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Editorial: Es tiempo de innovar

Los planes de desarrollo no siempre han priorizado estos asuntos y las empresas no le están jalando con ganas a los procesos de innovación. Una cuestión neurálgica es el desaprovechamiento de los incentivos tributarios existentes creados en la Ley 1450 de 2011.

Un elemento destacado en los modelos de desarrollo económico son los procesos de innovación como motor dinamizador de crecimiento en el largo plazo. Durante varios siglos, economistas como Adam Smith, Alfred Marshall, Thorstein Veblen y, principalmente, Joseph Schumpeter analizaron, desde diversas ópticas, la innovación como el centro de los procesos de creación de riqueza.

Particularmente Schumpeter, a mediados del Siglo XX, extendió el concepto de “destrucción creativa” como ese proceso de desarrollo de nuevas estructuras de negocio que destruye empresas y empresarios que no le apuestan al cambio, generando así beneficios para la sociedad por la vía de mejores alternativas para los consumidores.

Corea del Sur es el más importante caso de “destrucción” (“El milagro del Río Han”). Un país que finaliza en 1953 la Guerra de Corea y le apuesta a la educación, la industrialización y el desarrollo tecnológico. En la década de los setenta, el PIB per cápita de ese país era similar al de Colombia, hoy es 4,5 veces superior. Una explicación se desprende al contrastar la canasta exportadora de los dos países: 70% de las ventas externas surcoreanas son productos de media y alta tecnología, en Colombia ese porcentaje es de 5%.

¿Qué pasa entonces? De todo un poco; primero, que los planes de desarrollo no siempre han priorizado estos asuntos y cuando lo han hecho el tema no ha contado con un único doliente, convirtiéndose en un rifirrafe entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Colciencias, algunos Ministerios y mandatarios regionales. Precisamente por esta desorganización, los recursos de la locomotora de la innovación entre 2010 y 2014, que asignaban 10% de las regalías a proyectos de ciencia y tecnología, se quedaron principalmente en los bancos.

En segundo lugar, las empresas no le están jalando con ganas a los procesos de innovación. La Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica del bienio 2012-2013 muestra que el porcentaje de empresas del sector productivo calificadas como no innovadoras era cercano a 75%, en el sector de servicios era de 71%, y la inversión mayoritariamente proviene del sector público.

El estudio de Perspectivas de Consumo 2015, divulgado por Nielsen, revela que el lanzamiento de nuevos productos se redujo 9% en 2014, frente al año inmediatamente anterior. Además, la misma encuesta entrega un dato muy sensible en el impacto de la innovación: resulta que de los más de mil lanzamientos solo 7% fue exitoso, en el resto de los casos la inversión se perdió.

Más allá de los errores del pasado en la implementación de las políticas públicas y en los casos de éxito y fracaso empresarial, una cuestión neurálgica es el desaprovechamiento de los incentivos tributarios existentes creados en la Ley 1450 de 2011 (el anterior Plan de Desarrollo) por parte de pequeñas y medianas empresas (Pyme). Allí se establecía la deducción de 175% de las inversiones en proyectos de investigación con alto contenido tecnológico, científico o de innovación.

Según la evaluación de la política de beneficios tributarios socializados por la Contraloría General, a diciembre de 2013 la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 de beneficiar a 300 Pymes había logrado llegar a 47 entidades (solo 15,7%). Una explicación del poco aprovechamiento de estos recursos es de tipo contable: al considerar deducciones y depreciaciones, el beneficio real como porcentaje de inversión es de 22%.

Entre 2011 y 2014 ocho empresas grandes, entre ellas Ecopetrol, se quedaron con 40% de estos recursos. Adicionalmente, causa sorpresa que de ese total, 32% estuvo dirigido a empresas del sector minero-energético, cuando uno de los grandes debates contemporáneos para el desarrollo del país es si se debería seguir promoviendo la extracción de recursos naturales.

Curiosamente, mientras se revelan las cifras de baja innovación, empresas multilatinas destacadas en la portada de esta edición se la están jugando por desarrollar nuevos esquemas, procesos y productos; y, en algunos casos, se están beneficiando de la diversificación internacional del negocio, gracias a la devaluación del último año.

Además, casos como el de Antioquia, donde se lograron alinear los sectores público y privado para firmar un pacto por la innovación que eleve la inversión en esta área, en especial de la industria y los servicios, muestra el sendero y es un hecho que se debe replicar en otros lugares del país.

En este contexto, el DNP aprobó un documento Conpes que busca promover, de una vez por todas, la inversión privada en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (Acti). Para el logro de este objetivo se socializarán guías prácticas para acceder a beneficios fiscales y se presentarán recomendaciones a la Comisión Tributaria, constituida este año, para que dichos esquemas sean palpables en el estatuto de impuestos.

Así pues las cosas, en la medida en que la Comisión Tributaria y, sobre todo, el Gobierno le metan el acelerador a la alineación de incentivos y los empresarios le apuesten sin condiciones a la innovación, Colombia podrá dar por fin el salto al siglo XXI.

¡Ya no hay excusas para no innovar!
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