más desocupados de América, el asunto no se puede dejar para unos pocos días al final del año.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?