| 10/1/2010 12:00:00 PM

Regalías para todos

La aprobación del acto legislativo que reforma la distribución de las regalías es necesaria para que estas se traduzcan en mayor desarrollo de las regiones y del país. Se requiere, además, un esquema de manejo que enseñe a los departamentos y municipios a gastar eficientemente estos recursos.

El Gobierno recibió con gran satisfacción la noticia de la aprobación por parte de la Comisión Primera del Senado, en primer debate, del Acto Legislativo que busca modificar la regla de distribución de las regalías. No es para menos. Esta es la reforma más importante planteada por la actual administración y es el pilar sobre el cual se ha estructurado el plan de gobierno.

Los problemas del sistema actual son bien conocidos. Han pasado 18 años desde que la Ley 141 de 1992 estableció la regla para la distribución de las regalías provenientes de la explotación de hidrocarburos, carbón, níquel y otros recursos no renovables. El resultado ha sido desastroso, pues esa riqueza solo ha llegado a un número mínimo de departamentos, donde no ha tenido un impacto positivo sobre el grado de desarrollo.

Entre 1994 y 2009 se generaron regalías por $42,2 billones en precios constantes de 2009. El 95% de este total se quedó en 790 entidades beneficiarias de recursos de regalías directas, 17 departamentos y 60 municipios. Para el resto del país, las regalías no han existido. Además, los departamentos más ricos en regalías -Casanare, Meta y Arauca- presentan índices de desarrollo departamental inferiores al promedio nacional.

Dos razones fundamentales explican este pobre resultado. La primera es que la ley solo tuvo en cuenta el criterio de producción y dejó de lado otros elementos que deberían ser fundamentales en la distribución de las regalías, tales como el número de habitantes beneficiados en cada región, los niveles de necesidades básicas insatisfechas, los impactos ambientales y la fortaleza de las capacidades administrativas y financieras en los departamentos.

Como resultado, hoy el 80% de los recursos se concentran en departamentos donde tan solo reside el 17% de la población del país. Casanare, que tiene menos del 1% de la población, recibe 24% del total de las regalías. Meta, con 2% de la población, recibe 12%. Arauca, que tiene el 0,5% de la población, recibe 10,8%.

La otra explicación de esta debacle reside en las bajas capacidades administrativas de las entidades que quedaron encargadas de la administración de estos dineros. Como ilustración, basta señalar que entre las 27.610 instancias de irregularidades que el DNP ha identificado en la distribución de las regalías, 76% se deben a faltas en la contratación y 20% al manejo indebido del presupuesto. La incapacidad administrativa sería al menos tan importante como la corrupción en la explicación del resultado.

Dada esta experiencia, y teniendo en cuenta que las regalías van a crecer exponencialmente en los próximos años, el Gobierno propuso al Congreso el rediseño del marco constitucional que rige la distribución de las regalías y, en especial, la modificación de los artículos 360 y 361 de la Constitución.

El propósito de la iniciativa es reemplazar el esquema actual por un Sistema General de Regalías, conformado por la totalidad de las regalías percibidas por el Estado, las cuales serían distribuidas a través de dos grandes canales. El primero alimentará dos fondos, uno de ahorro y otro de competitividad regional. El segundo asignará recursos a los actuales beneficiarios de las regalías y a inversión en ciencia, tecnología e innovación en las regiones. Estos cambios se harán con base en la modificación del artículo 360 de la Constitución, que reitera el derecho que tiene el Estado a participar de la explotación de los recursos naturales no renovables a través de regalías y compensaciones.

La aprobación de la reforma constitucional requiere de ocho debates en dos legislaturas. De lograrse, el país habrá dado un paso sustancial hacia la generación de un desarrollo más equitativo entre las regiones. De hecho, regiones como Chocó y Nariño, que están entre las más pobres del país y hoy no reciben prácticamente nada por este concepto, pasarían a recibir $270.000 millones y $599.000 millones, respectivamente, para el año 2018.

No bastará, sin embargo, con la corrección de las distorsiones en la distribución. Para que no se repita la experiencia de los 18 años anteriores, es preciso capacitar a las administraciones locales en gestión pública y en el manejo eficiente de los recursos, y movilizar a la ciudadanía de las regiones para que esté vigilante frente al desperdicio de esta riqueza, de la cual dependerá su bienestar. La redistribución de las regalías tiene que pasar por el desarrollo de capacidades en los gobiernos locales y de una ciudadanía más activa en la defensa de sus intereses legítimos.

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