| 4/30/2010 12:00:00 PM

No al Status QUO

El escandaloso proyecto de ley que buscaba aumentar las pensiones de congresistas retirados antes de 1992 es una muestra más de la falta de ética de un Congreso que legisla en beneficio propio.

Los colombianos tienen puestos los ojos sobre la gobernabilidad que podrían lograr los distintos candidatos presidenciales si llegaran a la Casa de Nariño. La capacidad para ganar el apoyo del Congreso y hacer las reformas que el país necesita se ha convertido en un punto decisivo en la contienda. Por eso resulta sorprendente ver cómo, justo en este momento, el propio Congreso se encarga de generar un espectáculo reprochable que pone en evidencia el egoísmo y la pequeñez de algunos de sus líderes y le da la razón a quienes abogan por un cambio que ponga fin a la política clientelista.

¿En qué país viven nuestros congresistas? Mediante un proyecto de ley de origen parlamentario que acaba de hundirse, pretendían aumentar en 25% las pensiones de los congresistas jubilados antes de 1992, con el fin de igualarlas a las de sus colegas jubilados con posterioridad, cuyo valor asciende a las tres cuartas partes del último salario. Es desconcertante, por decir lo menos, que quienes osan llamarse padres de la patria sean tan inconscientes frente a las necesidades del resto de colombianos.

Un poco de realidad. Cada año, el Gobierno gasta $25 billones en subsidiar las pensiones del régimen de prima media, una cifra que supera los ingresos anuales por concepto de IVA y es similar a las transferencias a las regiones para inversión en educación, salud y saneamiento básico. Colombia gasta más recursos en el mantenimiento de la población mayor, que es un porcentaje minoritario del total, que en el futuro de todos los niños. Esto es absurdo, pero a los señores congresistas, quienes hacen parte de esa minoría y están cubiertos por el régimen de prima media, parece no importarles y escogen profundizar el desequilibrio.

El gasto pensional como porcentaje del PIB deberá seguir aumentando hasta el año 2014. Empezaría a decrecer a partir de ese momento, siempre y cuando no se sumen por el camino iniciativas como esta del Senador Aurelio Iragorri, o fallos judiciales que, bajo la figura de tutela, favorecen a muchos pensionados del sector público, en contravía de  lo estipulado por la Ley 100 de 1993. 

El proyecto de ley es un despropósito que solo puede salir de un Congreso incapaz de entender la magnitud de las expectativas que los ciudadanos tienen de su gestión. Desde cierto punto de vista, sin embargo, no deja de ser bueno que el proyecto haya aparecido en este momento, justo antes de la elección presidencial y a tres meses de la posesión del nuevo Congreso. Tal vez sirva para que los colombianos vean cómo los políticos manejan sus intereses y cómo pretenden gastar los recursos públicos.

Los colombianos tienen que aprender a pedirles cuentas a sus elegidos. Quienes votaron por ellos deben hacer un seguimiento de su gestión y exigirles resultados de sus promesas de campaña. Al nuevo Presidente, quien quiera sea elegido, hay que exigirle transparencia. El país no puede seguir cohabitando con la corrupción bajo ninguna circunstancia, menos aún cuando se deterioran los indicadores sociales. Las experiencias de la Yidispolítica, las chuzadas del DAS y otros episodios similares tienen  que servir para que el país entienda de una vez por todas que el fin no justifica los medios. El costo de modificar las costumbres puede ser elevado, pero se recupera con mayor eficiencia y menor corrupción.
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