| 6/13/2014 8:00:00 AM

¿Cómo gobernar un país dividido?

El nuevo Presidente –sea quien sea– estará obligado a reducir las distancias que lo separan de quienes no votaron por él.

El candidato que gane las elecciones del 15 de junio tendrá que aceptar que el número de votantes que lo rechazó es casi tan grande como el que lo eligió. Tendrá que reducir las distancias que lo separan de quienes votaron en su contra si aspira a gobernar con alguna efectividad.

La mayoría de las encuestas conocidas una semana antes de las elecciones presidenciales del 15 de junio mostraban una fuerte división entre los electores de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. No importa quién gane, todo indica que el margen será estrecho y el resultado no podrá compararse con las contundentes victorias que obtuvieron Álvaro Uribe en 2002; el mismo Uribe en 2006 o Juan Manuel Santos en 2010.

Esto marca una diferencia radical respecto al entorno político que vivieron esos gobiernos en sus comienzos y el que enfrentará el nuevo presidente el próximo 7 de agosto. Tendremos una situación que no se daba desde las elecciones de 1994: el número de votantes ganadores será muy similar al de los perdedores.

Esos perdedores amanecerán el 16 de junio convencidos de que lo que viene es el abismo. Si gana Zuluaga, los perdedores pensarán que la guerra en Colombia no tiene fin y viene un gobierno autoritario. Si gana Santos, los derrotados estarán seguros de que se rompieron los diques que protegían a Colombia contra el castro-chavismo.

Sin embargo, más vale que los ganadores hagan su celebración y los perdedores se sacudan la depresión con rapidez. La verdad es que el próximo presidente tendrá que asumir la tarea de conquistar la confianza de los perdedores en cuanto a que sus peores temores no se verán confirmados.

El enfrentamiento ideológico entre los seguidores de los dos candidatos se refiere a dos asuntos: las negociaciones de paz y el modelo de desarrollo agropecuario. En lo demás, sus ideas no despiertan ninguna pasión. En los documentos programáticos de Santos y Zuluaga, las diferencias son tenues, técnicas y, en la práctica, invisibles para el electorado. En lo que según las encuestas es prioritario para los votantes (desempleo y salud), las propuestas no despiertan mayor emoción y mucho menos en aquello que se refiere a cuestiones como educación o infraestructura.

No, la pasión y el odio de los electores están reservados para los temas de la paz, la seguridad y el manejo del campo. El combustible que anima la polarización se refiere al propósito de Santos de seguir en la negociación con la guerrilla y avanzar hacia una reivindicación de las víctimas en el campo; y a la propuesta de Zuluaga de revisar el proceso de La Habana y forzar a las Farc a aceptar un cese unilateral de hostilidades y condenas en la cárcel como condiciones para sentarse a dialogar.

En la práctica, el estrecho margen de victoria obligará al nuevo presidente a tener en cuenta la opinión expresada en las urnas por la masa de ciudadanos que votaron en su contra.

Si gana Santos, tendrá que ver cómo logra atender las preocupaciones de quienes no respaldaron su proceso de paz. En particular, tendrá que acelerar el proceso para alcanzar un punto donde se pueda verificar si las Farc están dispuestas a cesar sus ataques y entregar las armas. Incluso si gana, el estrecho margen en las elecciones presidenciales dejará ver que los colombianos no aprobarán los acuerdos de La Habana en referéndum a menos que para ese momento las Farc hayan dado señales claras de una voluntad de paz, más allá de los textos. De otra manera, el agotamiento ciudadano pasaría cuenta de cobro con un resultado negativo en el referéndum, lo que dejaría totalmente debilitado al Gobierno.

Por su parte, si gana Zuluaga e insiste en cesar las negociaciones, no bastará con que se levante de la mesa. Las Farc reaccionarán con nuevos ataques y Zuluaga, para no quedar como un figurón que habla pero no actúa, tendría que redoblar la iniciativa de las Fuerzas Militares, las cuales le exigirían un aumento de presupuesto. ¿Cómo lo podría financiar? No hay ningún espacio para generar un nuevo impuesto extraordinario de gran magnitud para la guerra, como lo fue el impuesto al patrimonio, de Uribe, en 2002. De hecho, nadie sabe cómo podrá lograr el nuevo gobierno los aumentos de impuestos que necesitará para cubrir la larga lista de necesidades que ya están determinadas (ver Dinero 446).

Por lo demás, de cerrar de un tajo las negociaciones, Zuluaga obligaría a Martha Lucía Ramírez a irse a la oposición, pues ella no podría reclamar respeto como candidata presidencial en 2018 si aceptara un incumplimiento de ese tamaño. Sin embargo, Zuluaga no puede darse el lujo de enemistarse con ese voto de opinión de talante conservador que no quiere guerra a toda costa. No solamente lo necesita para las elecciones, sino que lo necesitará para gobernar, pues le harían mucho daño a su gobierno desde la oposición. En suma, para Zuluaga sería muy difícil redoblar el esfuerzo de guerra, por lo que su mejor alternativa será encontrar alguna forma de seguir en la mesa de negociación.

El nuevo presidente estará obligado a reducir las distancias que lo separan de quienes no votaron por él. Si no lo viera así, sería porque la borrachera de la victoria lo habría llevado a perder contacto con la realidad. Es muy importante que el nuevo mandatario aterrice pronto en las nuevas realidades que implica un país dividido y actúe en consecuencia. Lo contrario sería extraordinariamente costoso para Colombia.
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