| 10/3/2014 6:00:00 AM

Oyendo al sector productivo

En uno de los fallos más importante de la jurisprudencia norteamericana, el épico caso legal de McCulloch vs. Maryland, el primer Chief Justice de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y quizás uno de sus más grandes, el magistrado John Marshall, escribió en 1819 claramente que “el poder de gravar es el poder de destruir”.

En este caso específico, dicho precedente determinaría que los Estados no podían gravar una actividad federal ya que mediante ese gravamen la podían destruir. Pocos precedentes más claros, profundos e importantes para la democracia de los Estados Unidos.

Los impuestos siempre han sido motivo de controversia desde el Boston Tea Party donde comenzó la independencia de los Estados Unidos o en el caso de la Rebelión de los Comuneros aquí en los Santanderes.

Pero, ¿si la idea era tan clara para un juez hace casi doscientos años, cómo se aplicaba a la economía este fenómeno?

Una sistematización económica de este principio fue la llamada Curva de Laffer, que se hizo popular a mitad de los años 70 en nombre del economista Arthur Laffer, quien admitía abiertamente que esa idea venía desde John Maynard Keynes. La leyenda es que la dibujó en una servilleta de papel en un restaurante. El principio era tan básico que su antiguo maestro en Yale, James Tobin, se burlaba un poco de ella. Decía lo siguiente: si uno grava una actividad al 0%, lo que va a recaudar es 0 pesos. Si por el contrario se grava la actividad al 100%, los recaudos serán también de 0 pesos. La razón sigue siendo muy sencilla: si una actividad se grava al 100%, nadie va a producir nada porque no hay ganancia posible. Otra vez como lo escribió Marshall: “el poder de gravar es el poder de destruir”.

Pero si bien la curva de Laffer era obvia ya que simplemente decía que los ingresos tributarios se maximizarán en algún punto entre una gravación entre cero y cien, esta puede cambiar de país a país. Y su conclusión es incontrovertible: en un determinado punto, en muchos países, bajando los impuestos se aumentaría el recaudo tributario. De ahí salió lo que se llegó a llamar supply side economics o economía de la oferta.

El gran James Tobin, el keynesiano más importante de la segunda mitad del siglo veinte, se burlaba un poco de eso y manifestaba que, si bien lo que decía Laffer era teóricamente posible o más bien obvio, no existía ningún estimativo empírico que ratificara esa conclusión en ese momento. Eso también era verdad.

No obstante, la intuición era avasalladora. Existe en las economías un momento en el que al bajar los impuestos se aumenta el recaudo. Esto se debe a que en algún periodo la carga tributaria es tan alta que afecta directamente el ritmo de producción de la economía. De ahí salió la Reagonomics de quienes tanto se mofaron, pero que hoy, 30 años después, sigue asustando a todos los congresistas a los que el Gran Comunicador llamaba “tax'n spend liberals”. “Gravar y gastar” se volvió la letanía que le hizo agua a la izquierda norteamericana a comienzos de los 80 y la persigue todavía.

Tan fuerte era el argumento que políticos de centro buscaron distanciarse del “gravar y gastar”, como el presidente Juan Manuel Santos, quien escribió en su libro La Tercera Vía “…se ha llegado al punto en que un aumento adicional de los impuestos logra el efecto contrario porque no solo desestimula la inversión sino que aumenta la evasión y la elusión” y resaltó la necesidad de “reducir los gastos o incrementar su eficiencia para lograr los mismos efectos con menos recursos”.

Esta es sin duda la filosofía a la que debemos afiliarnos. Sobre todo aquí en Colombia donde todos los partidos políticos han sido partidos de “gravar y gastar”, aun los incógnitamente llamados conservadores y esto sin siquiera tener en cuenta si esa es una operación óptima.

Por eso, el Gobierno haría bien en escuchar al sector productivo que a través de una carta firmada por 21 gremios le recuerda que “el gasto público registra una clara tendencia creciente en los últimos cuatro años. Estamos hablando de un crecimiento acumulado de 40%”, un ritmo claramente insostenible, y hace un llamado “a evaluar los gastos corrientes, la eficiencia; es decir, el tamaño del Estado que queremos y una estructura de financiación que conduzca a un sistema tributario confiable, predecible y permanente”(…) “que responda a una mejor racionalidad económica” (…) “para que Colombia mantenga su senda de expansión, apelando a que el crecimiento en la inversión y en el empleo no encuentre techo en la incertidumbre tributaria”.

Lo más impresionante de la carta de los gremios es que reconoce el faltante existente en el presupuesto y voluntariamente proponen alternativas tales como la sobretasa a la renta, una medida que, aunque cada vez más asfixiante, es técnica y progresiva, y mantener el 4x1.000, no porque no sea antitécnico, sino porque es el más fácil de recaudar.

Quizás el Gobierno debería pararles bolas a los gremios que le escribieron la carta y que representan 80% del PIB.
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