| 6/11/2010 12:00:00 PM

Regla fiscal y derechos constitucionales

La regla fiscal ayudaría a corregir algunos de los problemas fiscales del país y a contrarrestar presiones sobre la tasa de cambio. Sin embargo, sus implicaciones van más allá y afectarán la interpretación de los derechos constitucionales de los colombianos.

El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, ha reiterado que el Gobierno está comprometido con el diseño y adopción de una regla fiscal que obligue a lograr balances fiscales estructurales, independientemente de los ciclos de la economía. La idea del Gobierno es presentar la Regla Fiscal y el presupuesto de 2011 simultáneamente al Congreso el 20 de julio, fecha en que se inicia la nueva legislatura.

La Regla Fiscal busca cuatro objetivos. Primero, fortalecer la disciplina fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública. Segundo, dar a la política fiscal un rol contracíclico, por medio de un sistema que permita ahorrar los excedentes por ingresos mineros y petroleros en épocas de bonanza y desahorrar en las épocas de escasez, sin necesidad de afectar niveles de deuda pública. Tercero, ayudar a estabilizar la tasa de cambio, controlar la inflación y evitar la concentración de la economía en unos cuantos sectores que son grandes generadores de divisas. Y, cuarto, dar mayor credibilidad a las finanzas públicas, lo que debería redundar en una mejor calificación del riesgo de la deuda soberana del país.

Un elemento de gran importancia en el argumento del ministro Zuluaga es el propósito de posicionar la estabilidad macroeconómica como un derecho ciudadano de rango constitucional. Es un hecho que algunas decisiones de la Corte Constitucional han tenido consecuencias trascendentales sobre las obligaciones de gasto del Gobierno. Al llevar la estabilidad macroeconómica al rango de derecho ciudadano, la Corte tendría que considerar de manera explícita los impactos fiscales de sus decisiones. En la visión del Gobierno, este contrapeso es esencial para hacer viable el Estado Social de Derecho que contempla la Constitución.

El país deberá debatir a fondo y con gran serenidad las implicaciones de esta propuesta. Es la oportunidad para lograr mayor claridad sobre los dilemas que hay que enfrentar cuando se debe responder por obligaciones básicas ante los ciudadanos en un entorno de grandes restricciones de recursos. No deberíamos permitir que la discusión se polarice entre quienes creen que la Corte siempre es irresponsable cuando ordena cumplir obligaciones sin considerar los presupuestos y quienes argumentan que los gobiernos siempre se escudan en la falta de dinero para olvidar los derechos básicos de los colombianos.

Un repaso a la experiencia pasada muestra por qué sería grave reducir el debate a un enfrentamiento entre buenos y malos. Es posible identificar casos, como la decisión de la Corte sobre el UPAC en 1999, cuando efectivamente la sentencia causó un impacto inmenso sobre las finanzas públicas. Sin embargo, no debería quedar en el ambiente la idea de que la Corte es la gran responsable del déficit fiscal, o que el Gobierno no ha tenido margen de maniobra para atender las decisiones de la Corte dentro de un marco fiscal manejable.

Un buen ejemplo es el caso de los desplazados. La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-025 de 2004 sobre desplazados, le ordenó al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda estimar el esfuerzo presupuestal requerido para poder cumplir con la política pública dirigida a proteger los derechos fundamentales de los desplazados. En la misma sentencia abrió la posibilidad de adecuar la política, reduciendo derechos en el caso de que, una vez hechos los estimativos, resultara evidente que el Gobierno no podría financiarlos.

El gobierno hizo los cálculos con base en el número de desplazados registrados en el momento y concluyó que no era necesario retroceder en ninguno de los programas, pues contaba con los recursos para financiarlos. Sin embargo, con los años, la realidad resultó muy diferente. Contradiciendo los cálculos y los supuestos, el número de desplazados no disminuyó, como se preveía por cuenta de la seguridad democrática, sino que aumentó. Esto incrementó el costo de los programas. Adicionalmente, los años de bonanza terminaron y la realidad fiscal del país quedó al descubierto. El resultado es que la plata no alcanza para atender los compromisos que el propio Gobierno adquirió en 2005.

Algo similar sucedió con la sentencia de la Corte sobre las fallas en la regulación del sistema de salud.

El debate sobre la Regla Fiscal y el reconocimiento de la estabilidad macroeconómica como un derecho ciudadano debe ser adelantado con honestidad intelectual y con la mirada puesta en los intereses de largo plazo del país. Sin lugar a dudas, la estabilidad macro merece el rango de derecho constitucional, pues de ella depende el bienestar de todos y la posibilidad de acceder a otros derechos, como la educación y la salud. Sin embargo, el tema no puede terminar en que la atención de los derechos fundamentales solo puede financiarse con los recursos mínimos que queden tras una cadena de políticas fiscales equivocadas.

Es indispensable encontrar una forma práctica para expresar que la irresponsabilidad fiscal atenta contra los derechos fundamentales. Ese sería el aporte más valioso de la discusión sobre la Regla Fiscal y sus implicaciones sobre los derechos constitucionales de los colombianos.

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