Los meses que vienen

| 9/28/2001 12:00:00 AM

Los meses que vienen

El mundo aún no se recupera de los atentados terroristas del 11 de septiembre y las consecuencias de este nuevo tipo de barbarie sobre la economía global siguen siendo una incógnita. Los primeros efectos se han sentido en el freno al consumo de los hogares de Estados Unidos y en la reorientación de las inversiones hacia activos sin riesgo, como el oro y los bonos del Tesoro. Ambas reacciones resultan bastante obvias, si se tiene en cuenta la magnitud del golpe que sufrió la confianza de los estadounidenses en su propio país. Los meses que vienen no serán fáciles en ningún país del mundo. El temor, la incertidumbre y la desconfianza serán las notas preponderantes. Pasará mucho tiempo antes de que el mundo vuelva a sentirse tranquilo y retome el curso normal de los negocios.



Los acontecimientos cogen a Colombia en un momento de gran vulnerabilidad. La tarea en materia económica está a mitad de camino y a este gobierno le queda muy poco tiempo para actuar. Los efectos de los atentados sobre el consumo y la inversión mundiales le restarán grados de libertad al gobierno, pues reducirán los flujos de recursos hacia Colombia por debajo de lo que se preveía hace unos meses. No solo los ingresos por exportaciones serán menores, sino también los flujos de financiamiento externo y los de inversión privada. Desapareció cualquier espacio que pudiera haber existido para seguir posponiendo el ajuste fiscal y las reformas estructurales necesarias para garantizar las sostenibilidad fiscal.



El gobierno acaba de presentar al Congreso la reforma a la Ley 60, tanto para establecer la manera como se distribuirán los recursos del Sistema General de Preferencias (SGP) a partir del año 2002, como para fijar los criterios que garantizarán que los recursos para educación y salud lleguen a quien verdaderamente los necesita. En materia fiscal, lo esencial es que se logre sacar adelante el segundo de estos dos puntos. También presentó la ley del mercado de capitales, mediante la cual busca estimular la inversión privada. Ambas iniciativas son excelentes, pero ante la magnitud del atraso en el ajuste fiscal y los problemas que se perfilan para la consecución de los recursos externos, ellas no son, ni mucho menos, suficientes. En el poco tiempo que le queda, el gobierno debería decidirse a dejar la casa en orden (página 24). Esto implica dejar de gastar y lograr el compromiso de todos los involucrados para sacar adelante unas reformas laboral y pensional exitosas que verdaderamente les sirvan a los colombianos.



Por fuera del ámbito fiscal, una de las herencias más sólidas que puede dejar esta administración es un esquema de desarrollo para pequeñas y medianas empresas, pyme (página 32). La tarea realizada hasta ahora es sobresaliente. El programa Expopyme es un ejemplo en América Latina, la Ley Mipyme es un avance sustancial y el Fondo Nacional de Garantías está comenzando a romper la reticencia del sistema financiero a prestar. Hace falta ahora la prueba mayor: consolidar un sistema que tenga dinámica propia y no dependa de los cambios de opinión de los gobiernos siguientes. La clave para hacerlo es la descentralización del proceso. La base está sembrada, pues Expopyme ha despertado un enorme entusiasmo en las ciudades. Si el gobierno consigue transferir la administración de Expopyme a los líderes locales y descentraliza el manejo de los demás instrumentos, habrá gestado una infraestructura poderosa para el despegue de las pyme. Si tenemos esa infraestructura funcionando a plena marcha cuando la economía mundial se recupere, Colombia estaría muy bien ubicada para obtener grandes beneficios en una futura recuperación de la economía mundial.
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