| 12/7/2006 12:00:00 AM

Otro año perdido

En el corto plazo, la crisis política no ha tocado la economía. A mediano plazo, sin embargo, el país no tendrá con qué pagar el costo de la inoperancia en el Congreso.

En varias oportunidades hemos señalado la importancia que tiene para Colombia sacar adelante las reformas pendientes, para que podamos pensar en el largo plazo y para que los inversionistas sepan a ciencia cierta a qué atenerse cuando consideren invertir en Colombia.

En las elecciones legislativas de marzo, el país le dio un espaldarazo al presidente Uribe al elegir un gran bloque de parlamentarios que lo apoyaban. Se esperaba que le dieran su apoyo para sacar adelante la agenda legislativa. En ese momento, se hablaba de un 70% de congresistas que respaldaban al Presidente. Eran momentos de euforia.

Posteriormente, en mayo, cuando el presidente Uribe fue reelegido, no podía caber la menor duda respecto a que por fin Colombia tendría las reformas. Se anticipaba que saldríamos de ese grupo de países que la comunidad internacional descuenta como incapaces de asumir sus deberes. Al fin y al cabo, otros como Perú y Brasil, en condiciones menos favorables, lo habían logrado.

Nada más lejos de la realidad.

El Presidente no ha tenido apoyo en el Congreso para estos proyectos, pero además la gestión del Legislativo se ve cada día más enredada por múltiples razones. La actual crisis ha abierto una profunda fisura en el interior del Congreso y también entre el Congreso y la opinión pública. La solución va a necesitar tiempo, que es exactamente lo que no tenemos. El saldo final es que a pocas semanas de terminar la legislatura, se ha avanzado muy poco en los proyectos claves.

Además, las reformas que se han presentado, consideradas como esenciales para la estabilidad macro en el largo plazo, han sido modificadas en el Congreso al punto de que en algunos casos, como el de la reforma tributaria, sería mejor que no saliera nada. Al comenzar la discusión se trataba de una reforma estructural, que supuestamente permitiría poner punto final al patrón eterno de tener que pedir una reforma tributaria cada año para tapar huecos fiscales. Pero terminamos precisamente en eso, en una propuesta puramente fiscalista, cuyo único propósito es el impuesto al patrimonio. El año entrante, los colombianos nos veremos nuevamente abocados a una reforma tributaria.

Algo similar está sucediendo con el Acto Legislativo que busca modificar la forma como la Nación transfiere los recursos a las regiones. En cada debate que se ha llevado a cabo en el Congreso, el gobierno ha tenido que ceder tanto para lograr la reforma, que el propósito inicial de reducir el costo para la Nación se ha ido diluyendo. Es posible que el texto final termine por aumentar el costo de las transferencias para la Nación.

Lo más grave es que a nadie parece importarle lo que está pasando. No es motivo de debate que Colombia hoy haga pareja con México como los únicos países latinoamericanos que, a pesar de unas condiciones externas tan excepcionales como las actuales, mantienen un déficit en la cuenta corriente.

El riesgo de no hacer las reformas y el tamaño del déficit pasan inadvertidos para la mayoría de los colombianos, precisamente debido a la liquidez mundial y las bajas tasas de interés. Colombia se ha financiado fácilmente en los mercados externos, a pesar de no haber hecho la tarea. De hecho, ya tiene prefinanciado el año entrante.

Las calificadoras de riesgo, sin embargo, se toman la cosa con más seriedad. El presidente Uribe les ha solicitado que mejoren la calificación del país, pero ellas no lo han hecho, pues bajo sus criterios el país no lo amerita. En cambio, sí mejoraron las calificaciones de Perú y Brasil.

Es lamentable que, por cuenta de los intereses particulares de unos grupos, Colombia no pueda avanzar.

En 2007, en lugar de dedicarnos a pensar en cómo crecer más, tendremos que repetir nuevamente las discusiones sobre la importancia de sacar adelante una agenda legislativa que contendrá los mismos proyectos de hace 15 años.
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