| 8/3/2017 12:01:00 AM

Un presupuesto para el post-ajuste

Sin duda, la discusión del presupuesto del año entrante permitirá medir la capacidad del Gobierno para cerrar el ajuste y que las expectativas políticas no lo desborden.

El pasado 28 de julio, el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley del Presupuesto Nacional para el año entrante por $235,6 billones, con un incremento de 1% frente al de 2017 en términos nominales; en términos reales, por el contrario, tendrá una reducción de cerca de 3%, en comparación con el de este año.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que se trata de un presupuesto realista y responsable, "Para Colombia es indispensable cumplir con las metas fiscales y consolidar su calificación crediticia BBB, por lo que se continuará con la política de austeridad tanto en gastos de funcionamiento como de inversión", aseguró.

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Sin duda, este es un claro ejemplo de que el ajuste no ha terminado y los ojos de las calificadoras aún siguen sobre Colombia. El año pasado, ante la posibilidad de bajar la calificación, la atención se reflejaba en torno a la búsqueda de recursos y la implementación de la reforma tributaria.

Para este, el reto es atender las metas de la regla fiscal –que en 2018 debe llevar el déficit a una reducción de 0,5% del PIB– y que dadas las condiciones, dependerá más de la reducción de los gastos de capital que del aumento en los ingresos del Gobierno.

La señal que ha enviado en ese sentido el Ministerio de Hacienda es clara: sigue el ajuste. De 30 sectores, 17 tendrán una caída en sus recursos para el año entrante, de acuerdo con el proyecto. Por ejemplo, el presupuesto de comercio e industria será de casi 19% menos que el de este año, mientras en ciencia y tecnología la reducción supera el 40%. Agro, cuya actividad ha venido impulsando la economía en medio de la desaceleración, pasa de $2,9 billones a $2 billones y el área de inclusión social que contaba con $11,6 billones este año, tendrá para el próximo $9,6 billones.

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Aunque educación mantiene la participación más importante, con más de $35 billones, tendrá una caída de 0,1%, mientras Defensa, el segundo sector de relevancia, llega a $32,4 billones, más de 8% adicional frente al de la actualidad.

Para el posconflicto, el incremento supera el 31% y se destinarán $2,4 billones.

Lo que sorprende en la presentación del presupuesto es que la reducción más fuerte se dio en la inversión y no en otros rubros, como por ejemplo el gasto de personal. En inversión pasa de $41,2 billones a $34,2 billones, mientras en gastos de personal de $28,7 billones en 2017 llega a $30,9 billones.

Según el Ministerio de Hacienda, el presupuesto de inversión con recursos de la Nación, que es el relevante para las cuentas fiscales, cae cerca de $5,5 billones. "Esta es una cifra acorde con la capacidad financiera y de ejecución de la Nación, que resulta de aplicar la Ley de Garantías, sobre todo por los efectos que esta tendrá en el primer semestre de 2018 sobre la contratación pública", dice Cárdenas.

Sin embargo, el recorte en inversión, en plena desaceleración de la economía, no es una señal positiva, más aún cuando se ha priorizado sobre el gasto. Esto deja en evidencia, una vez más, la poca flexibilidad que tiene el presupuesto y el manejo de las cuentas de la Nación, en especial cuando el margen de maniobra para obtener mayor recaudo el año entrante es limitado porque, como advierte Fedesarrollo, grandes contribuyentes dejarán de pagar tributos eliminados como el de patrimonio y entrará en vigencia la reducción en el gravamen a la renta de empresas.

A pesar de ello, los recortes no serán fáciles de implementar de cara a dos jornadas electorales: las legislativas fijadas para el 11 de marzo y las presidenciales. La discusión en el Congreso por recursos se llevará en medio de un debate polarizado y cada vez más tenso.

La tarea del nuevo gabinete que enfrentará el último año de la administración Santos será ajustar las cargas a los niveles de los ingresos que hoy refleja el Gobierno, tras la caída de los precios del petróleo, las dificultades en las operaciones del sector minero-energético y un escenario de desaceleración económica, y hacer una ejecución adecuada de los recursos del Presupuesto.

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Pero también será importante conocer las recomendaciones de la comisión de expertos en el gasto público y de observaciones que se han hecho, como la de Fedesarrollo, de tramitar una reforma al sistema presupuestal y pasar del ejercicio anual a presupuestos multianuales, integrales y por programas.

Sin duda, la discusión del presupuesto del año entrante permitirá medir la capacidad del Gobierno para cerrar el ajuste y que las expectativas políticas no lo desborden. En estricto sentido, este debería ser un Presupuesto que abra las puertas para una nueva etapa: la era del post-ajuste.

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