La salida de Mauricio Cárdenas hacia el Ministerio de Hacienda dejó vacante la cartera de Minas y acéfala la locomotora más importante del país. El sonajero de su eventual reemplazo ya empezó a moverse y en él se escuchan nombres como los de Federico Rengifo, actual ministro del Interior; Beatriz Uribe, presidente de Mineros S.A., y Tomás González, actual viceministro de Minas y Energía. Al cierre de esta edición, aún no se conocía el nombre del nuevo Ministro. Sin importar quien resulte elegido, los retos que enfrentará son monumentales.
El más apremiante de todos tiene que ver con la extensión o cancelación de 9.043 contratos mineros que están por vencerse. Son más de nueve mil contratos sobre los cuales el Ministro tendrá que pronunciarse y en los que la Contraloría tendrá puesto su ojo avizor. Para comenzar está la prórroga de Cerro Matoso, la mina de níquel más grande de Latinoamérica y la sexta en todo el mundo, cuyo contrato de explotación con la multinacional BHP Billiton revierte a la Nación el próximo 30 de septiembre. La Contralora Sandra Morelli ya lanzó un control de advertencia, señalando que si este contrato se extendiera en las actuales condiciones podría resultar leonino y lesivo para los intereses del país. En su criterio, los términos deben ser mucho más favorables a la Nación.
Otro contrato que está por vencerse es el de Paz del Río. Esta empresa –hoy propiedad de la multinacional brasilera Votorantim– tiene un título de 73.944 hectáreas para la explotación de hierro y calizas en 19 municipios de Boyacá. Este título, registrado el 24 de mayo de 1990, venció el pasado mes de julio y su extensión también está en manos de la Agencia Nacional Minera (ANM) y el Ministerio de Minas.
En la lista de vencimientos figura también un contrato con la firma canadiense Leyhat. Esta empresa es dueña de varias concesiones para la explotación de oro y plata en la zona del Páramo de Santurbán, en Santander. Este mes de agosto se vencen dos títulos otorgados a Leyhat (de 8 y 7 hectáreas respectivamente) en la jurisdicción del municipio de Vetas, en Santander.
También se vencen este año contratos de Cemex, Cementos del Nare y Cementos Argos. Estas poderosas cementeras tienen títulos para la explotación de minerales en diferentes zonas de Colombia, los cuales son utilizados como insumo para la fabricación de sus productos. Es del resorte del Ministerio de Minas y de la ANM conceder la ampliación de dichos títulos.
El saliente ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, sostuvo en diferentes ocasiones que la ampliación de dichos contratos no se haría a puerta cerrada, sino de forma transparente y abierta al país. “Que se conozcan los términos de estas prórrogas, si es que se dan, y las condiciones bajo las cuales se están negociando”, indicó en algún momento el anterior Ministro.
Ojalá así sea. El nuevo jefe de esa cartera está en la obligación moral de hacer públicos los debates sobre cada una de esas extensiones. Lo que está en juego es el activo más valioso que tiene el país.
La estabilidad financiera de Colombia está en el Ministerio de Minas. Más de 30% de todo el recaudo tributario en renta proviene del sector minero. El nuevo Ministro deberá sopesar con extraordinario cuidado los términos de cada uno de los contratos, de manera que sigan siendo atractivos para la inversión extranjera, pero también rindan lo que corresponde al patrimonio económico del Estado.
Dicho todo lo anterior, aún falta enunciar una verdad de a puño: la mayor prueba de fuego del próximo Ministro será la extensión de Campo Rubiales. Este campo –explotado exitosamente por la multinacional canadiense Pacific Rubiales en Puerto Gaitán, Meta—revierte a la Nación en el año 2016.
Es, ni más ni menos, el principal activo de la compañía. Campo Rubiales es la base y el sustento de la cotización en bolsa de Pacific Rubiales Energy. Sin esa concesión, ¿cuánto valdría la acción de Pacific? Estos y otros muchos chicharrones deberá resolver el próximo Ministro de Minas. Ninguno será fácil.