Opinión

  • | 2012/02/28 18:00

    Las nuevas peleas por la tierra

    Las consultas previas, la dispendiosa adquisición de predios para obras de infraestructura y las invasiones a proyectos hidroeléctricos, muestran una faceta más sofisticada de conflictos por el territorio.

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Los colombianos no han digerido todavía el histórico proceso de restitución de tierras y ya parece que se está abriendo otro capítulo en la novela de problemas por el uso del territorio. Se trata de un nuevo estadio de conflictos, más sofisticados, que derivan en pleitos jurídicos, sociales y económicos; un tema al que hay que ponerle mucho cuidado para solucionarlo e impedir un desmadre en el futuro próximo.

Hay muchos botones de muestra. Proyectos de generación hidroeléctrica, como Porce IV y Quimbo, han presentado muchas dificultades con las comunidades de la región, a tal punto que la construcción del primero fue suspendida por el desplazamiento hacia la zona de más de 15.000 personas, cuando el censo inicial sobre los habitantes afectados por las obras era de 2.000. El tema ya va en una sanción para EPM, y muy probablemente terminará en un lío en los estrados judiciales.

Otro caso es el de obras de infraestructura –como dobles calzadas– que están frenadas porque no ha sido posible negociar predios con quienes tienen propiedades a lo largo de los trazados. Esto explica que haya parches, como el de la carretera Bogotá-Girardot, donde cada dos kilómetros se arman embudos porque una doble calzada se convierte en una vía sencilla. La misma problemática se presenta en las ciudades y, particularmente, en los sistemas de transporte masivo, que a veces quedan bloqueados porque los propietarios de un predio no llegan a un acuerdo con el municipio.

El fenómeno se extiende a las consultas previas con las comunidades afrodescendientes y aborígenes. Así ocurrió con el trámite del Código de Minas en el Congreso, que estaba programado para este primer semestre. El Gobierno postergó su presentación porque el proyecto necesitaba consulta previa. Aplazar la aprobación del nuevo Código Minero significa que no habrá mayores facultades para regular el sector en un momento clave para su desarrollo. Por ejemplo, bajo el esquema actual, el Ejecutivo no puede revocar los títulos a quienes no estén haciendo inversiones, no paguen los cánones ni muestren suficiencia económica, modificación que está contemplada en la nueva norma. También le estaría quitando herramientas para atacar la minería ilegal, como destruir en el sitio la maquinaria que se esté usando para estos fines.

Todos estos ingredientes revelan un diagnóstico preocupante, al que nadie parece prestarle atención. Lo más dramático es que esta tendencia de mayores conflictos va a seguir creciendo, pues habrá nuevos proyectos en desarrollo en muchas regiones del país, que tocarán a comunidades de todo tipo. Es claro que algo está pasando; el fenómeno merece un estudio detallado y una estrategia integral de manejo por parte de las autoridades.

En primera instancia, el Estado tiene que brindar herramientas más ágiles para que esta clase de dificultades se tramiten con eficiencia. Es el caso de las consultas previas, mecanismo que garantiza el derecho fundamental de los grupos indígenas a que se les pregunte por los proyectos que afectan sus territorios. Ahora mismo, las consultas se están convirtiendo en una talanquera para las iniciativas, a veces por desconocimiento de la norma por parte de los empresarios que desarrollan obras y, otras, por la actitud de las comunidades.

Igualmente, el Gobierno está en mora de ajustar el esquema de expropiación por vía administrativa para hacerse a los predios necesarios, uno de los embudos del desarrollo de la infraestructura en el país. No es posible que por un terreno de una hectárea se demore la construcción de una obra que beneficia a millones de ciudadanos.

El tema más sensible es cómo enfrentar los problemas de orden público originados por las invasiones. Aquí el Gobierno no se puede equivocar. Una estrategia de seguridad en este sentido no se fundamenta en deslegitimar las aspiraciones de los pobladores afectados y utilizar una estrategia de tierra arrasada, pero tampoco se puede permitir que los proyectos se demoren injustificadamente, cuando intereses oscuros estén detrás de las movilizaciones.

Las dificultades de una política en este sentido son muchas, especialmente la de mantener el equilibrio, para impedir abusos contra las comunidades e impactos en el desarrollo de la infraestructura. Por eso, nadie puede mirar el tema en blanco y negro. Están en juego muchas cosas: la seguridad de las personas afectadas por los proyectos y el futuro de sectores importantes como la minería y la infraestructura. Un asunto con el que no se puede jugar.

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