| 2/28/2008 12:00:00 AM

Ojo, lo que está en juego es el empleo

Las empresas exportadoras tienen que ver más allá de los subsidios y deben exigirle al Gobierno, al Congreso y a los sindicatos el derecho a operar en un ambiente competitivo, que permita la supervivencia de sus empresas y del empleo.

La crisis por la cual atraviesan sectores de la economía como flores, banano, automóviles, confecciones y calzado debería ser suficiente para que se pellizquen quienes están a cargo de las grandes decisiones del país. Tenemos que dejar de pensar en tantos paradigmas y dejar de vivir de tantas conquistas del pasado. No podremos superar los retos que hoy enfrenta el sector productivo si nuestra reacción automática ante los problemas es inventar artificios para buscar que las cosas vuelvan a ser como eran.

Colombia está descubriendo que la revaluación del peso puede ser una faceta de largo plazo en su realidad económica. El peso fuerte no es un episodio temporal y eso implica problemas para nuestras exportaciones. Buena parte de la energía y los recursos empleados para atender el problema se han concentrado en subsidiar los sectores afectados. Sin embargo, estos subsidios son solo mecanismos de alto costo que pretenden recrear el pasado, no son sostenibles y no resuelven los temas de fondo.

El problema es mantener la competitividad en un mundo que cambió. Hay dos frentes críticos a este respecto, en los cuales el país no está tomando las decisiones necesarias o, peor incluso, se están considerando caminos radicalmente equivocados. Uno de estos temas es la infraestructura. El otro es la competitividad laboral.

Sin infraestructura, la desventaja para los empresarios es enorme. Según el Banco Mundial, el costo de exportar un contenedor desde Colombia es de U$1.440. La cifra supera las de todas las economías con las que el Banco compara al país: Argentina $1.325, Ecuador y México US$1.302, Bolivia US$1.110, Brasil US$1.090 y Perú con un asombroso US$590, menos de la mitad del costo colombiano.

Afortunadamente, el presidente Uribe está hablando de proyectos grandes. Falta, sin embargo, que esta convicción llegue hasta el Ministerio de Transporte, el cual se ha destacado en estos cinco años por su vacilación frente a las obras claves que se requieren. El atraso no es por falta de recursos ni porque el Congreso se haya opuesto. Se debe, simplemente, a falta de visión, diligencia y a esa necesidad increíble que siente el Ministro de microadministrar todos los metros de carreteras que se construyen. El costo es altísimo para el país y para las empresas.

En cuanto al tema laboral, el salario mínimo en dólares se ha duplicado en los cuatro últimos años por cuenta de la apreciación cambiaria. Esto afecta la posibilidad de competir con exportaciones. Justo en este momento, aparece la posibilidad de que el país retroceda el terreno ganado en materia de flexibilidad laboral. Los artículos de la ley 789 de 2002 (25, 26, 28 y 51), que tienen que ver con la flexibilización del régimen laboral, están demandados ante la Corte Constitucional y existe la posibilidad de que esta los tumbe. Si eso llegara a suceder, los grandes perjudicados serían precisamente los trabajadores, justamente debido a la situación que enfrentan las empresas actualmente. Como lo ha dicho el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, "si la ley se cae, aumentarían el desempleo y la informalidad".

La Corte y los sindicatos deberían preguntarse si es mejor volver al esquema laboral del pasado, más rígido que el actual, incluso sacrificando el empleo, o si hay que mirar hacia adelante y buscar esquemas flexibles que permitan preservar el empleo en el corto plazo y generar nuevos puestos de trabajo a mediano y largo plazo.

Sin concertación entre empresarios y trabajadores no va a ser posible avanzar hacia un nuevo modelo económico. En Suecia, país que podría clasificarse como el más igualitario del mundo, que mantiene su crecimiento con base en exportaciones, todos los movimientos salariales se hacen de común acuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno. El objetivo de todos los participantes en esos acuerdos es mantener la competitividad y el nivel de vida de los habitantes del país.

Insistir en la importancia de mantener la ley 789 tal y como fue expedida no es un capricho para enriquecer a los empresarios. Es la manera de preservar el empleo de los colombianos.
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