El pasado miércoles 26 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos planteó a los 192 países que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas la necesidad de abrir un debate global sobre el actual enfoque de la guerra contra las drogas. El mandatario insistió ante la ONU en la necesidad de buscar alternativas distintas a la guerra para combatir un flagelo que azota al mundo y ha dejado millones de muertos en una batalla que está más que pérdida.
Sin duda, la preocupación de Santos adquiere una relevancia específica en el contexto de un proceso de negociación con las Farc. ¿Estamos negociando con un grupo de guerrilleros o con un grupo de narcos? Esa es la pregunta que se hacen millones de colombianos. Nadie sabe si las Farc son un grupo armado revolucionario, una empresa de narcotráfico con posición dominante en el lucrativo tráfico de cocaína o si son las dos cosas al mismo tiempo, en proporciones misteriosas que nadie logrará aclarar jamás.
Se estima que 60% del negocio del narcotráfico del país está en manos de las Farc. Por concepto de tráfico de drogas, ese grupo armado recibe utilidades cercanas a los US$1.500 millones anuales, según un estudio de la Universidad de los Andes. Ninguna empresa del país, salvo Ecopetrol, tiene utilidades netas por encima de los US$1.000 millones anuales. De hecho, lo que ganan las Farc al año equivale a lo que ganan en conjunto los tres bancos más grandes del país: Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia, todos sumados. Si las Farc tuvieran un puesto en el listado de billonarios de Forbes, estarían en el lugar 655, justo al lado de Emilio Azcárraga Jean, dueño de la todopoderosa cadena Televisa.
Sin duda, el negocio del narcotráfico para las Farc es redondo. En valor presente, medido por su capacidad de generar ingresos a futuro, equivaldría a 4,5% del PIB de Colombia si el negocio se mantuviera por los próximos diez años, según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Si el negocio sobreviviera durante los próximos 20 años, entonces el resultado sería de 7,5% del PIB; un tamaño descomunal. La magnitud del crimen asociado al narcotráfico en Colombia es de una proporción muy superior a la que el mundo está acostumbrado a ver. De ahí su enorme importancia e influencia sobre todo lo que se mueve en este país, tanto a nivel económico como social y político.
Otra de las características de las Farc como empresa (criminal, pero empresa al fin y al cabo) es su gran capacidad para generar empleo. En sus filas se encuentran 8.000 trabajadores directos, personas alzadas en armas. A ellos se suman unos 16.000 empleos indirectos, milicianos, según la Fundación Ideas para la Paz (dos milicianos por cada hombre armado). Solo dos empresas en Colombia tienen más personal que las Farc: el Grupo Nacional de Chocolates, con 28.312 empleados, y Almacenes Éxito, con 24.640 personas, según la revista Latin Business Chronicle, que ubica a las dos compañías colombianas dentro de los 60 mayores empleadores de América Latina.?¿Por qué, entonces, las Farc abandonarían el negocio del narcotráfico? ¿A cambio de qué y para qué? ¿Qué se pondrían hacer?
Es un ajedrez diabólico el que enfrenta el presidente Santos. Él va a tratar de jugar, pero la situación no va a terminar porque exista una negociación de paz. Mientras haya demanda, habrá oferta. A menos que el mundo entero legalice el consumo y tráfico de droga, siempre habrá espacio para un negocio multimillonario como el del narcotráfico. Y, mientras ese negocio exista, las Farc tendrán siempre una buena alternativa si deciden ponerle conejo a un proceso de paz. Eso lo sabe bien Santos. Por eso, su discurso en la ONU.