| 12/10/2004 12:00:00 AM

La reforma que no fue

Debido al impacto favorable de la revaluación sobre el servicio de deuda pública y al poco ambiente en el Congreso, el gobierno retiró el proyecto de reforma tributaria.

Cuando en 2003 fue aprobada la reforma tributaria, después de un gran desgaste político, a todos les quedó clara la inconveniencia de seguir con la práctica de presentar reformas cada año. Se acordó la sensata recomendación de presentar un proyecto para reestructurar el sistema tributario colombiano.

No obstante, este propósito tan loable no tuvo eco entre la clase política, a la hora de las decisiones. El gobierno, ante la necesidad de encontrar los recursos para financiar el presupuesto de 2005, decidió presentar en el segundo semestre del año un nuevo proyecto de reforma tributaria.

La justificación que presentó el gobierno fue la misma de todos los proyectos anteriores, es decir, defendió la reforma como un acto esencial para perfeccionar el sistema tributario. Nada más alejado de la realidad. El objetivo es, como en todas las reformas, puramente alcabalero y no importan los impactos sobre la economía ni sobre los colombianos. De hecho, lo único que los gobiernos han logrado con esta práctica de reformas anuales es convertir el régimen tributario en una colcha de retazos con innumerables problemas técnicos, de inequidad, injusticia e ineficiencia.

No sorprendente que en Colombia haya actualmente una tarifa general del IVA de 16%, pero que aparezcan en el Estatuto Tributario catorce tarifas adicionales, que oscilan entre el 2% y el 45%. Tampoco sorprende que se haya establecido el impuesto a las transacciones financieras, considerado internacionalmente como el más antitécnico de todos los impuestos; ni que, más recientemente, se haya establecido un impuesto al patrimonio que va directamente contra la inversión, ese activo del que no se puede prescindir cuando se busca el crecimiento económico.

El proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno tenía como propósito recaudar $1,8 billones en 2005, esencialmente con el establecimiento de un IVA de 3% para los bienes exentos y excluidos, el impuesto a las pensiones y la ampliación del impuesto al patrimonio, mediante la incorporación de nuevos contribuyentes (esto exigía reducir el valor mínimo sobre el cual se empieza a recaudar ese impuesto).

El proyecto nunca fue bien recibido por el Congreso. Por el contrario, ha sido objeto de varias modificaciones, a tal punto que si la versión actual hubiera sido aprobada, se recaudarían solamente entre $600.000 y $700.000 millones. Este resultado sería bastante absurdo, si se tiene en cuenta la pretensión del Ejecutivo en el punto de partida.

El gobierno, sin embargo, no parece estar muy preocupado. Mientras todo esto pasaba, la revaluación se encargó de hacerle el milagrito, al permitirle un ahorro en el servicio de la deuda, lo cual, sumado a los mayores recaudos y a una mejor gestión de la DIAN, hizo que perdiera interés en la reforma.

Que esto haya pasado es afortunado, sobre todo cuando se insistía en atacar la inversión con el impuesto al patrimonio.

Deberíamos aprovechar este respiro para volver a la realidad. Los malos resultados de la economía en el tercer trimestre son reflejo de la debilidad de las fuentes internas de crecimiento, que son la inversión y el consumo. Estos dos pilares de una economía sana deberían ser tenidos en cuenta cuando se diseñen reformas tributarias que atenten contra sus posibilidades de expansión.

Con la reelección aprobada, el presidente Uribe y su equipo deberían jugársela para lograr una reforma estructural del régimen tributario, que se ajuste realmente a los deberes y obligaciones del Estado y de los ciudadanos colombianos que quedaron plasmados en la Constitución de 1991.

Los mercados internacionales de capital aún nos creen, pero si no hacemos una reforma seria y perdurable, llegará el día en que le cierren las puertas al gobierno. Si hoy estamos exasperados con la revaluación, un cierre de los mercados nos haría llorar realmente, por el motivo opuesto.
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